El precio de cumplir el deber

Los recuerdos amargos de una jueza exiliada

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Hace 32 años, la jueza Martha Lucía González dejó el país por graves amenazas a raíz de sus pesquisas por masacres. Nunca tuvo garantías de volver y hoy recuerda cómo fue su encuentro con el general Rafael Samudio Molina para hablar del tema.

“Yo íba pensando que el ministro me había llamado y quería hablar conmigo para ofrecerme su apoyo, para que continuara en la investigación y que saliera a la luz todo lo que estaba manchando al Ejército”. Quien habla es Martha Lucía González, una exjueza colombiana que lleva tres décadas exiliada en alguna ciudad del mundo, y que escasamente ha regresado dos veces al país por unos cuantos días en viajes relámpago por temas de familia.

La última vez que lo hizo fue en mayo de 2019 para no perderse el homenaje que se rindió a la memoria de su padre Álvaro González Santana, al cumplirse 30 años de su asesinato frente al Parque Nacional en Bogotá, un atardecer de mayo de 1989. Como no la pudieron matar porque aceptó un exilio diplomático en Indonesia, lo más lejos posible de sus persecutores, le quitaron la vida a su padre, ajeno e inerme ante la barbarie en ejercicio.

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Nada se borra de su mente sobre esos días de dolor y zozobra, que empezaron una tarde de marzo de 1988, cuando fue designada jueza de orden público. El gobierno de Virgilio Barco había expedido el Estatuto para la Defensa de la Democracia, un severo régimen penal para enfrentar el desafío de los grupos armados ilegales y la guerra sucia, y en la selección de diez jueces escogidos para enfrentarla, por méritos en la judicatura llegó Martha Lucía González.

En menos de 48 horas ya tenía su primera misión. En la madrugada del viernes 4 de marzo, un grupo de hombres armados con sus rostros cubiertos irrumpió en la hacienda Honduras, situada en Turbo, zona de Urabá, y asesinó a 17 trabajadores bananeros. Luego los victimarios se trasladaron a la finca vecina de La Negra y masacraron a tres personas más. A dos días de la primera elección popular de alcaldes, fueron masacrados veinte labriegos sindicalizados.

La jueza no necesitó mucho tiempo para atar los cabos sueltos. Además, con calcada faceta criminal, un mes después se perpetró una nueva masacre en la vereda Mejor Esquina, de Buenavista (Córdoba) con 36 trabajadores muertos. Los trazos de la verdad llevaban a un rosario de matanzas propiciado por el narcotráfico y el paramilitarismo, en connivencia con funcionarios y unidades militares y de Policía. Sin temblarle el pulso, expidió los autos de detención y ordenó las capturas que le dieron sus pruebas legales.

Entonces comenzó su pesadilla. El que se la cantó fue un abogado del proceso que le insinuó que ella era una mujer joven y que, como la leyenda de Ícaro, se le podían quemar las alas. Otro día se le acercó un litigante al que conocía y quien, sin disimulo, le planteó que ella podía recibir el dinero que pidiera y que sería consignado en cualquier país. A los sinuosos comentarios respondió dos veces con irónica sonrisa. Luego llegó a su casa un sufragio invitando a sus propias exequias.

Después fueron tres intentos de asesinato fallidos y la familia entró en pánico, el caso fue reportado a las autoridades y llegó hasta la Presidencia. La jueza fue protegida. “En ese momento yo seguía convencida de que el presidente, los generales, el Procurador, las cortes, todos me apoyaban en la lucha contra los malos”, recalca hoy. Y en las tensiones de esa amenaza abierta contra su vida fue informada de que el ministro de Defensa, Rafael Samudio Molina estaba interesado en escuchar las bases de sus graves imputaciones.

“Fui al ministerio pensando que el general Samudio me había llamado a ofrecerme su apoyo y que saliera a la luz lo que estaba manchando al Ejército y a la Policía. Pero mi sorpresa fue mayúscula cuando lo tuve frente a mi. Primero me hizo hablar y luego dijo que debía detener de inmediato las acciones contra los militares, pues él no iba a permitir que ninguna juez manchara el nombre del Ejército”, puntualiza, y reconoce que esa actitud intimidante la dejó sin palabras.

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Después agregó que finalmente todo el mundo tenía un talón de Alquiles”. Ella cuenta que sacó fuerzas y lo interrumpió: “No creo tener un talón de Aquiles. Lo que si tengo es mi conciencia limpia porque estoy trayendo al expediente pruebas recogidas de forma legal”. La exjueza asegura que el general le advirtió que podían investigar su carrera judicial porque todos tenían fallos, y que el Ejército estaba en capacidad de desconocer su autoridad como juez, la autoridad de todos los jueces juntos y la del presidente. Y que se lo contara a quien quisiera.

