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Los pendientes del general (r) Santoyo con la justicia en Colombia

A finales de este mes, Mauricio Santoyo será deportado a Colombia después de su extradición a Estados Unidos en 2012. El hombre, que llegó a ser jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe Vélez, no podrá alejarse de los estrados judiciales tras su llegada.

El general (r) Santoyo pagó 8 años de cárcel en Estados Unidos por sus nexos con el narcotráfico.  / Felipe Caicedo - El Tiempo
El exoficial estuvo casi 8 años en la cárcel en Estados Unidos por nexos con el narcotráfico. Felipe Caicedo - El Tiempo

Mauricio Santoyo, general retirado de la Policía, se apresta a regresar a Colombia. A pesar de sus intentos por quedarse en el país norteamericano, es claro que después de haber purgado una condena de más de ocho años en Estados Unidos, por colaboración con grupos paramilitares, será deportado al país. Una vez regrese, a este exoficial, que llegó a ser uno de los hombres más importantes de la seguridad nacional en la era de Álvaro Uribe, lo esperan las autoridades para que ayude a aclarar varios capítulos impunes en el departamento de Antioquia.

.:General (r) Mauricio Santoyo será deportado a Colombia:.

Mauricio Santoyo estuvo en las filas de la Policía durante tres décadas. Pero sus líos comenzaron entre 1997 y 1999, cuando fungió como jefe del Gaula de la Policía de Medellín. Durante esos años, según lo documentó la Fiscalía, falsificó varias órdenes de fiscales para interceptar comunicaciones a distintas organizaciones sociales. Luego de su paso por el Gaula, el hoy senador Álvaro Uribe Vélez le encargó la seguridad de su campaña electoral y, cuando fue elegido presidente, en el año 2002, se lo llevó a la Casa de Nariño, donde además lo nombró jefe de seguridad.

No obstante, en 2012, una corte del estado de Virginia, en Estados Unidos, solicitó su extradición por narcotráfico. De acuerdo con los testimonios de distintos exjefes paramilitares, como Juan Carlos el Tuso Sierra, Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, y Salvatore Mancuso, el exoficial Santoyo fue activo cooperante de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). Dos días después de que se conociera esta noticia, el expresidente Uribe Vélez le exigió que aclarara su vinculación en el caso y que le dijera al país si realmente había colaborado con las Auc y con la Oficina de Envigado durante sus años en el Gaula.

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El fiscal Neil H. MacBride —quien llevó judicialmente el caso— acopió nuevas pruebas contra el exjefe de seguridad de Uribe. Entre ellas, declaraciones de Carlos Mario Aguilar, alias Rogelio, uno de los cabecillas de la Oficina de Envigado, que se entregó a la DEA en Argentina y luego fue extraditado a Estados Unidos. También fungió como testigo contra Santoyo el exagente de Policía Francisco Flórez Upegui, alias Don Pacho. Ambos confirmaron que Santoyo les prestó “servicios” como ayudar a evitar el cerco de las autoridades; es decir, que utilizó su alto rango en la Policía para garantizar que el paramilitarismo se moviera a sus anchas.

Más allá de este tema que interesa más a Colombia, la Fiscalía estadounidense lo acusó de tener nexos con el narcotráfico. Por tal motivo fue condenado a 13 años de prisión. “Reconozco que me equivoqué, que cometí errores. Estoy arrepentido y respondo por ellos. Le pido perdón a mi familia por la difícil situación que están viviendo”, aseguró en su momento el general en retiro, luego de aceptar cargos. Su condena fue de siete años y ocho meses, gracias a que Santoyo firmó un acuerdo de colaboración del que, hay que decirlo, no trascendieron mayores detalles.

No obstante, los líos de Mauricio Santoyo van más allá de los señalamientos en Washington. La primera señal la dio la Procuraduría, que lo destituyó en 2003, tras demostrar que mientras estuvo en el Gaula ordenó cerca de 2.000 interceptaciones ilegales en la capital antioqueña. El general en retiro apeló la decisión del Ministerio Público y el Consejo de Estado le dio la razón en 2006. No solo reversó la suspensión en su contra, sino que lo restituyó en la Fuerza Pública. En próximos días, la sala plena de esta corporación judicial deberá pronunciarse de fondo sobre la legalidad de la sanción disciplinaria.

