Los restos del mayor Héctor Aníbal Talero Cruz ya están con su familia

Imagen histórica del Palacio de Justicia durante la toma en 1985. / Archivo

Este 20 de noviembre se realizó la ceremonia de entrega de restos y actos de conmemoración del mayor de la Policía Héctor Aníbal Talero Cruz, quien comandó el grupo de asalto Halcón I durante la toma del Palacio de Justicia, el 6 de noviembre de 1985. A la ceremonia asistieron los familiares del mayor Talero Cruz, quienes, por segunda vez, recibieron los restos de su pariente desaparecido hace 33 años.

En diálogo con El Espectador, el también mayor de la Policía Raúl Talero Cruz hermano del difunto, señaló que el gobierno ha sido negligente en el proceso que se ha vivido con las víctimas del Palacio de Justicia.

En noviembre de 2016, los familiares del capitán Héctor Aníbal Talero, junto con los parientes del sargento Jaime Benítez Prieto, acudieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de Derechos Humanos (CIDH) para solicitarle que no archivara la investigación contra miembros del M-19 por las muertes ocasionadas en su intento por tomarse la sede máxima de la Justicia en Colombia. "Aproximadamente un centenar de personas resultaron muertas por acciones directas del grupo guerrillero, tales como tiros de gracia o como consecuencia del incendio iniciado por el M-19 cuando los integrantes de este grupo impidieron su salida del Palacio", precisaron en su momento los familiares de dos de los desaparecidos del Palacio de Justicia.

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Raúl Talero Cruz confirmó a este diario que hace un año, la CIDH les confirmó que la tutela en efecto había sido escogida y se encontraba en un proceso de revisión. Sin embargo, para la familia Talero Cruz el proceso aún no acaba, “para nosotros no termina el proceso hasta que el Estado no reconozca que los miembros de la Fuerza Pública que dieron su vida para defender las instituciones son héroes de la patria. Ellos fueron víctimas de las balas asesinas.  No hay un cierre con dejar los restos en un lugar”.

Los restos del mayor Talero Cruz habían sido entregados ya el  31 enero de 2017. Casi dos años después se volvieron, a entregar los restos, esta vez confirmando a su familia que corresponden a su pariente. “hoy nos hicieron entrega oficial nuevamente de los restos del mayor. Nos los entregaron ya confirmando que eran los de mi hermano Héctor Aníbal”, señaló el mayor Raúl Talero Cruz. Los familiares llevaron los restos del cuerpo encontrado, al hospital San Bartolomé.

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Este no es el primer caso de la entrega de restos que no corresponden realmente a los desparecidos reclamantes. Hace apenas algunas semanas, para la conmemoración de los 33 años de la toma del Palacio de Justicia, en entrevista con la emisora Blu Radio, el director del Instituto de Medicina Legal, Carlos Valdés, señaló que los médicos legales de la época tuvieron que estar presionados por los agentes del Estado pues, de otra forma, no se explicaría el hecho de que existieran actas de levantamientos y entrega de restos que no coincidían con la identidad de las víctimas que murieron entre el 6 y 7 de noviembre de 1985.

Según la investigación que se han realizado de los hechos, en los protocolos de necropcia se mezclaron huesos y a muchas familias les entregaron restos de varias personas que no correspondían a su pariente. Hoy, todavía no es claro quién es el responsable de estos hechos. Por ahora, las familias siguen esperando respuestas respecto a uno de los capítulos más importantes en el conflicto armado colombiano.

El director de Medicina Legal, Carlos Valdés, fue llamado por la Fiscalía debido a las consecuencias penales que podrían acarrear sus afirmaciones sobre presiones militares al Instituto en noviembre de 1985.

Según lo divulgó la propia Fiscalía, Valdés fue citado el 23 de noviembre, para que amplíe su testimonio sobre la autoridad de fuerza que ejercieron en el Instituto que él dirige hoy, personal del Ejército, de Policía y de la Justicia Penal Militar sobre los médicos legistas con el fin de constreñir su labor científica de examen de los cuerpos. Se reactiva así un proceso histórico de honda repercusión social, que lleva 33 años sin resolverse ni concluir. Ahora, se renueva el interés en esos hechos ante la posibilidad de que la falsificación de la verdad no haya sido producto de la confusión ni la ignorancia de la época sino de una operación calculada para destruir las pruebas y evitar que se registrara lo que allí ocurrió.