Los retos de recuperar bienes incautados en Colombia

Según la SAE, en el país hay casi 9.000 predios ocupados de forma irregular. / Mauricio Alvarado - El Espectador.

Hace unas semanas, un funcionario de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) —que se encarga de la administración de los bienes que se incautan con fines de extinción de dominio— denunció que recibió una serie de amenazas durante el proceso de desalojo de un predio rural en Villavicencio. Un sujeto se le acercó, cuando estaba en la calle, y le aseguró que “su vida corría peligro por las acciones de recuperación que adelanta”. Pero esta amenaza no es la única dificultad que ha tenido en los últimos años en la administración de los bienes y activos que son incautados por actividades ilícitas.

En 2018, la SAE —que reemplazó desde 2014 a la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) en la administración de estas propiedades— tenía bajo su responsabilidad más de 21.000 inmuebles, casi 2.000 sociedades (activas y en liquidación) y unos 5.300 muebles (lo que incluye animales, vehículos de transporte y dinero, entre otros). Pero la administración de tal cantidad de recursos, que además aumenta de manera constante, se encuentra con distintos retos. Uno de ellos, cuando los bienes son ocupados de manera ilegal.

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A lo que apunta la Sociedad de Activos Especiales es que con los bienes que sean extintos se generen recursos que lleguen a la nación; es decir, que haya ganancias en su administración. Por esto, pueden ser vendidos o, incluso, arrendados (con la condición de que no sea al dueño original ni a familiares suyos hasta en cuarto grado de consanguinidad). El problema está en que no son pocos los ocupados de forma irregular: 6.002 rurales y 2.934 urbanos. La mayoría se concentran en tres departamentos: Valle del Cauca (1.944 urbanos y 802 rurales), Antioquia (927 urbanos y 360 rurales) y Cundinamarca (903 urbanos y 304 rurales).

Cuando esta situación se presenta, la SAE debe entrar a solicitar la entrega, que bien puede ser voluntaria o, por el contrario, debe hacerse mediante un desalojo. Una tarea que no ha resultado fácil, no solo por las amenazas —como la del funcionario en Villavicencio hace un par de semanas— y por la misma negativa de los ocupantes, sino también porque, muchas veces, como una estrategia para retrasar los desalojos, interponen acciones de tutelas, donde piden que se suspendan provisionalmente. Por ejemplo, desde 2014 se han interpuesto 546 tutelas contra la SAE, 48 de ellas contra un solo proceso.

Ni siquiera la presencia de varias entidades, además de la SAE, como prerrequisito para poder realizar el desalojo, ha servido para evitar que se sigan presentando las tutelas. En las diligencias deben participar, por ejemplo, la Personería, la Procuraduría, la Policía e, incluso, el ICBF si en el predio hay menores de edad, y si falta una de ellas no es posible realizar el desalojo.

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Es el caso de Sebastopol, un predio de 197 hectáreas ubicado en la vereda Caños Negros (Villavicencio, Meta). En 1997, cuando aún era su responsabilidad, la Dirección Nacional de Estupefacientes inició el proceso de extinción de dominio. En esas circunstancias, entonces, se lo cedió en 2006, de manera provisional, al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) que, a su vez, se lo entregó a 18 familias, mediante un contrato de arrendamiento, para desarrollar varios programas que apuntaran al desarrollo rural, por las mismas características del predio.

Así se mantuvo Sebastopol ocupado durante los siguientes años, hasta que un juez, mediante un fallo de segunda instancia, ordenó que se le devolviera el terreno, tal y como lo tenía hasta 1997, a su dueño original. Para ese momento, ya la DNE estaba en proceso de liquidación y la Sociedad de Activos Especiales había recibido los inmuebles, en proceso de extinción o extintos, para administrarlos. El mismo Incoder debía coordinar la devolución del predio, pero no fue posible.

En 2016, algunos de los habitantes de los predios manifestaron a distintos medios de comunicación que el Incoder, cuando les arrendó el terreno, prometió un capital semilla para el desarrollo de proyectos productivos, pero que esto no ocurrió. Ante esa situación, optaron por parcelar, en partes iguales, el terreno y empezar a habitarlo de manera definitiva. Ese mismo año, cuando se solicitó que se devolviera el predio, inició el desalojo. Tres años después no ha sido posible, con el agravante de que ya no son 18 sino casi 70 las familias que viven allí.

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Según la SAE, solo una de las primeras 18 familias que llegaron al terreno de 197 hectáreas se fue de manera voluntaria; las otras han optado por no ceder y seguir viviendo allí, y una de las estrategias, justamente, ha sido la utilización de recursos judiciales, afirmando que se les vulneran derechos como al debido proceso, a la vivienda digna, al mínimo vital y a la dignidad humana. Como se argumenta en una tutela que fue resuelta el pasado 19 de marzo, decretando las medidas provisionales, tres días antes de la fecha para la que estaba previsto el desalojo. Y no es la única: en 2017 fueron siete; en 2018, 14, y en 2019, ya van 27.

Una situación similar, también en Villavicencio, es la del predio Los Rosales. Allí habitan alrededor de 120 familias, que ya, incluso, han levantado varias construcciones. El desalojo estaba programado para realizarse entre el 13 y el 15 de marzo pasado, pero fue, como ha ocurrido en repetidas ocasiones también en Sebastopol, suspendida de manera provisional, mientras se resuelve de fondo una tutela.

En Los Rosales, de manera paralela a la decisión judicial, los habitantes del lugar se manifestaron en contra. “Se intentó la instalación de las cuatro vallas que fueron suministradas por el contratista de desalojos, pero no fue posible, debido a que los ocupantes se rebelaron a la imposición de estas y ya que no contábamos con el apoyo de la Policía suficiente las vallas no pudieron ser colocadas en los inmuebles”, explicaron voceros de la Sociedad de Activos Especiales a El Espectador.

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Otro caso de amenazas ocurrió a principios de 2018 en Medellín. Un funcionario de la SAE, encargado de desalojos en Antioquia, Chocó y el Eje Cafetero, tenía pendiente una diligencia en el exclusivo sector de El Poblado, en la capital antioqueña. Cuando estaba en la recuperación del inmueble, recibió una llamada de un familiar con el que vivía. Al contestar, este le dijo que “alguien” lo buscaba por lo que le pasó el teléfono. Resultó que era un sujeto “advirtiéndole” que frenara la diligencia.

A pesar de estas circunstancias, la SAE —que dividió el país en cuatro zonas para la administración de estos bienes y activos— aspira a realizar 580 diligencias de recuperación en 2019. Una cifra que parece difícil ante los retos que enfrenta para recuperar predios como los rurales, que, por su naturaleza, tienen como destinación la Agencia Nacional de Tierras y que se utilicen en el marco del proceso de paz con las Farc.