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El mismo día que el caso contra el expresidente Álvaro Uribe pasó a la Fiscalía, el jefe de esa entidad, Francisco Barbosa, se lo asignó al tercer fiscal de más alto rango en sus filas: el coordinador de delegados ante la Corte Suprema, Gabriel Jaimes. Así, el curtido funcionario judicial, cuya carrera se potenció de la mano del exprocurador Alejandro Ordóñez, tomó las riendas del proceso que había iniciado la Sala de Instrucción y que había entrado en un limbo jurídico tras la renuncia de Uribe al Senado. Este viernes 5 de marzo, anunció que pedirá la preclusión. Estas son las demás decisiones que tomó en los seis meses que estuvo el frente de la investigación.
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1. No se apartó del caso
Desde que el expediente aterrizó en la Fiscalía, el senador Iván Cepeda, acreditado como víctima, advirtió que temía la falta de garantías de imparcialidad -lo mismo que alegó Álvaro Uribe con respecto a la Corte Suprema-. Recusó al fiscal general Barbosa, a la vicefiscal, Martha Mancera, y, en un segundo recurso, a Jaimes. La primera recusación, en la que Cepeda incluso pedía un fiscal ‘ad hoc’, se la negó la Corte Suprema, porque Barbosa no incurría en ninguna de las causales de impedimento. En el último, Jaimes decidió no apartarse de la investigación por la misma razón.
2. Quería que el proceso empezara de ceros
Tan pronto la investigación contra Uribe estuvo en manos de Jaimes, la defensa de Álvaro Uribe le hizo llegar un recurso pidiendo su libertad, pues bajo el régimen penal que se adelantaba el proceso en la Corte (ley 600) son los fiscales quienes resuelven ese tipo de solicitudes. No obstante, el fiscal consideró que, como Uribe ya no era senador y los hechos por los que estaba siendo investigado eran posteriores a la creación del Sistema Penal Acusatorio, era un juez de garantías el competente para decidir esa petición.
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Allí, Jaimes pidió que no se equiparara la indagatoria que había rendido Uribe en la Corte en octubre de 2019 con una imputación de cargos. Este detalle, que parece una leguleyada, era fundamental, pues definiría en qué fase quedaba el proceso y cuál tendría que ser el paso siguiente de la Fiscalía. La jueza de garantías que revisó la solicitud en primera instancia le dio la razón a Jaimes, pero un juez superior tumbó su decisión, dejando al expresidente en calidad de imputado. Luego la defensa de Uribe entuteló y el fiscal se sumó al recurso, pidiendo devolver el proceso a ceros para “evitar futuras nulidades”, pero hace unas semanas desistieron.
3. Repitió trabajo de la Corte
Desde noviembre de 2020, cuando el juez de segunda instancia dijo que Uribe sí estaba imputado y que a la Fiscalía le correspondía decidir si llamaba a juicio al expresidente o si pedía preclusión, Jaimes comenzó a recopilar evidencias. Como contó El Espectador, varias de esas pruebas ya las había recaudado el magistrado César Reyes cuando el caso esta en la Corte Suprema. Entre las evidencias repetidas están, por ejemplo, diligencias de inspección a los expediente del Bloque Metro en la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Medellín; así como a los procesos contra Luis Alberto y Juan Guillermo Villegas Uribe y Santiago Gallón, fundadores de la convivir El Cóndor y señalados de crear, junto a los Uribe, el Bloque Metro.
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Asimismo, Jaimes citó a declarar una veintena de testigos, la mayoría de los cuales ya habían declarado en la Corte Suprema. Entre ellos, están el representante a la Cámara, Álvaro Hernán Prada; otro abogado de Uribe, Jaime Lombana; la asesora política Vicky Jaramillo; la exfiscal Hilda Niño, un puñado de exparamilitares, así como Juan Guillermo Monsalve, su exesposa, Deyanira Gómez; su exabogado, Héctor Romero Agudelo, y su excompañero de patio, señalado de participar de las presiones para que el testigo Monsalve se retractara, Enrique Pardo Hasche.
