Los retos para la Corte Constitucional en 2017

Revisar el Código de Policía y todas las leyes que se aprueben para la implementación del Acuerdo Final de Paz con las Farc son algunas de las tareas que este año debe cumplir el alto tribunal. Hay que sumarle que cinco de sus nueve magistrados terminan su período antes de julio.

Con la incorporación del magistrado Antonio Lizarazo, en reemplazo de Eduardo Mendoza, la Corte Constitucional comienza renovarse. / Cristian Garavito

La Corte Constitucional se ha convertido en sus 25 años de existencia en el tribunal garante de los derechos humanos en un país en el que la violación de esos principios fundamentales es común. El año 2016 no fue una excepción para la misión de esta alta corte y fallos tan trascendentales como el que avaló el matrimonio igualitario, el que respaldó el plebiscito como mecanismo de refrendación del Acuerdo Final de Paz con las Farc, o con el que se ratificó la ley Rosa Elvira Cely, lo demuestran. Y este año trae todavía más retos para el alto tribunal.

La lista de tareas pendientes que quedaron en la agenda de la Corte es larga. La Ley de las Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social (Zidres), por ejemplo, que es la apuesta del Gobierno para el desarrollo agropecuario, la productividad y la seguridad jurídica del país, quedó en manos de un conjuez, pues la votación en el alto tribunal quedó empatada y sus términos se vencieron el 10 de noviembre del año pasado. En manos de Germán Quintero está el futuro de esta iniciativa, criticada por campesinos, líderes sociales, indígenas y estudiosos del campo.

Este, además, será el año en el que la Corte definirá si el nuevo Código de Policía que aprobó el Congreso en junio pasado, está de acuerdo con los principios de la Constitución Política. Se trata de un debate de todo el interés nacional, pues implica la modernización de un código que desde 1971 no se tocaba, pero además porque las críticas que han llovido sobre el nuevo documento son muchas. Una de las reglas más cuestionadas, por ejemplo, es el hecho de que ahora es posible que la Policía ingrese a una propiedad privada sin orden judicial “cuando fuese de imperiosa necesidad”.

A la Sala Plena de la Corte llegará también el polémico referendo promovido por la senadora Viviane Morales que busca permitir la adopción de menores de edad únicamente a parejas heterosexuales. Aunque a la iniciativa todavía le quedan dos debates en el Congreso, el panorama es preocupante pues en los dos primeros ha ganado la propuesta de Morales. Como todos los referendos, el control de constitucionalidad para poder realizarse lo hace la Corte y ahí están puestas las esperanzas de la comunidad LGBT, pues el propio tribunal dijo en 2015 que las parejas del mismo sexo sí pueden adoptar.

De esos pendientes, también hay un componente importante de temas relacionados con la paz. Por un lado, en el alto tribunal hay en estudio cinco demandas en contra del plebiscito del 2 de octubre, la mayoría de ellas presentadas por integrantes del Centro Democrático. La que más ha tenido movimiento es una que reposa en el despacho del magistrado Alberto Rojas, en la que dice que los resultados de esa votación no pueden ser tenidos en cuenta, pues la situación climática en la zona Caribe del país no facilitó la realización de los comicios y afectó los resultados.

Agrega la demanda que en esta región del país se deben repetir las votaciones y ya el magistrado le pidió información oficial a la Registraduría y el Ideam para tomar un decisión y presentar la ponencia a sus compañeros de Sala. Por otra parte, en la Corte hay por lo menos dos demandas en contra del Acto Legislativo para la Paz aprobado por el Congreso a comienzos de junio pasado y avalado por la propia Corte Constitucional el 13 de diciembre.

A este listado de temas sobre la paz hay que sumarle la imperiosa tarea que tiene la Corte de revisar de manera automática todas las leyes que pasen por el Congreso en el marco de la implementación del Acuerdo Final firmado por el Gobierno y las Farc. La primera que pasará este año por la Sala Plena del alto tribunal será la Ley de Amnistía, la única en beneficiarse, hasta hora, del mecanismo especial denominado vía rápida. Los siguientes temas que llegarán a la Corte, una vez aprobados en el Congreso, son Justicia Especial para la Paz y participación política de las Farc.

A la espera de la terminación de la vacancia judicial hay otro tema que tiene en suspenso el futuro de este tribunal. Antes de mitad de año, la Corte estará compuesta por cinco nuevos magistrados. Ya se sabe el nombre del primero, Antonio Lizarazo, quien reemplazará a Gabriel Eduardo Mendoza desde febrero. De los cuatro restantes, el panorama es incierto. La Corte Suprema de Justicia terminó 2016 sin un consenso para elegir sus dos ternas para reemplazar a Luis Ernesto Vargas y Jorge Iván Palacio. La próxima Sala Plena será el 26 de enero y se espera que de ahí salgan, por fin, las dos listas.

La presidencia, por otra parte, que debe elegir terna para relevar a los magistrados María Victoria Calle y Aquiles Arrieta –quien reemplazó a Jorge Pretelt–, estaría esperando conocer los perfiles de los candidatos de la Corte Suprema para elegir los suyos. La elección de estos magistrados es crucial para cumplir con el cronograma de temas que quedaron por resolver el año pasado, pero también para los que se avecinan en 2017.

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