Gerardo Botero, magistrado de la Corte Suprema, tuvo COVID-19 y se recuperó

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El alto funcionario le confirmó a este diario que tuvo coronavirus y sostiene que no recibió ningún apoyo por parte de la Judicatura ni siquiera para poder hacerse el examen que confirmara la presencia del virus en su cuerpo.

El miércoles 29 de julio de 2020 fue un buen día para el magistrado de la Corte Suprema Gerardo Botero. Le llegó un documento de laboratorio que le confirmó que en su cuerpo ya no estaba el COVID-19, la enfermedad que genera el nuevo coronavirus y de la que se han contagiado 276.055 personas en Colombia según el reporte más actual del Instituto Nacional de Salud. Ayer, Colombia conoció su número más alto de muertos en 24 horas por el virus: 380. De las 9.454 personas que han fallecido por esta causa, una era magistrado auxiliar de la Corte Suprema. Botero, por su parte, tuvo la suerte de enfermarse y recuperarse.

Él, sin embargo, no se siente tranquilo con la experiencia que vivió. “No recibí ningún apoyo ni respaldo de la rama, en especial del Consejo Superior (de la Judicatura)”, le dijo el magistrado a este diario. “Fue infructuosa la solicitud que hice para que me hicieran la prueba. Me tocó hacerla particularmente. Si ese trato le dan a un magistrado de alta corte, que podrán esperar otros servidores judiciales. El Consejo Superior le vende la idea al país que todo está bajo control, pero no es cierto”.

Por primera vez -y única hasta ahora-, la Corte Suprema experimentó el luto por cuenta del COVID-19 el pasado 17 de julio. Ese día murió Marco Alfredo Morales, magistrado auxiliar de la Sala Penal. " Era un muchacho muy talentoso”, le dijo a este diario uno de los magistrados que conoció su trabajo de cerca. En la Corte se enteraron de que él estaba enfermo y en una unidad de cuidados intensivos el pasado 3 de julio, dos días después de que comenzara a regir la “nueva normalidad” de la justicia con las indicaciones de la Judicatura.

Luego de estar desde marzo de este año con los términos suspendidos para casi todo tipo de procesos judiciales, a finales de junio la presidenta de la Judicatura, magistrada Diana Remolina, anunció que la rama judicial podía alistarse para una nueva fase, en la cual la suspensión de los términos acababa, pero la virtualidad seguiría siendo prevalente. Remolina anunció, entre otras cosas, que se autorizaba que los despachos judiciales pudieran contar con la presencia de algunos de sus funcionarios, aunque no más del 20 % de la planta. (Magistrado de la Corte Suprema entutela a sus colegas por discriminación (y le responden))

El día que la Sala Penal supo del grave estado de salud del magistrado auxiliar Morales se tuvieron que tomar decisiones. Para empezar, los nueve integrantes de la Sala ordenaron cerrar su secretaría y el cuarto piso, donde están todos sus despachos. Se tomaron pruebas a las personas que tuvieron contacto con el funcionario -lo que los expertos llaman hacer un cerco epidemiológico- y se programó una desinfección inmediata. Botero, por no ser miembro de la Sala Penal sino de la Laboral, vivió ese proceso de lejos. Hasta que el COVID-19 tocó su propia puerta. (Le puede interesar: Corte Constitucional avala suspensión de términos judiciales, con una excepción en lo penal)

La Judicatura ha establecido que, al momento de ingresar a las sedes de trabajo, “los servidores judiciales, abogados, usuarios y ciudadanos en general deberán proporcionar sus datos de identificación, contacto, e información sobre su estado de salud, para poder hacer un adecuado control del nivel de riesgo y seguimiento por el coronavirus COVID -19”. Además, anunció la presencia de vigías de salud. Hoy, el magistrado Botero critica que tanta organización y determinaciones no incluyera lo más simple: que la Judicatura tramitara su examen de COVID-19. “Estoy supremamente indignado”, señala el alto funcionario.

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