Magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca habría vendido fallos: Fiscalía

De acuerdo con el ente investigador, el magistrado Alberto Vargas Bautista habría emitido fallos a cambio de dinero. Entre esas decisiones está la condena al Acueducto de Bogotá a pagar $65.000 millones por abstenerse de comprar un predio en el humedal Jaboque.

Para la Fiscalía, el magistrado Carlos Alberto Vargas habría proferido fallos irregulares a cambio de dinero. Juan Sebastián Lombo-El Espectador

Cuando el magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Carlos Alberto Vargas Bautista, ordenó al Acueducto de Bogotá pagarle $65.000 millones a un particular como reparación por una propiedad que estaba en el humedal Jaboque, la decisión sorprendió a muchos. La empresa pública había insistido en que dichos predios eran de uso público y que no debían comprarse. Además, la empresa dijo que la reclamación de Jorge Enrique Cortés Rojas, supuesto dueño de los predios sobre el humedal, ya había caducado.

A pesar de los argumentos, el magistrado decidió fallar a favor de Cortés Rojas y le otorgó una millonaria indemnización que superaba los USD$33 millones. Sin embargo, después de una investigación de varios años, la Fiscalía habría encontrado irregularidades en este y otros fallos emitidos por el magistrado Vargas. De acuerdo con el ente acusador, el funcionario judicial habrá incurrido en los delitos de cohecho, prevaricato por acción y omisión y concierto para delinquir al presuntamente favorecer los procesos que llevaba la abogada Kelly Andrea Eslava Montes.

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Según los datos arrojados por la Fiscalía, el magistrado tenía una relación de tiempo atrás con la abogada: la habría incluido en su despacho como judicante y luego habría mantenido una relación sentimental. Esta relación habría sido, según la Fiscalía, fue el punto de inicio de la "empresa criminal" que, supuestamente, modficaba fallos a favor de los representados de dicha mujer.

El ente acusador habría encontrado que el sistema de reparto de procesos del Tribunal Administrativo de Cundinamarca fue alterado para que los procesos que llevaba la abogada Kelly Andrea Eslava llegaran al despacho del magistrado Vargas Bautista. De esta forma, el togado habría conocido los dos casos que ahora lo tienen ante los estrados judiciales: la reparación directa por el humedal Jaboque y el pleito entre la empresa Soporte Vital y el Hospital de Ubaté.

Para el representante del ente acusador, el magistrado incurrió en un delito desde el mismo momento en que su despacho aceptó el proceso del humedal cercano al aeropuerto El Dorado pues, al conocer a la abogada titular, este tenía que haberse declarado impedido para mantener el principio de imparcialidad de la justicia. Además, en este caso, el togado habría cometido varias irregularidades al fallar a favor de Jorge Enrique Cortés Rojas y concederle una millonaria indemnización.

La Fiscalía pudo determinar que el magistrado no podía decidir en dicho caso, en el que el demandante le reclamaba al acueducto una millonaria indemnización por un supuesto predio llamado La Providencia y que quedaba en los linderos del humedal Jaboque. Esta condición se dio debido a que en otro proceso se estaba decidiendo si realmente Cortes Rojas tenía escrituras sobre dicha parte del humedal, como reclamaba en el proceso conocido por el magistrado Vargas Bautista. Sin esta decisión en firme, no era posible otorgar una indemnización al supuesto dueño.

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En dicho proceso se comprobó que las escrituras presentadas por Cortés Rojas eran falsas y que en otras escrituras, legales, los predios en disputa figuraban a nombre del distrito. Asimismo, se llegó a la conclusión, según la Fiscalía, que los paramilitares Ángel Gaitán Mahecha y Elkin Arroyave intentaron escriturarse de manera fraudulenta parte de los terrenos en los que quedaba el humedal, llamándolos La Providencia, y para dicho fin usaron a Jorge Enrique Cortés como testaferro. Esta decisión, en contra del supuesto dueño de La Providencia, era necesaria para que se pudiera proferir el fallo dado por el magistrado Vargas Bautista, ya que, si se anulaba la escritura, no había razón para indemnizar a Cortés Rojas. 

En este mismo proceso, el magistrado habría ignorado que la reclamación hecha por Cortés Rojas ya había caducado. Según la Fiscalía, el togado no aceptó la petición de que se archivara el proceso ya que había pasado los tiempos para que el supuesto dueño de La Providencia interpusiera la demanda para ser reparado. 

Los hechos en el caso de Soporte Vital serían muy similares a los primeros reseñados. De acuerdo con el ente acusador, el magistrado no se declaró impedido con “la intención de seguir en control del proceso, al hacer de ponente, para favorecer a Eslava Montes”.  En este caso, para la Fiscalía, Vargas Bautista desconoció los contratos realizados entre la empresa Soporte Vital, representada por Eslava Montes, y la ESE Hospital de Ubaté y decidió liquidar los convenios. Con esta acción, condenó al centro hospitalario a pagar una indemnización a su contraparte de $9.000 millones, cuando, según el ente acusador, era Soporte Vital la que adeudaba $1.200 millones.

En este caso, se habría presentado una acción muy similar a la que habría ocurrido en el cartel de la toga. El magistrado Vargas, según testimonios revelados por la Fiscalía, se reunió con el abogado y el dueño de Soporte Vital para recomendarles que incluyeran a la abogada Kelly Eslava en el equipo legal. Solo cuando el dueño de la empresa cambió su defensa por Eslava Montes, el proceso habría tenido sus primeros éxitos en el despacho del togado. 

Además del prevaricato por acción y omisión, para la Fiscalía, el magistrado también incurrió en el delito de cohecho al recibir dinero por sus fallos. En el caso del humedal Jaboque, le habrían hecho cerca de 30 pagos por un total de $125 millones. En la audiencia de imputación, el ente acusador presentó lo que serían giros hechos por Kelly Andrea Eslava Montes hacia la cuenta del magistrado.

Frente a los cargos expuestos por la Fiscalía, Vargas Bautista se declaró inocente. En la tarde de este jueves se continuó con la audiencia en la que el ente investigador pidió prisión preventiva en contra del hoy investigado, quien a su vez es hermano del magistrado Alcibíades Vargas Bautista, en juicio por corrupción. En esta audiencia, el ente investigador mostró interceptaciones telefónicas legales que demostrarían la relación de cercanía entre el togado y la abogada. Además, en estos audios habrían quedado registrados los pagos que habría sido hechos a Vargas Bautista con la intermediación de un amigo suyo. En las grabaciones también quedó registrado un diálogo entre Cortés Rojas y una persona de identidad desconocida que le pedía $3.000 millones para que su caso, que está en el Consejo de Estado, fuera fallado a su favor. 

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Redacción Judicial

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Magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca habría vendido fallos: Fiscalía

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