Por ejemplo, Yidis Medina

Los procesados que resultaron demandando al Estado

Miguel Nule quiere $1,5 billones por la persecución mediática y legal contra él y sus parientes. No es el único caso en que un condenado ha terminado enfrentándose con el Estado de esa manera.

Miguel Nule Velilla. / El Espectador

En más de una ocasión, personas condenadas por graves delitos terminan demandando al Estado y esperando recompensa, a pesar de que la justicia haya comprobado que con sus acciones afectaron seriamente a la sociedad. El caso de Miguel Nule, que se conoció este lunes, es uno de tantos.

Miguel Nule

El carrusel de la contratación tenía dos apellidos protagonistas: Moreno (Samuel e Iván, condenados ambos) y Nule (Miguel, Manuel y Guido, sentenciados igualmente). Este lunes, para sorpresa de varios, el periódico El Tiempo reveló que Miguel Nule demandó a la Fiscalía y a la Nación por el fallo en contra suya y de sus parientes, por el astronómico monto de $1,5 billones. La fase III de Transmilenio, precisamente la que la firma de los Nule no pudo terminar, costó mucho menos: $500.000 millones, precio que incluye el sobrecosto que generó la corrupción.

Los argumentos de Nule en su demanda son principalmente dos: el primero, que hubo un complot en su contra, desde lo legal y lo mediático, para afectar sus empresas y sacarlas, no sólo de la fase III de Transmilenio, sino también de la licitación de la Ruta del Sol 2, que terminó en manos de Odebrecht y sus socios. El segundo, que la Fiscalía incumplió los pactos de cooperación acordados con él, su hermano y su primo. Señala que, tras haber admitido confesar todos sus pecados, la Fiscalía de Eduardo Montealegre revocó su principio de oportunidad y usó la información que ellos mismos habían entregado para conseguir su condena.

Alessandro Corridori

Alessandro Corridori es un empresario italiano que terminó siendo uno de los protagonistas del descalabro financiero de Interbolsa. Está en juicio por los delitos de concierto para delinquir agravado, manipulación fraudulenta de especies, administración desleal y operaciones no autorizadas. Además, en abril del año pasado, la Superintendencia de Sociedades lo condenó a responder con su patrimonio por las deudas que tiene Invertácticas S.A., una de las empresas vinculadas al escándalo de Interbolsa. Corridori, en resumidas cuentas, es señalado de haber sido el cerebro de la idea de manipular las acciones de Fabricato para inflar su valor y así hacerse millonario a costa de un gran engaño financiero.

Aun así, Corridori no presentó una sino tres acciones legales contra el Estado, en busca de indemnización. Ante la justicia penal no aceptó los cargos imputados y ante la justicia administrativa reclamó que debía recibir $181.000 millones como reparación, argumentando que las entidades estatales de control financiero no habían protegido sus inversiones y que fue el Estado, no él, el responsable de la debacle de Interbolsa, en la cual se perdió casi $1 billón de cientos de inversores. El Consejo de Estado rechazó su demanda por extemporánea.

Yidis Medina

En 2008, ante la Corte Suprema de Justicia, la exrepresentante a la Cámara Yidis Medina aceptó haber “vendido” su voto a favor de la reelección presidencial —reforma constitucional que logró el Congreso en 2004, durante la presidencia de Álvaro Uribe—, a cambio de cuotas burocráticas. Cinco años después de su sentencia, Medina resultó demandando al Estado por $9.000 millones.

La demanda, sin embargo, no tenía que ver con su condena, pues ella misma había admitido ante sus jueces los delitos cometidos. Fue por las chuzadas del DAS, por la “vulneración a sus derechos fundamentales a ser protegido contra toda ilegal injerencia por parte del Estado”. Según Medina, ella fue una más de las víctimas de las interceptaciones y seguimientos ilegales del DAS, entidad que no sobrevivió a la tormenta política que se desató con las chuzadas y fue liquidada en 2011.

La “Mata Hari”

Alba Luz Flórez Gélvez pasó a la historia como la Mata Hari de las chuzadas del DAS: fue la funcionaria de esa policía secreta de la Presidencia que logró infiltrar la Corte Suprema y hasta grabar lo que se discutía reservadamente en salas plenas de esa corporación, justo para la época en que la Corte Suprema debatía los procesos de la parapolítica, incluido el de Mario Uribe, primo del presidente de ese momento, Álvaro Uribe, y quien resultó condenado.

Flórez Gélvez fue sancionada por la Procuraduría e inhabilitada para ocupar cargos públicos por 20 años. En el DAS fue declarada insubsistente, pues se encontró que ella y otros cuatro detectives habían actuado en la ilegalidad. Por cometer ilícitos desde el DAS también fueron condenados altos funcionarios, como Jorge Noguera, María del Pilar Hurtado y el exsecretario de la Presidencia de Uribe Bernardo Moreno. Mata Hari demandó al Estado por su despido y en 2014 logró ser reintegrada. Meses más tarde, el Consejo de Estado reversó esa decisión.