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Una nueva acusación contra el exalto comisionado de Paz Luis Carlos Restrepo profirió el excomandante paramilitar Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez, durante una audiencia con las víctimas del bloque Central Bolívar, en el Tribunal de Bogotá. Ante la magistrada Alexandra Valencia, Báez contó que, estando en Puerto Asís, Restrepo le dijo que por “orden del presidente” no podían desmovilizar a los menores del bloque Sur Putumayo.
“Yo acompañé al doctor Restrepo al Putumayo, allí nos reunimos en un estadero. Entonces me llamó poderosamente la atención que a la mesa donde estábamos se acercaron dos menores, casi a suplicarle al comisionado que por qué no los metían ‘a la vuelta’. Cuando yo le dije que solucionáramos este problema, el doctor Restrepo respondió: ‘no, son instrucciones del señor presidente’”.
En marzo de 2006, la madre de uno de esos jóvenes se dirigió a la zona de concentración de los ‘paras’ en Puerto Asís y le pidió a Carlos Mario Ospina, comandante urbano del bloque Sur, que incluyera a su hijo en el proceso con el gobierno: “Ustedes lo utilizaron, ¿no les sirvió pues en la guerra? Ustedes le pusieron uniforme y le dieron arma a mi hijo, ¿ahora lo van a dejar tirado?”. Ante la insistencia de los menores y sus familias, Ospina se comunicó con Báez, quien le respondió que “el doctor Luis Carlos Restrepo no quiere de ninguna manera saber de los menores, la orden es clara: que se los lleven de ahí, que no pueden estar siquiera cerca del escenario donde se van a llevar a cabo las desmovilizaciones”.
Según los testimonios de las víctimas y los ‘exparas’, como los jóvenes no se pudieron desmovilizar quedaron a su suerte y varios de ellos fueron reclutados por los grupos armados ilegales que operan en Putumayo. Como consecuencia, uno de los menores fue víctima de un atentado y al menos otros tres fueron asesinados después de la desmovilización, entre ellos los que según Báez le “suplicaron” a Luis Carlos Restrepo que les permitiera acceder a los beneficios del Estado. Por eso, Carlos Mario Ospina le dijo al Tribunal que “la obligación de nosotros sí era llevarlos al Bienestar Familiar, pero no nos dieron los mecanismos para hacerlo. Esa situación es responsabilidad del comisionado de Paz, que no nos dio las herramientas para brindarles protección a estos muchachos”.
Otra de las graves denuncias de los ‘exparas’ contra Restrepo fue la supuesta orden que el entonces comisionado de Paz le dio al director político del bloque Sur para que inflara el número de combatientes. Según Ospina, “yo reporté que teníamos 400 hombres en armas. Entonces Juan José, el político, me dijo que por orden del comisionado Restrepo necesitaban que reuniéramos por lo menos 600, porque si no, no nos podían desmovilizar. Tocó decirles a los comandantes y a más de un muchacho que metieran a la mujer, al señor del restaurante, a la del billar, y no pudimos meter a los niños que sí debían estar ahí porque eran parte de la organización”. Como resultado de esa operación fraudulenta, el bloque Sur creció rápidamente de 400 a 502 hombres, por lo que al menos 102 personas recibieron el dinero que el Estado les consignaba mensualmente a los desmovilizados y pudieron acceder a todos los servicios destinados a esa población, sin que jamás hubieran empuñado un arma.
Por todas esas irregularidades, la magistrada Alexandra Valencia anunció que “la sala de Justicia y Paz tomará decisiones al respecto” y aseguró que estos hechos dan cuenta “del gravísimo error que se cometió con la desmovilización de los niños”. Además, le pidió a la Fiscalía que considerara crear un equipo encargado de investigar el reclutamiento ilícito de menores, “en la medida en que el ejercicio histórico que se dio luego de la desmovilización fue que muchos de ellos fortalecieron grupos de delincuencia común. Estos ciclos en que va evolucionando la violencia en el país tienen mucho que ver con el déficit en actuaciones administrativas como las que se están viendo acá”.
Las posibles decisiones que tome la justicia por estas y otras graves denuncias que excomandantes paramilitares han proferido contra Luis Carlos Restrepo quedarían en el limbo, porque el exalto comisionado de Paz, una de las fichas más importantes del gobierno de Álvaro Uribe, se encuentra prófugo de la justicia luego de que las autoridades lo vincularan a un proceso por la falsa desmovilización de la compañía Cacica la Gaitana de las Farc, efectuada en 2006. Mientras su paradero se desconoce, las madres de los menores reclutados por las autodefensas en Putumayo sienten que se cometió una injusticia con sus niños y siguen pidiendo que se esclarezca la verdad.
El mayor Aguilar
El otrora jefe de seguridad del exalto comisionado de Paz Luis Carlos Restrepo, el mayor Alexánder Aguilar Vega, también ha sido salpicado por los ‘exparas’ del bloque Central Bolívar. Según Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’, los sobornos que las autodefensas les entregaban a importantes miembros de la Policía se hacían “por medio de un capitán de apellido Aguilar, que era el encargado de la seguridad del comisionado de Paz”. ‘Macaco’ también le dijo a las autoridades que al mayor Aguilar le pagaban $10 millones mensuales y que era él quien recogía los $15 millones que le enviaban al general Flavio Buitrago, exjefe de seguridad del expresidente Uribe.
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