Martha Lucía González expresa que, con todo lo que sucedió después, sabe que lo peor ya pasó, y por eso ahora está dispuesta a ratificar lo que cuenta ante cualquier autoridad. Añade que salió del despacho del ministro Samudio directo a la Presidencia y le contó lo sucedido al asesor Rafael Pardo, “aunque no sé si él lo recuerde…”. Luego escuchó a su padre, quien le manifestó, que después de tanto cerco en su contra, salvaguardara su conciencia y dejara el caso. Así lo hizo, y por eso antes de partir de Colombia cumplió su deber.

Dejó firmados los autos de detención y las respectivas órdenes de captura en la investigación contra el entramado paramilitar detrás de las masacres. Una organización que se anidaba en Puerto Boyacá con la fachada de la Asociación de Ganaderos del Magdalena Medio, Acdegam, y que extendía sus tentáculos hasta los capos de la droga Pablo Escobar y Rodríguez Gacha y las autodefensas de Henry Pérez y Fidel Castaño. Todos en abierta complicidad con oficiales y suboficiales del Ejército y de la Policía y de funcionarios públicos.

Una nuez de paramilitarismo que en la primera semana de septiembre la sacó corriendo del país y la puso a reiventarse en Indonesia. El destino de blindaje donde ocho meses después recibió la noticia del asesinato de su padre el jueves 4 de mayo de 1989. Ese día, el eminente excongresista y exgobernador de Boyacá, Álvaro González, detuvo su vehículo en la calle 39 con séptima y, cuando esperaba el cambio del semáforo, un sicario le disparó frente a su esposa Consuelo Gutiérrez Chavarría. Sin garantías para asistir a las exequias, la jueza asumió el dolor desde su exilio sin honor.

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Un destierro que se escrituró de manera permanente porque dos meses después, el viernes 28 de julio de 1989, fue asesinada en Medellín la jueza tercera de orden público, María Helena Díaz, junto a sus dos escoltas. Semanas antes había confirmado los autos de detención y las órdenes de captura expedidas por la jueza Martha Lucía González. Era evidente que los autores de las masacres de 1988 en Córdoba y Urabá, y después en todo el país con el mismo sello asesino, tenían como objetivo ahogar en sangre cualquier intento de pesquisa en su contra.

Al final, como casi todos los procesos graves de esos tiempos, el expediente terminó en libertades, vencimientos de términos y absoluciones a favor de los miembros del Ejército y de la Policía y de los grandes capos Pablo Escobar y Rodríguez Gacha. Algunos líderes paramilitares y los sicarios fueron condenados a 20 años de prisión, en una sentencia que fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia. En los resúmenes de prensa, 1988 quedó signado en Colombia como el año de las masacres.

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En el sinsabor de esa avalancha de impunidad, desterrada del país, pero de pie ante sí misma, Martha Lucía González no pudo volver a Colombia, menos desde que la cancillería de la era Pastrana requirió su cargo diplomático. Ella había logrado su traslado a Europa y comenzaba a proyectarse en el servicio exterior, pero la sacaron sin consideración por su caso y su desempeño. Por interés en acomodar a alguien. Pocos estaban interesados en recordar su valentía y su sacrificio.

Desde entonces, lleva tres décadas en el viejo continente, reinventada junto a su familia en el trasegar de los hogares geriátricos. Las vueltas de la vida de una mujer que previno a Colombia de una barbarie que pudo haberse evitado, pero que además del asesinato de su padre como represalia de sus verdugos, fue cesada por el Estado en su misión diplomática y quedó a la deriva, en una época en la que sus victimarios ya obraban como colosos de la guerra. La Comisión Colombiana de Juristas cree que su caso debería ser evaluado por la Comisión Interamericana de DH y espera respuesta.

Ella aceptó, pero insiste que no busca reivindicar su nombre, pero si el de su ilustre padre, injustamente asesinado. Él fue también la razón de su breve retorno a Bogotá en mayo de 2019, a compartir recuerdos con quienes no olvidan su valiente historia. De ese reencuentro con su pasado, su familia y sus amigos, quedó el testimonio que aquí se cuenta. El relato es más largo, pero ahora que vuelve a hablarse del exterminio de la Unión Patriótica y de cómo el gobierno Barco y las Fuerzas Armadas pudieron o no actuar, ella aceptó que se conozca algo que cree debe saberse.

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