Lupa a entidades que atienden a población desplazada, advierte Contraloría

Asumirá el control fiscal por proyectos a todas las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada

La Contraloría General de la República comparte el pronunciamiento de la Corte Constitucional en el sentido de que se mantiene el “estado de cosas inconstitucional” sobre la población en situación de desplazamiento y las soluciones no avanzan al ritmo esperado, a pesar de los esfuerzos realizados por el Gobierno Nacional.

De acuerdo con el auto 219 de la Corte Constitucional, de fecha 13 de octubre de 2011, la Contraloría General de la República asumirá de inmediato el control fiscal oportuno y por proyectos a todas las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada –SNAIPD-, precisa un informe de la entidad de control.

Igualmente promoverá un especial seguimiento, con el apoyo de las Contralorías Delegadas, a los recursos destinados a la participación ciudadana, a la emergencia y a los desastres.

De la misma manera, la Contraloría General continuará con la ejecución del programa de control fiscal participativo a la política pública de desplazamiento forzado por la violencia, para lo cual podrá exigir participación activa de todas las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada –SNAIPD-.

El organismo de control de las finanzas públicas estará presente en la audiencia pública especial convocada por la Corte Constitucional para el próximo 11 de noviembre, donde se evaluarán los resultados alcanzados en los procesos disciplinarios, penales o fiscales a los funcionarios responsables de atención a la población desplazada, dice el comunicado de prensa.

En su pronunciamiento, la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004 y sus autos de cumplimiento resalta “el informe de la Contraloría General de la República sobre el Programa Control Fiscal Participativo a la Política Pública de Desplazamiento Forzado por la Violencia, promovido por la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana”, en el sentido de que se han creado “verdaderos espacios formales de participación efectiva en los que la población en situación de desplazamiento logra alzar la voz de manera técnica y ordenada”, dice el informe de prensa.

“La Sala Especial de Seguimiento valora la importancia de la iniciativa de la Contraloría General de la República para garantizar de manera efectiva el derecho a la participación de las personas en situación de desplazamiento en el control y vigilancia de lo público”, destaca el estudio.