Magistrada militar seguirá apartada de caso Uribe en la Corte Suprema

La magistrada fue apartada de dos investigaciones en contra del expresidente Álvaro Uribe. / Ejército Nacional.

La magistrada militar Cristina Lombana Velásquez tendrá que mantenerse apartada de los dos casos que hay contra el senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez en la Corte Suprema de Justicia. A esa decisión llegó el Consejo de Estado después de estudiar una tutela interpuesta por Lombana contra sus compañeros de la Sala de Instrucción del alto tribunal, al considerar que la decisión de ellos de apartarla de estos casos, de los que era ponente, vulneraba sus derechos.

Después de estudiar los argumentos de los magistrados de la sala para apartar a Lombana, quien llegó a la Corte en septiembre de 2018, el Consejo de Estado concluyó: “La Sala Especial de Instrucción de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia no vulneró los derechos fundamentales invocados por la accionante, por cuanto no se evidencia en su contenido, un análisis arbitrario, infundado o caprichoso ajeno a preceptos jurídicos de orden constitucional y legal”.

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Para Lombana, los magistrados habían vulnerado sus derechos a la igualdad, la no discriminación, al buen nombre y a la honra, al debido proceso y a la participación. “Con su decisión, la Sala pone en entredicho mi imparcialidad, independencia, buen juicio, compromiso con la justicia y honestidad”, dijo Lombana en la acción de tutela.

La pelea entre Lombana y el resto de la Sala de Instrucción inició cuando el senador Iván Cepeda recusó a la magistrada, argumentando que tenía una relación subordinada con Álvaro Uribe mientras él era presidente de la República y ella, oficial del Ejército. Y que había trabajado en la firma de Jaime Granados quien hoy funge como defensor del expresidente.

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Además, la Sala de Instrucción hizo un fuerte reparo a la magistrada por mantener el régimen de carrera de los oficiales de la Justicia Penal Militar, así como su rango militar y la vinculación a las fuerzas armadas. “Dos calidades deben tener los jueces: estar libres de conexiones e influencias inapropiadas con los poderes ejecutivo y legislativo y con las partes del proceso; y ostentar la apariencia de ser libres e independientes frente a ellos”, dice el documento en el que se decidió apartar a Lombana de estos casos.

La sala retomó estos argumentos en la tutela, cuando dijo, como se lee en el fallo del Consejo de Estado, que “no (se) vulneraron sus derechos a la igualdad y no discriminación, al buen nombre, la honra, el debido proceso y la participación en la conformación, ejercicio y control del poder político, en razón a que la actuación de la Sala fue rigurosa al analizar cada uno de los argumentos objeto de discusión, sin cuestionar su idoneidad personal o profesional, ni promover un trato discriminatorio por su pertenencia a la Justicia Penal Militar”.

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El magistrado César Reyes quedó a cargo, entonces, de la investigación por la presunta relación del expresidente Álvaro Uribe Vélez, cuando fue gobernador de Antioquia (entre 1995 y 1997), en el homicidio de Jesús María Valle Jaramillo, ocurrido el 27 de febrero de 1998;  la masacre de la Granja  y de San Roque, perpetradas en 1996, y la masacre del Aro, ocurrida en 1997.