:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/PZcqxByPXUUfDFISgBlh_V57-Xo=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/7QIMCL3Y5NGR5G5OP6OTKJBX4I.jpg)
El 4 de diciembre de 1996, hombres de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) asesinaron a 11 campesinos del corregimiento de Pichilín, zona rural de Morroa (Sucre). La investigación judicial de la masacre comenzó tiempo después y el nombre de Salvatore Mancuso, el exjefe paramilitar de las Auc salió mencionado por haber sido él el comandante de la operación.
La justica colombina lo absolvió de toda su responsabilidad en dos fallos, uno en 2003 y el segundo en 2005, ambos proferidos por juzgados en Sincelejo. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia anunció que Mancuso será procesado por estos hechos.(Lea aquí cómo empezó el proceso de restitución de tierras en Pichilín)
La decisión del alto tribunal se da después de que la Procuraduría presentara un recurso de revisión de ambos fallos de los jueces de Sincelejo. El Ministerio Público le pidió a la Corte que revisara el expediente de Pichilín pues el propio exjefe paramilitar, extraditado a Estados Unidos, había confesado su participación en la masacre.
“Se seleccionaron unas personas, creo que fueron 11 o 12 personas (...), de las cuales asesinaron creo que fue una o dos personas dentro del pueblo (...) y fueron dejando a las otras personas sobre la vía, dejándolas muertas sobre la carretera”, confesó Mancuso ante la Fiscalía.
Lo que pasó el 4 de diciembre de 1996 fue también materia de investigación en el Consejo de Estado. El 16 de julio de 2015, el alto tribunal le ordenó al Estado colombiano a pedir perdón por lo sucedido “por no haber hecho nada e incluso haber propiciado la masacre”. (Lea aquí más sobre la condena del Consejo de Estado)
El Consejo de Estado explicó en el fallo que “la ayuda suministrada por los uniformados (de la Fuerza Pública) fue determinante para llevar a cabo el macabro plan de “limpieza” de las Auc y se colige sin dificultades que tanto la Policía como la Armada fueron cómplices de la masacre”.
Agregó que: “Está probado que tanto el capitán de la Policía Jorge Javier Muñoz Suárez, como el mayor de la Armada Luis Guillermo Parra Niño, conocían con antelación que se iba a llevar a cabo tan execrable conducta y no sólo guardaron silencio al respecto y no hicieron nada por evitarla, sino que además, lo que resulta más reprochable, estuvieron de acuerdo con la misma”.