Los pendientes de Colombia en el desminado humanitario

Aunque las organizaciones encargadas de desminado resaltan que se ha avanzado en el proceso, aseguran que es necesario una mayor presencia del Estado donde hay minas antipersonales para cumplir con la meta de que Colombia esté libre de sospecha de tales artefactos.

En Colombia, hay 11.718 víctimas de minas. La mayoría de los casos se han presentado en Antioquia, Nariño, Meta, Cauca y Norte de Santander.Archivo.

Este jueves se conmemora, como desde hace años, el Día Internacional contra las Minas Antipersona. Una fecha que, en Colombia, se recuerda con el aumento que hubo durante el último año en el número de víctimas fue del 300 %, en comparación con las cifras de 2017, de acuerdo con cifras de la Campaña Internacional por la Prohibición de las Minas Antipersonales. Aun así, en el país se mantienen los esfuerzos por cumplir con la meta de que no haya ninguna zona con estos artefactos.

Aunque distintas organizaciones han alertado que la meta de que el país no cumplirá con la meta de que Colombia esté libre de sospecha de minas para 2021, el Gobierno ha continuado con el trabajo. En ese sentido, al día de hoy ya son 346 los municipios libres de sospecha de los 693 municipios en los que se ha registrado que hay estos artefactos, es decir, cerca de la mitad. Además, el número de víctimas también ha disminuido ostensiblemente en los últimos años.

(Lea aquí: Número de víctimas por minas antipersona en Colombia aumentó un 300% en 2018).

De acuerdo con Descontamina Colombia, la entidad estatal que se encarga del desminado humanitario y que pertenece a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, hay, en total, 11.718 víctimas de minas, la mayoría de ellas, concentradas en cinco departamentos: Antioquia, Nariño, Meta, Cauca y Norte de Santander. El año más crítico, según las estadísticas, fue 2006 cuando hubo 1.228, pero, desde entonces, el número ha bajado, incluso con el aumento que se presentó de 2017 a 2018. En los primeros dos meses de 2019, según las cifras oficiales, se habían presentado 24 víctimas.

Para avanzar en esta tarea, hay, de acuerdo a Descontamina Colombia, diez organizaciones encargadas del desminado humanitario, dos estatales y el resto, civiles: la Brigada de Ingenieros de Desminado Humanitario, la Agrupación de Explosivos y Desminado de Infantería de Marina, The HALO Trust, Humanity & Inclusion (antes Handicap International), Ayuda Popular de Noruega (ANP), la Campaña Colombiana Contra Minas (CCCM), la Asociación Colombiana de Técnicos y Expertos en Explosivos e Investigadores de Incendios, Perigeo NGO, Danish Demining Group y Polus Center.

El Espectador habló con dos de estas organizaciones (Humanity & Inclusion y la Campaña Colombiana Contra Minas) para conocer sobre el trabajo que realizan. Los voceros de ambas instituciones coincidieron que, aunque aún hay trabajo pendiente por hacer en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el reconocimiento total de los derechos de las víctimas de minas, es evidente que en los últimos años ha mejorado el contexto y se ha dado más interlocución a quienes han quedado heridos o a los familiares de los fallecidos para buscar soluciones.

(También: “El compromiso de desminar a Colombia se ratifica”: Ejercito Nacional).

En ese sentido, Johana Huertas, coordinadora operacional de Humanity & Inclusion —que se encarga, principalmente, de la asistencia a las víctimas—, explicó a este medio que “uno de los cambios principales es que las víctimas, a partir del trabajo de organizaciones como nosotros, se han empoderado para conocer sus derechos y participar. Otro avance importante es que, si bien el acceso a los derechos se ha ampliado, sigue siendo un desafío el acceso real, porque hay muchas trabas, mucho papeleo, y de ahí la importancia de seguirlos apoyando jurídicamente”.

Sobre este apoyo, Huertas señaló que muchas veces consiste en orientar a las personas para que sepan cuáles son sus derechos como víctimas. “Si, por ejemplo, la víctima requiere de un proceso de rehabilitación, la mayoría de las personas provienen de áreas rurales y no tienen recursos para asistir a los centros especializados, entonces nosotros cubrimos el transporte, el alojamiento, la alimentación para que puedan llegar a ese centro de rehabilitación”, puntualizó.

Lo dicho por Huertas fue complementado por Gregory Le Blanc, director de la misma organización. Cuando Humanity & Inclusion inició operaciones en 2005, relató Le Blanc, tenían presencia en dos departamentos: Antioquia y Bolívar, ahora se encuentran en 15 municipios repartidos en Nariño, Cauca, Meta y Caquetá. Algo que fue posible, según él, gracias a que se permitió que organizaciones sociales participaran directamente en este trabajo, y que no fueran solo responsabilidad del Estado.

(Le puede interesar: Colombia busca ser ejemplo en desminado humanitario).

El desminado tomó una nueva fuerza a partir del momento en el que entraron otros operadores civiles, y no solamente el Ejército, para apoyar a Colombia en el desminado del territorio, en áreas que son muy grandes. Hay, en algunas zonas, una "preferencia" hacia el operador humanitario, por contextos que son muy específicos. Nosotros, como organización, tenemos facilidad de ganar la confianza de los habitantes de ciertos territorios”, señaló Le Blanc.

Otro aspecto importante en el proceso de desminado fue el hecho por el mismo Estado. Álvaro Jiménez, director de la Campaña Colombiana Contra Minas (CCCM), dijo a El Espectador que, cuando Colombia empezó a aplicar la Convención de Ottawa en 2001, una de las primeras tareas que tuvo que hacer fue desinstalar las minas que tenía el Ejército, no solo como armamento, sino como una barrera de protección de bases militares en todo el país y que se convertían en un evidente factor de riesgo. También, se encargó de la creación de una arquitectura institucional para la tarea de desminado.

El avance también se vio beneficiado por el acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc en 2016, de acuerdo con Jiménez. “Por el conflicto armado, no se pudo avanzar en el desminado humanitario, pero una vez se suscribieron los acuerdos con las Farc logramos ingresar a zonas donde antes no era posible. En municipios como Puerto Asís, Puerto Guzmán, Puerto Leguizamo, San Miguel, pudimos trabajar gracias a ese acuerdo, no solo los operadores civiles, sino también la Brigada de Desminado Humanitario”.

(Además: Así va el desminado en Colombia).

Aun así, es crítico en que hay regiones donde, por la falta de presencia institucional, se dificulta el trabajo del desminado humanitario. Un ejemplo de ello ocurrió hace o en la región del Bajo y Medio Atrato (en Chocó), donde los pobladores denunciaron que estaban confinados por cuenta de las minas que habían plantado el Eln y el Clan del Golfo. “Seguimos teniendo regiones donde no hay una presencia institucional del territorio, sino que son zonas donde el que tiene la pistola más grande, es el que manda. El desminado humanitario es para proteger a la comunidad, no para ponerla en riesgo”, aseveró Jiménez.

Así, pues, resulta evidente que todavía hay pendientes con el desminado humanitario en el país, como la garantía total a los afectados por estos artefactos o la presencia estatal para garantizar la seguridad, no solo de las comunidades en los territorios, sino de las organizaciones responsables del desminado. Pero lo que sí es cierto es que el panorama no es tan crítico como hace poco más de una década, cuando las víctimas se contaban por miles.

 

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Redacción Judicial

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Los pendientes de Colombia en el desminado humanitario

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