Las intervenciones se escucharon en la Corte Constitucional

Los reparos a la Ley de Amnistía

El Gobierno y varias organizaciones sociales presentaron sus posiciones frente a la norma planteada en el Acuerdo Final para otorgar amnistías e indultos, uno de los punto claves de la Justicia Especial para la Paz. La mayor preocupación es que no es claro cuáles son los delitos que encajarían en esta ley.

La Sala Plena de la Corte Constitucional estudia la Ley de Amnistías y el decreto para implementarla. La magistrada Diana Fajardo y el magistrado Iván Humberto Escrucería son los ponentes, respectivamente. Archivo

El pasado jueves, 3 de agosto, la Sala Plena de la Corte Constitucional recibió en una audiencia pública a más de 10 invitados, entre funcionarios del Gobierno, expertos en derecho internacional, directores de organizaciones sociales, e investigadores. El motivo: escuchar sus posiciones frente la Ley de Amnistía (Ley 1820 de 2016), un expediente que ya está en estudio en el alto tribunal, tanto la ley misma, como el decreto que la reglamentó. La magistrada ponente de uno de lo casos, Diana Fajardo, instaló la audiencia pasadas las ocho de la mañana. El primer turno lo tuvieron los funcionarios del Gobierno.

El ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, encabezó la delegación. En su intervención, el ministro aseguró que esta figura de amnistía ya se ha aplicado en el país, la ley cumple satisfactoriamente los estándares internacionales de protección de los derechos humanos y que se trata de una pieza fundamental para la terminación del conflicto. Otro de los funcionarios del Estado que participó en la audiencia fue el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, quien al igual de Gil Botero, explicó que la ley es una garantía para la no repetición del conflicto.

Además de defender la ley, el ministro Villegas comentó que hay 1.800 casos de agentes del Estado que aplicaron a la JEP y que ya hay 334 en libertad condicionada, 45 más han sido trasladados a guarniciones militares y 239 uniformados han quedado en libertad. Por otra parte, el procurador General, Fernando Carrillo, fue uno de los intervinientes de la audiencia en presentar reparos a la Ley de Amnistía. Para el Procurador, la ley tal cual como está “no se ajusta a la constitución” pues cuando habla de reclutamiento forzado dice que se debe penalizar desde los 15 años. (Le puede interesar: El ABC de la Ley de Amnistía)

Para Carrillo, “si hay reclutamiento entre los 15 y 18 años se está hablando de un crimen de guerra”. Otro de los invitados a la audiencia que mencionó el reclutamiento forzado fue José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch, una de las organizaciones más críticas del proceso de paz. Para Vivanco, en la ley en estudio no son claros los delitos por los cuales una persona podría beneficiarse de la amnistía o indulto. “La ley se refiere a la “sustracción de menores, aunque no existe un delito tipificado como “sustracción” en el Código Penal de Colombia”, explica Vivanco. (Los cuellos de botella para la Ley de Amnistía)

“Las amnistías razonables son una herramienta clave para asegurar el avance del proceso en la medida que no cubran graves violaciones a los derechos humanos”, agregó el director de Human Rights Watch, quien además señaló que si bien la ley menciona las “ejecuciones extrajudiciales, en el código colombiano tampoco existe ese delito. Vivanco explica que en Colombia ese delito se juzga como homicidio agravado u homicidio en persona protegida y que en la ley no hay ninguna artículo que diga que esos crímenes pueden ser amnistiados o indultados. (¿Cómo entender la ley de amnistía?)

Otro de los críticos de la ley fue Todd Howland, representante en Colombia de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. “Es importante decir que la Ley de Amnistía está, en realidad, creando beneficios a personas sentenciadas o a personas protegidas como miembros de la fuerza pública y Farc, sin hacer reconocimiento, sin hacer aportes de verdad, sin hacer reparaciones de labores sociales”. (Primeras críticas a la ley estatutaria de la JEP)

Una de las organizaciones sociales que también participó en la audiencia fue el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), que expuso su inconformidad con que “las libertades y sustitución de medidas de aseguramiento a miembros de la fuerza pública se están otorgando en el caso de los delitos más graves y que merecen mayor reproche penal: ejecuciones extrajudiciales, torturas, masacres y violencia sexual”. Además, el Cajar le pidió a la Corte que no olvide que la esencia del Acuerdo Final son las víctimas y sus derechos y que en el estudio que está haciendo el alto tribunal, debe tenerse en cuenta especialmente su voz. (29 generales y coroneles, en la mira de la CPI por ejecuciones extrajudiciales)

“Para nosotros es claro que ustedes (la Corte Constitucional) tiene un trabajo difícil en este momento. Mucha gente dice que la Ley de Amnistía es crítica para el éxito del proceso de paz, pero esta ley debe ser sostenible y consistente con las obligaciones encontradas en la constitución política. Para nosotros, esto implica que ustedes tienen que leer esta ley y cambiarla para hacerla consistente con la carta política y con las obligaciones internacionales”, aclaró Todd Howland. Tanto la magistrada Diana Fajardo, quien tiene el estudio de la ley, y el magistrado encargado, Iván Humberto Escrucería, quien estudia el decreto para aplicar la ley, escucharon el mensaje del representante de las Naciones Unidas.

Con la audiencia finalizada, se espera que en las próximas semanas, la Corte se pronuncie y trace el camino para la aplicación de las amnistías, los indultos y la Justicia para la Paz.