Los wiwas entregan informe a la JEP y la Comisión de la Verdad

El documento recopila las graves violaciones de derechos humanos de las que este pueblo indígena de la Sierra Nevada ha sido víctima desde 1990 por cuenta del conflicto armado, como asesinatos, desapariciones forzadas y violencia sexual. El reporte también fue remitido a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

El informe fue entregado en la misma Sierra Nevada este viernes 15 de noviembre.Tomada de @JEP_Colombia

El pueblo indígena wiwa, que vive en la Sierra Nevada de Santa Marta, ha padecido en carne propia también la violencia y quiere que el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición que se creó con el Acuerdo de Paz con las Farc lo tenga en cuenta. Por eso, la Organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua Tayrona, apoyada por organizaciones sociales, entregó en la mañana de este viernes 15 de noviembre un informe titulado “La historia cierta del pueblo Wiwa –desde el corazón del mundo– en el marco del conflicto armado interno”.

El reporte se remitió a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Jurisdicción Especial para la Paz. En él se lee que son varios los factores que han desencadenado la violencia en su contra. Para empezar, los megaproyectos: identificaron 15 iniciativas en la Sierra Nevada que, de una manera u otra, han terminado asociadas a las dinámicas del conflicto, y uno de los ejemplos más puntuales que presentan es el de la Represa Ranchería (o El Cercado), la misma que afectó gravemente a la comunidad wayuu en La Guajira.

“La construcción de la Represa El Cercado determinó un cambio fundamental en relación con el territorio ancestral Wiwa, la construcción de este megaproyecto ha determinado afectaciones directas al territorio ancestral. La imposición de la infraestructura de esta construcción y su posterior llenado, constituyen una de los impactos más grandes en diferentes niveles, como el cultural, espiritual, social, político, económico, ecológico y territorial, que el pueblo Wiwa aún está padeciendo”, reza el informe, que añade: “Esta construcción es considerada por los pueblos indígenas como una violación al territorio tradicional que se extiende hasta la línea negra”.

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La línea negra es, además, un debate que las altas cortes colombianas no han cerrado aún. Se trata de una especie de frontera invisible que se oficializó con el decreto 1500 de 2018, que firmó Juan Manuel Santos cuando estaba por salir de la Casa de Nariño. Con él se amplió el número de lugares sagrados para los indígenas (de 54 a 348) y se extendió la zona de protección a 25 municipios que rodean la Sierra, incluidas tres ciudades: Santa Marta, Valledupar y Riohacha. Pero el decreto se demandó ante el Consejo de Estado, que no ha decidido aún, y los indígenas de la Sierra presentaron tutelas ante la Corte Constitucional porque argumentan que el decreto no garantiza las consultas previas.

Los wiwa señalan que la construcción de la represa Ranchería “trajo consigo el asesinato y la desaparición de líderes e integrantes del Pueblo Wiwa que decidieron oponerse al desarrollo de este megaproyecto en defensa de su territorio”, asegura la comunidad indígena en el reporte entregado al Sistema Integral, que explica que su territorio ha sido de gran interés para sectores económicos, tanto legales como ilegales, debido a su ubicación estratégica con salida al mar. Un factor que, indudablemente, “ha exacerbado la violencia entre los distintos grupos armados que operan en la región, sobre todo en relación con el narcotráfico.

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“Frente a esta situación, la respuesta estatal fue la creación de una estrategia contra el denominado ‘terrorismo’, lo que permitió que aquellas comunidades indígenas que se resisten a la militarización de sus territorios y a que se realicen acciones como la fumigación de cultivos ilícitos, que han traído consecuencias en la salud de los habitantes e impactos negativos al ambiente, fueran señaladas como afines al ‘terrorismo’”. La disputa por esos intereses, reiteran, “fue una de las causas de la persistencia del conflicto armado en la Sierra Nevada de Santa Marta”.

Otra consecuencia del conflicto sobre el pueblo wiwa, dicen ellos  mismos, fue la estigmatización, la cual “no resulta una práctica aislada”. Por cuenta de ello, indígenas wiwa fueron acusados de pertenecer a distintos grupos armados, lo que llevó, entre otras, a la comisión de detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales en su contra. Su posición vulnerable, al quedar en medio del fuego cruzado, ha sido reconocida por el Relator Especial de Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas y también por la Corte Constitucional colombiana.

La militarización del territorio, denuncian los wiwa, afectó su vida comunitaria. “Esta fue una de las principales razones por las que el Pueblo Wiwa realizó una fuerte oposición a la instauración de una base militar en el Pueblo de Guachirimake, el cual fue destruido por el Ejército en un bombardeo”. Un problema que no los afectó a ellos exclusivamente, sino a los otro tres pueblos que habitan en la Sierra: arhuacos, koguis y kankuamos. “la militarización del territorio no fue una garantía de seguridad para el Pueblo Wiwa, contrario a ello, se convirtió en una forma de represión y ejecución de violencia más elevado”.

Los wiwa le dijeron al sistema integral que, en sus tierras, los paramilitares actuaron “en conjunto y con la complicidad, tolerancia y aquiescencia de la Fuerza Pública (…) cometiendo asesinatos y masacres que terminaron por despojar a las comunidades wiwa de sus tierras”; que la estigmatización facilitó la violencia emprendida en su contra y que tanto guerrillas como ‘paras’ “impusieron restricciones a la circulación de personas, alimentos y medicinas y diversas acciones de control social, aprovechándose de su asentamiento estratégico en el territorio”.

Por eso, esta colectividad indígena hizo recomendaciones y solicitó ciertas medidas. La principal propuesta: que “se reconozca al pueblo wiwa como víctima colectiva de las violaciones a derechos humanos cometidas”. Asimismo, que se haga un plan de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas en razón del conflicto. Piden reformas institucionales para el Ejército, con el fin de depurar a la Fuerza Pública de aquellos integrantes que participaron o incitaron a su victimización, y que se desarrolle una política “para el adecuado relacionamiento con la Fuerza Pública”.

Los wiwa exigen también una solución al problema de los cultivos de uso ilícito “con un enfoque de derechos y de salud pública”, que se hagan públicos los convenios de seguridad entre el Ejército y el sector privado, que se tomen medidas para erradicar al paramilitarismo de la zona –incluidos los nexos con la Fuerza Pública– y algo esencial: que se construya una verdad histórica ambiental y ecológica de la Sierra Nevada, teniendo en cuenta cómo se afectó el territorio como consecuencia de la confluencia de conflictividades”.

En este link puede encontrar el informe completo.

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Redacción Judicial

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