Los problemas de convivencia que terminaron en masacre

La hipótesis más fuerte para explicar el insólito asesinato de cuatro niños en Caquetá es que se debió a un problema entre vecinos. Siete denuncias por parte del padre de las víctimas y otros habitantes del sector demuestran el tenso ambiente que vivía la región.

Estos son los retratos hablados que divulgó la Fiscalía sobre los presuntos autores del crimen en Caquetá. / Fiscalía

Tras siete días de investigaciones, la Fiscalía construyó los retratos hablados de quienes serían los dos sicarios de Samuel (17 años), Juliana (14 años) y Laura (10 años), y Déiner (4 años), hijos y nieto de Jairo Vanegas, un hombre que durante los últimos años se vio envuelto en líos jurídicos por la disputa de un terreno de más de 100 hectáreas en la vereda Las Brisas, Florencia (Caquetá). “Los retratos fueron elaborados después de tomarles testimonio a testigos presenciales y al menor de 13 años (Pablo), quien sobrevivió a los hechos (…), por lo menos cinco testimonios de personas que notaron movimientos extraños de hombres que no pertenecían a la región, a la vereda Las Brisas”, precisó el vicefiscal Jorge Perdomo.

La Fiscalía agregó que tienen información de que los presuntos autores sí viven en Caquetá y que al lugar de los hechos llegaron en una moto de placa TUF-67C, que había sido robada en días pasados en el municipio de Acevedo (Huila). Muchas han sido las hipótesis que desde el pasado 4 de febrero se empezaron a tejer tras la masacre. Pero la que mayor relevancia ha tomado para las autoridades es la que indica que el asesinato de los menores se dio por una pelea por tierras. Alrededor de cinco familias viven en esa zona y, según la Fiscalía, están disputándose unos terrenos que son de reserva forestal, es decir, tierras baldías.

Jairo Vanegas, padre de las víctimas, ha sostenido que tiene documentos que soportarían que ese terreno —de más de 100 hectáreas— es de su propiedad y le costó $12 millones. Al parecer, la familia Vanegas Grimaldo estaba cobrándoles a sus vecinos por vivir en ese sector conocido como Los Túneles, a lo que ellos se negaron porque advirtieron que por ser tierras baldías no debían pagar por vivir ahí. Comenzaron en 2013 los líos jurídicos y entre las familias se denunciaron por supuestas amenazas, extorsiones, lesiones personales, daño al bien ajeno e invasión de tierras. La Fiscalía advirtió que existen informes de Medicina Legal y de investigadores que documentaron el tenso ambiente que se vivía en la vereda Las Brisas.

“Hemos identificado que en la Fiscalía se interpusieron siete denuncias recíprocas entre las familias que viven o habitan en esa zona donde sucedieron los hechos. Es decir, que se trata de problemas de convivencia. Una de las hipótesis que maneja la Fiscalía es que los móviles pueden tener algún tipo de relación con esas rencillas que se presentaban entre las diferentes familias que se disputaban las tierras, que según el informe, se tratan de tierras que son reserva forestal”, precisó el vicefiscal general. Todo comenzó el 2 mayo de 2013, cuando Victoria Grimaldo, madre y abuela de las víctimas, interpuso una denuncia contra un señor llamado Ricardo Tamayo por supuesta invasión de tierras.

En esa oportunidad la esposa de Jairo Vanegas dijo que Ricardo Tamayo, unos días antes, la había recibido con insultos, les intentó pegar a ella y a Juliana —una de las cuatro menores asesinadas— y le ocasionó lesiones en el hombro uno de sus yernos. Agregó que ella, tiempo atrás, había comprado el lote donde estaba viviendo Tamayo y que la Junta de Acción Comunal tenía certificación de ello. La Fiscalía empezó a realizar las pesquisas y un año más tarde, el 27 de mayo de 2014, le solicitó al comandante de la Policía de Florencia una especial protección para la familia Vanegas Grimaldo. Al parecer, esto jamás sucedió.

