Magistrado Carlos Urán no sería el hombre del video

Según el perito Máximo Duque, el jurista sufría, además de una fractura en un fémur, otra en la cadera que le impedía caminar.

El magistrado Carlos Horacio Urán.

Hace varios años la Fiscalía desempolvó el expediente por la muerte del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán, una de las víctimas del holocausto del Palacio de Justicia, ocurrido en noviembre de 1985. Una de las pruebas del ente investigador para asegurar que Urán salió con vida del edificio fueron varios videos de noticieros de televisión de la época en los que, al parecer, se le veía saliendo en hombros y cojeando. Su esposa, Ana María Bidegain, lo reconoció. No obstante, un nuevo peritazgo presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) podría darle un giro al proceso.

El exdirector de Medicina Legal Máximo Duque fue presentado por el agente del Estado, Julio Sampedro, como una de las nuevas cartas para defender a la Nación. La nueva tesis planteada por Duque, tras revisar más de 300 documentos del expediente, es que es imposible sostener que el hombre que se ve en los videos cojeando sea Urán, ya que, según su informe forense, además de la fractura en el fémur, el magistrado tenía fracturada la parte derecha de la cadera, lo que le habría impedido caminar o realizar cualquier tipo de movimiento. La Fiscalía investiga si Urán murió en los hechos del Palacio de Justicia —su cuerpo fue encontrado con un tiro de gracia— o si, por el contrario, fue sacado y ejecutado por agentes del Estado. Por estos hechos fueron llamados a indagatoria los generales (r) Jesús Armando Arias Cabrales —condenado por el holocausto—, Carlos Alberto Fracica y Rafael Hernández.

La nueva tesis de Máximo Duque seguramente levantará ampolla entre los familiares de las víctimas del Palacio de Justicia. De hecho, Duque señaló que el incendio que consumió el edificio fue de tal intensidad que no puede descartarse que varios cadáveres hubieran terminado hecho cenizas. En ese contexto el perito del Estado sugirió que varios de los desaparecidos en realidad fallecieron en el Palacio, sin posibilidad alguna de identificación. La tercera conclusión de Máximo Duque es que se violaron todos los protocolos del manejo de la escena del crimen y por eso muchas verdades del holocausto quedaron sepultadas.

Este peritazgo provocó reacciones encontradas en la audiencia de la CIDH en Brasilia, donde el Estado colombiano ya pidió perdón por los hechos que enlutaron al país el 6 y el 7 de noviembre de 1985. Colombia reconoció su responsabilidad total en la desaparición de Irma Franco y Carlos Rodríguez y parcial al concluir que 28 años después no ha podido establecer qué ocurrió con los otros nueve desaparecidos. Además aceptó las torturas de los estudiantes Yolanda Santodomingo y Eduardo Matson.
El abogado de las víctimas, Jorge Molano, manifestó que es insólito que el Estado sostenga que los desaparecidos se encuentran extraviados porque eso “desconoce decisiones adoptadas por la justicia en el país”. Y agregó que “estas declaraciones son revictimizantes, generan mayores daños y se alejan de las manifestaciones presidenciales, en las que se dice tener especial preocupación por los derechos de las víctimas”.

Otra intervención en defensa del Estado que llamó la atención, fue la que hizo el exministro de Gobierno de Belisario Betancur, Jaime Castro, quien expresó que el Estado no facilitó la toma del Palacio de Justicia y que la guerrilla quería hacer un juicio a Betancur para “usurpar el poder, pues sostenían que la revolución era hecha con sangre y que no podía existir compasión”. Además, Castro puntualizó que “si hubo excesos o no en el operativo, es responsabilidad de los militares. El presidente (Betancur) no asumió la dirección de los operativos de guerra, aunque sí los ordenó”.

 

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