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Lo cierto es que, en su momento, la decisión del Consejo de Estado permitió a Santoyo continuar con su ascendente carrera. Incluso, el Congreso lo nombró general en el año 2007, grado que ostentó hasta 2009, cuando anunció su retiro de la Policía. Su extradición a Estados Unidos se concretó tres años después de su retiro y una década después de haber oficiado como jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Según el expediente de la Procuraduría, entre las víctimas de las chuzadas, cuando estaba al frente del Gaula en Medellín, hubo miembros de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes). Desde el 6 de octubre de 2000 no se tiene noticia de dos miembros de esa organización. Ese día, Ángel José Quintero declaró en la Fiscalía de Medellín sobre la desaparición de miembros de su familia y, horas después, hacia las diez de la noche, tanto Quintero como Claudia Patricia Monsalve fueron retenidos por hombres armados en el centro de la capital antioqueña. Desde entonces, nada se sabe de su paradero.

En 2012, la Fiscalía solicitó a las autoridades norteamericanas que le enviaran copias del acuerdo al que llegaron con Santoyo, para establecer su rol en esta desaparición; sin embargo, nunca ocurrió. Un año después, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia consideró que existían evidencias suficientes y citó a indagatoria al general en retiro. Como Santoyo estaba en Estados Unidos, la diligencia nunca tuvo lugar. Se espera que, con su llegada a Colombia, las autoridades resuelvan su situación jurídica en este y otros casos.

La directora de Asfaddes, Gloria Gómez, manifestó a El Espectador: “Vamos a seguir exigiendo que el exgeneral Mauricio Santoyo nos diga dónde están nuestros compañeros. No vamos a renunciar al derecho a la justicia y a la reparación por los daños causados”. No obstante, Gómez aseguró que la investigación no avanza y que, de manera incomprensible, la Fiscalía decidió acumular los procesos por la desaparición de los dirigentes de Asfaddes con otros casos de asesinatos y desapariciones de miembros de la Unión Patriótica, partido al que ni Ángel José Quintero ni Claudia Patricia Monsalve pertenecieron.

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A Santoyo le espera otro tema crítico. El caso de la presunta desviación de las pesquisas judiciales por el asesinato del periodista Jaime Garzón, ocurrido en agosto de 1999. En 2016, la Fiscalía aseguró que Santoyo promovió el secuestro de dos sicarios del caso Garzón para entregárselos a Diego Murillo Bejarano, alias Don Berna, y así evitar que hablaran. Es decir, ayudó a la desaparición de dos fichas claves en el entramado del crimen, pues en su momento el DAS concertó capturas de personas que nada tuvieron que ver. Alfredo Garzón, hermano del periodista, le dijo a El Espectador: “Después de tantas desilusiones, lo único que tengo es la esperanza de que haya diligencia por parte de la Fiscalía y aseguren que dé esa declaración y que, si hay mérito, lo vinculen a la investigación”.

Además, Santoyo tendrá que aclarar si es cierto, como lo han advertido algunas autoridades, que colaboró en el asesinato de Mario Calderón y Elsa Alvarado, investigadores del Cinep, asesinados en mayo de 1996 en Bogotá; en el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, ocurrido en Medelín en febrero de 1998, y del abogado penalista Eduardo Umaña Mendoza, realizado en abril de 1998 en su propia oficina en Bogotá. Según el jefe paramilitar, alias Don Berna, el aporte de Mauricio Santoyo para la comisión de estos delitos fue la interceptación de las comunicaciones de las víctimas.

En síntesis, ya se sabe que Santoyo quedó en libertad y que busca un acuerdo con los norteamericanos para quedarse en suelo estadounidense, razón por las que las organizaciones sociales en Colombia ya están alertas. Por ejemplo, la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) denunció que los intentos de Santoyo por quedarse en Estados Unidos constituyen una estrategia para no responder en los procesos por los que es investigado en Colombia. Por eso, hizo un llamado “para que se investiguen y juzguen debidamente y con celeridad las conductas perpetradas en estos casos y se tomen las medidas para que no permanezcan en la impunidad”.