Mientras la justicia aclara si es cierto que el magistrado Jorge Pretelt Chaljub tiene tan larga la mano como lo denunció su amigo, el abogado Víctor Pacheco, en una grabación que todavía escandaliza a Colombia, El Espectador revisó en los archivos de la Corte Constitucional las tutelas escogidas por ese tribunal entre abril de 2009 —cuando Pretelt se posesionó— y febrero de 2015. El objetivo de la búsqueda era rastrear expedientes similares al denunciado caso Fidupetrol, que tiene a Pretelt arrinconado, al exmagistrado Rodrigo Escobar bajo sospecha y a otros particulares llamados a interrogatorio por la Fiscalía. (Vea: Jorge Pretelt, contra las cuerdas)
De acuerdo con este arqueo que reposa en las bases de datos de la Corte, en total, durante el lapso revisado, fueron seleccionadas 92 acciones de tutela interpuestas por empresas privadas que pretendían dirimir negocios particulares a través de este recurso. Según la norma, dos magistrados de la Corte Constitucional, “sin motivación expresa”, escogen las tutelas que por su impacto debe estudiar ese alto tribunal. De esos 92 casos —es decir, de tutelas de empresas totalmente privadas—, el magistrado Jorge Pretelt participó en la selección de 37, siendo el jurista con el mayor número de escogencias, seguido por Jorge Iván Palacio, que tiene 23. (Vea: El rompecabezas del escándalo en la Corte)
En ese orden, el magistrado Luis Ernesto Vargas participó en la selección de 22, el exmagistrado Nilson Pinilla, de 18; el magistrado Gabriel Mendoza, de 17; Mauricio González, de 15; María Victoria Calle, de 11, y Luis Guillermo Guerrero, de cuatro. Si se toma como base ese ranquin, una de cada tres tutelas entre privados que llegó a la Corte fue seleccionada por el magistrado Jorge Pretelt. En doce de esas tutelas, el cuestionado abogado cordobés fue ponente de esos casos y en tres expedientes más estuvo al mismo tiempo como integrante de una sala de selección y después como magistrado ponente. (Vea: La Corte, al borde del precipicio)
Para ponerle nombres precisos a esta historia, según el rastreo, en las tutelas promovidas por las empresas Metrolínea S.A., Aqua Panamá Overseas Inc. y Young & Rubicam Brands Ltda., Pretelt las escogió junto con otro magistrado y después ofició como ponente. En el largo listado de empresas que acudieron a la tutela y que fueron seleccionadas por Pretelt aparecen Liberty Seguros, Sanitas EPS., Central de Inversiones S.A., la Drummond, LBH Colombia, Formaplac, Sistemas Inteligentes de Tránsito de Valledupar, Sociedad Portuaria Atlantic Coal, Líneas Aéreas del Norte de Colombia, Telmex, Universal de Casinos, Coviandes, entre otras (ver infografía).
De todos estos casos hay uno especialmente llamativo. Se trata de una tutela que terminó por favorecer los intereses de la empresa Arrocera de Montería, representada por Alejandro Lyons de la Espriella, padre del actual gobernador de Córdoba Alejandro Lyons Muskus. La historia comenzó hace 15 años. La empresa arrocera adquirió una obligación con la firma Novartis de Colombia que fue incumplida y, en razón de la mora, Novartis inició un proceso ejecutivo de cobro. Este pleito se formalizó el 7 de abril del año 2000 en contra de Arrocera Montería y Alejandro Lyons de la Espriella, por la deuda contenida en el pagaré número 9682058, por $286 millones.
El proceso le llegó al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Montería, que una semana después libró mandamiento de pago a favor de Novartis. Hasta ahí no hubo problema, pero el asunto empezó a enredarse el 13 de julio de ese año, cuando la sociedad Novartis de Colombia se transformó mediante escritura pública en Novartis Agro Latinoamérica Norte. Y cuatro meses después cambió nuevamente su razón social a Sygenta S.A. El hoy papá del gobernador alegó que esas modificaciones empresariales se produjeron mientras había un pleito ejecutivo por la deuda de la Arrocera de Montería y que por eso el caso debía anularse.
