Los socios de los 'paras'

El exconcejal de Montería Remberto Manuel Álvarez y el empresario Carlos Daniel Merlano ya fueron sentenciados.

La Corte Suprema de Justicia acaba de confirmar la condena contra el exconcejal de Montería, Remberto Manuel Álvarez Vertel, y el empresario, Carlos Daniel Merlano Rodríguez, por haberle colaborado a los paramilitares en su campaña a sangre y fuego para apoderarse de los territorios colectivos de las comunidades afrocolombianas asentadas en la cuenca de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó.

De acuerdo con las autoridades, Álvarez y Merlano se prestaron para darle visos de legalidad a las maniobras sanguinarias con las que los ‘paras’ despojaron a estas comunidades para implementar en sus territorios grandes proyectos agroindustriales. Los dos fueron, en su momento, directivos de dos empresas palmeras que no fueron sino fachadas de las maniobras del paramilitarismo: Urapalma y Asopalma.

En 2010, Álvarez y Merlano aceptaron cargos y, por ello, fueron condenados a 82 y 52 meses de prisión, respectivamente. Esto aunque durante años Álvarez y Merlano sostuvieron que eran inocentes e, incluso, Merlano le dijo en 2008 a El Espectador que las denuncias en su contra eran parte de un “ataque frontal que ejecutan las ONG internacionales contra los grupos palmeros”.

En una de las denuncias hechas contra estas personas –y que es citada por la Corte en su fallo de 20 páginas– se lee que “a partir del año 2000, varias empresas privadas, entre las que se encuentran: Urapalma S.A., Palmas de Curvaradó S.A., Palmura S.A., Palmadó Ltda., Inversiones Agropalma & Cía. Ltda., Palmas S.A., Palmas de Bajirá e Inversiones Fregni Ochoa, se asentaron en la cuenca del Curvaradó y Jiguamiandó con el objeto de implementar un proyecto agroindustrial enfocado principalmente en la explotación de la palma de aceite”.

Y se agrega: “Sus representantes legales y/o socios, apoyados en miembros de las autodefensas, emprendieron la tarea de darle visos de legalidad a la ocupación de las tierras. En este sentido, la adquisición irregular de los terrenos y posteriores plantaciones de palma de aceite, obedeció a una organización que contó con el apoyo de grupos armados ilegales, paramilitares, lo cual suscitó el desplazamiento de los integrantes de comunidades asentadas en las cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó, donde actualmente se observan sendas plantaciones de palma, ocasionando, además, un impacto ambiental negativo en zonas declaradas reserva forestal”.

Por estos mismos hechos es investigada la cuñada de los hermanos Castaño, Sor Teresa Gómez, capturada este año y actualmente presa en virtud de una condena en su contra por el asesinato de la dirigente Yolanda Izquierdo. La Fiscalía ha dicho varias veces que Sor Teresa fue “ficha clave dentro del proceso de legalización del despojo de tierras a poseedores y propietarios en toda esa región (...) una persona emisaria directa de reconocidos jefes paramilitares como los hermanos Castaño, que andaba con ‘maletadas’ de dinero en efectivo comprando las tierras que previamente habían sido ocupadas por efectivos armados o sobre las que sus superiores tenían puesta su atención (…) siempre fue su voluntad la que imperó, ya que pagó el precio que ella quiso y como quiso, sin que los acongojados vendedores tuvieran la mas mínima posibilidad de replicar porque estaba latente la amenaza de muerte”.