4. Comenzó a escarbar en Monsalve
El llamado “testigo estrella” del caso, Juan Guillermo Monsalve, se negó a declarar ante la Fiscalía. Se trata del hijo del mayordomo de la hacienda Guacharacas, antigua propiedad de los Uribe, quien asegura que el expresidente promovió el surgimiento del Bloque Metro y que ese grupo paramilitar se fundó en ese predio. Fue Monsalve, también, quien denunció presiones de personas cercanas a Uribe para cambiar su versión, según le dijo a la Corte en febrero de 2018. El fiscal Jaimes, por su parte, ordenó varias pruebas que parecían tener como fin investigarlo.
Por un lado, pidió investigar cómo hizo Monsalve para entrar un reloj grabadora con el que registró una visita que le hizo Cadena a la cárcel La Picota, en Bogotá, en febrero de 2018. Asimismo, pidió acceso a siete SIM cards, un celular y un computador que le decomisaron al testigo en la cárcel, y les pidió a las empresas de telefonía, con previa autorización de un juez, que le informaran con qué números se comunicó. Y, además, estaba buscando establecer si es cierto que al testigo lo iban a trasladar de cárcel en 2017 como castigo y qué frenó esa decisión en su momento, ya que Monsalve le dijo a la Corte que fue el senador Iván Cepeda quien frenó ese traslado.
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5. Recibió amenazas
Mientras se aprestaba a decidir si acusaba o pedía preclusión de la investigación contra Uribe, el fiscal Gabriel Jaimes recibió amenazas, según dio a conocer el propio fiscal general Francisco Barbosa. “Quiero decirles a los colombianos que no vamos a permitir que se pretenda alterar el curso normal y objetivo de la justicia, a través de amenazas, intimidaciones o presiones de cualquier tipo contra la acción constitucional y legal que lidera la Fiscalía”, dijo Barbosa cuando reveló este asunto. El ente investigador, desde entonces, abrió un proceso para esclarecer estos hostigamientos.
¿Quién es Gabriel Jaimes?
Se trata de un funcionario de vieja data en la rama judicial: entró a trabajar en la Fiscalía en 1994 y desde allí forjó gran parte de su carrera, hasta que volvió el año pasado cuando el fiscal Francisco Barbosa le dio el tercer cargo de más alto rango, a pesar de tener una indagación preliminar que lleva un fiscal que hoy es su subordinado. Estuvo en una dirección de fiscalías de Boyacá y en la Unidad Anticorrupción del ente investigador. En abril de 2008 pasó al Consejo de Estado como auxiliar del entonces magistrado Alejandro Ordóñez, quien luego fue procurador general y hoy es el embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA).
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Cuando Ordóñez se fue a la Procuraduría en 2009, se llevó consigo a Jaimes y lo designó como agente del Ministerio Público para asuntos penales y luego como director de investigaciones especiales, que es la policía judicial de esa entidad. Fue por esos días que, en un documento, el ahora fiscal del caso Uribe habría inducido al error al general (r) Ricardo Gómez Nieto, excomandante del Ejército, quien en ese momento dirigía el Hospital Militar. El alto oficial le envió un oficio en mayo de 2010 preguntándole si podía contratar con una persona en específico, y Gabriel Jaimes le respondió positivamente: “Avalo la contratación con esta entidad”.
“La pregunta que surge de inmediato es, si para ese momento ya se contaba con el certificado de antecedentes expedido por la Procuraduría, ¿para qué se requería un aval? ¿Acaso no bastaba con la información obtenida de una entidad oficial, que desde el punto de vista constitucional y legal se encuentra facultada para ejercer esa función? De la misma manera, surge otro cuestionamiento: ¿por qué se dirigió a un funcionario específico (Jaimes Durán) quien no ostentaba funciones disciplinarias?”, cuestionó la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia en el proceso.