En ese contexto, Lyons de la Espriella promovió la nulidad de ese proceso porque en su criterio estos cambios de Novartis no le fueron notificados. El 13 de octubre de 2006 la arrocera protestó y en mayo de 2008 el Juzgado Civil de Montería decretó la nulidad. Dicho en cristiano, la deuda quedó en veremos. No obstante, el 5 de febrero de 2009 el Tribunal Superior de Montería tumbó ese fallo al establecer que estas transformaciones empresariales en nada afectaban el proceso ejecutivo, que éste debía pagarse y que la Arrocera de Montería no tenía razón.
Lyons de la Espriella insistió y el caso llegó a la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, que el 28 de mayo de 2009 negó nuevamente la tutela promovida al encontrar que “no se presentó ningún quebranto de los derechos invocados por los accionantes”. En palabras castizas, la Corte le puso punto final al pleito y obligo a esta compañía de Córdoba a asumir cuanto antes la responsabilidad de su incumplimiento. Nuevamente se impugnó esa decisión y el caso terminó en la Corte Constitucional. El entonces magistrado Nilson Pinilla estuvo de acuerdo en mantener el fallo y en denegar las pretensiones de Lyons y la arrocera.
Sin embargo, su ponencia fue derrotada el 5 de marzo de 2010 por los magistrados Jorge Pretelt y Humberto Sierra Porto —hoy presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos—. Según el fallo en poder de El Espectador, la decisión del Tribunal Superior de Montería vulneró los derechos fundamentales de Lyons de la Espriella y la Arrocera de Montería porque Novartis, al no informarle del cambio de razón social, los había perjudicado. Alegaron que cuando una empresa se divide o modifica para dar lugar a otras, los derechos litigiosos o deudas pendientes son heredadas a la nueva compañía. En ese contexto, según Lyons, su arrocera debía saber de este cambio jurídico.
Para los magistrados Jorge Pretelt y Humberto Sierra, sí hubo un error en ese procedimiento puesto que Novartis de Colombia no le notificó a la Arrocera Montería de estas modificaciones y tampoco le permitió a la empresa cordobesa manifestarle que aceptaba que su deuda pasara a la cartera de la nueva compañía. Una especie de galimatías jurídico que en esencia significaba que el deudor tenía que aprobar a quién debía cancelarle la obligación de los $286 millones. Para la Corte Constitucional, hubo graves errores que viciaron el proceso de reclamación ejecutiva, por eso favoreció a la arrocera y decretó la nulidad del caso. Es decir, la deuda sigue en el limbo.
El magistrado Nilson Pinilla se incomodó mucho con la interpretación de los magistrados Pretelt y Sierra Porto. En un salvamento de voto dejó constancia de su malestar al expresar que el Tribunal Superior de Montería obró en derecho, que la modificación de Novartis se realizó después de haberse iniciado el proceso ejecutivo contra la arrocera y que esa nueva realidad jurídica no afectaba la reclamación de Novartis. Para Pinilla, esta reorganización empresarial no tiene por qué viciar el compromiso de la arrocera con Novartis.
Por eso, Pinilla se despachó en críticas contra sus colegas de sala y aseguró que se estaba utilizando la tutela como un mecanismo para otorgar una especie de tercera instancia en un proceso ejecutivo civil en el que la Arrocera de Montería tuvo todos los mecanismos de defensa. Además, sostuvo que este pleito entre empresas privadas “no registra relevancia constitucional”, es decir, no es suficientemente importante para que la Corte se pronuncie. Para Pinilla, aunque la arrocera de Lyons de la Espriella argumentó que se le había violado el debido proceso, “la verdad (en este caso) se circunscribe a disputas en torno a un interés particular económico, exento de contravención a normas superiores”. La tesis de Pinilla es que esto era un pleito entre privados en el que la Corte no tenía por qué intervenir.
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