Sin embargo, antes de la solicitud de la Fiscalía, dos denuncias se presentaron contra Jairo Vanegas. La primera con fecha del 24 de diciembre de 2013, interpuesta por Silvio Martínez —el vecino que también fue denunciado por la familia Vanegas Grimaldo el pasado 29 de diciembre por intentar incendiarles su casa en dos oportunidades— por supuesto daño al bien ajeno. Un fiscal terminó por archivar este proceso el 29 de abril de 2014 por “falta de interés de la víctima”.

La segunda denuncia contra Jairo Vanegas fue por lesiones personales y la interpuso Dania Torres Artunduaga. El 26 de diciembre de 2013 la mujer les dijo a las autoridades que Vanegas llegó hasta su casa en Las Brisas en compañía de dos de sus hijos y un sobrino, e intentó “tumbarle” la vivienda a su primo Luis Albeiro Valencia. Además manifestó que cuando ella intentó defender a su familiar, Jairo Vanegas la hirió en el rostro con un arma cortopunzante. Dania Torres volvió a denunciar a Vanegas un año más tarde.

El 2 de diciembre de 2014 la mujer indicó que Jairo Vanegas le intentó dañar su casa después de que, junto con su familia, le tumbó la puerta y le rompió unas tejas de cinc. El 8 de enero de 2015 se realizó una audiencia de conciliación, la cual fracasó. Se ordenó entonces el inicio del proceso penal, la inspección al lugar de los hechos y realizar entrevistas. Ese informe judicial fue entregado el pasado 6 de febrero, dos días después de la masacre.

La última denuncia instaurada en 2014 fue la de Jairo Vanegas. El 29 de diciembre de ese año les aseguró a las autoridades que Silvio Martínez y su familia los tenían amenazados de muerte y que días antes habían intentado incendiarles la casa. Agregó que Ángel María Yucuma y su esposa Johana Bolaños —quienes viven en el predio junto a Silvio Martínez— le advirtieron que le habían enviado a la guerrilla fotos de él y de sus hijos. Finalmente, Vanegas señaló que si algo le llegaba a suceder, responsabilizaba a estas tres personas.

En 2015 no pararon las denuncias. Dania Torres fue hasta las autoridades el pasado 15 de enero y arremetió contra dos de los menores asesinados, Juliana y Samuel, pero no especificó qué delitos cometieron. Todo terminó en un acta de conciliación entre las dos familias, en la que se comprometían a no agredirse verbal ni físicamente. El documento fue firmado el 21 de enero. Sin embargo, ese mismo día, otro de los protagonistas de la historia, Ángel Yucuma, denunció a Jairo Vanegas por extorsión.

La Fiscalía abrió entonces una noticia criminal. Yacuma había afirmado que Vanegas abordó a su esposa Johana y le exigió la suma de $5 millones para poder vivir en el predio en disputa y que de no pagar la asesinaría. El denunciante precisó que luego fue abordado por cinco personas, quienes le dieron un plazo de tres días para entregar la plata, pero que finalmente llegó a un acuerdo con Vanegas para pagarle $2 millones. Ante esta situación, el ente investigador intentó capturar en flagrancia al denunciado, pero el plan fracasó porque Vanegas no cumplió la cita. El Espectador intentó consultar en qué va el proceso, pero las pesquisas por el momento están suspendidas.

En entrevista con Caracol Noticias, Silvio Martínez, señalado por la familia Vanegas Grimaldo de estar detrás de la masacre, puntualizó en que él nada tiene que ver con el asesinato de los menores. “El que nada debe, nada teme”, dijo ante los micrófonos. Martínez afirmó que sí existían problemas con Jairo Vanegas por el tema del predio donde vivía, pero que esa era una situación que se repetía con otros vecinos del sector a quienes Vanegas también les pedía plata.

Aún no se ha establecido quién está detrás del macabro crimen. Los vecinos de la vereda Las Brisas tienen instrucciones de las autoridades de no moverse del sector. La Fiscalía también investiga si los problemas de convivencia que tuvo Jairo Vanegas mientras vivió en Milán (Caquetá) —de donde salió desplazado hace más de siete años— tienen algo que ver con los hechos. También se indaga si bandas criminales o la guerrilla puedan haber sido contratadas para cometer el crimen. Lo único cierto es que se perdieron las vidas de cuatro niños inocentes, quienes en medio de “denuncias recíprocas” terminaron asesinados sin razón alguna.
 

 

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