Mapiripán: revisarán caso por caso

Por falsas víctimas del caso se verificarán los procesos en los que ha sido condenado el Estado. Ministro de Defensa pide investigar a quienes engañaron a las autoridades.

Sin desconocer la gravedad de la masacre de Mapiripán (Meta), en julio de 1997, la actuación de los defensores de las víctimas de este macabro episodio quedó en entredicho luego de que la Fiscalía asegurara que en la lista de personas indemnizadas se colaron algunas que ni siquiera vivían en esa población. El escándalo estalló el pasado martes, cuando una fiscal de Justicia y Paz expuso que 16 de las 26 víctimas que reportaron como muertas, no fueron asesinadas: “Aún siguen vivas o fallecieron en otras circunstancias”, dijo.

El descubrimiento causó revuelo, ya que por este hecho al Estado lo condenaron a pagar casi cuatro millones de dólares en indemnizaciones. Ante la nueva noticia, el Gobierno anunció la revisión rigurosa de todos los casos por los que ha sido demandado, para identificar si existen más “colados”.

A la fecha, Colombia ha pagado US$24 millones en indemnizaciones por condenas internacionales, de los cuales se presume que al menos tres millones de dólares se han entregado a falsos afectados. La preocupación y la necesidad de hacer la revisión aumentan si se tiene en cuenta que actualmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (instancia previa a la CIDH) estudia otros 50 casos en contra del Estado, que de ser condenado, pagaría casi US$100 millones.

Como evidencia de las falsas víctimas de Mapiripán, la Fiscalía presentó la confesión de Mariela Contreras, una mujer que recibió $1.700 millones por la muerte de su esposo y la desaparición de su hijo, a los que reportó como víctimas sin haber vivido en el municipio para esa época. Ella dijo que alguien le sugirió hacerse pasar por víctima y que ella accedió por necesidad. Esto encendió la alarma entre las autoridades. Ante esto, la magistrada que presidió la audiencia ordenó adelantar la investigación.

Que investiguen

Ante la situación, Juan Carlos Esguerra, ministro de Justicia, expresó que detrás de esto está claro que hubo faltas disciplinarias y la comisión de delitos graves como fraude procesal, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir. "Creemos que de parte de quienes hayan estado asesorando a estas pretendidas víctimas pudo haber unas faltas disciplinarias gravísimas para el país".

Por esta razón, habló de la necesidad de que la Fiscalía adelante la investigación penal contra los responsables de presunto fraude y de quienes los asesoraron. “Este caso produce indignación. Trataron de hacer aparecer un episodio lamentable infinitamente más grande de lo que fue, sólo por sacar provecho económico. No hay derecho a que se abuse de la justicia y se asalte la su buena fe de los tribunales internacionales”, dijo.

Y agregó: “Grave que un país que está haciendo el esfuerzo para mejorar la causa de las víctimas vea cómo se abusa por unos que resuelven posar de víctimas cuando no lo son y obtener asesoría de quienes tratan de conseguir para ellos, ilegítimamente, unos recursos a los que no tienen derecho”.

Ante las declaraciones del ministro Esguerra, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Ccajar), organismo que representó a las víctimas en la demanda internacional, sostuvo que Mariela Contreras no sólo se había acreditado como víctima ante ellos, sino que rindió declaraciones varias veces ante la Fiscalía General.

Los litigantes explicaron que sus representados se registraron como víctimas ante tribunales nacionales penales, disciplinarios y contenciosos. Destacaron, sobre todo, que el número de víctimas estimado está basado en testimonios de víctimas, de habitantes de Mapiripán y de jefes paramilitares como Carlos Castaño, por lo que se había advertido desde el inicio que el número de muertos y desaparecidos no eran menos de 20.

“Siempre hemos actuado de buena fe y seguiremos creyendo en la buena fe de las víctimas. El Ccajar se pone a disposición de las autoridades judiciales para el esclarecimiento de los hechos”.

Todo este caso deja en entredicho también la falencia en las investigaciones nacionales, debido a que sólo 11 años después de la matanza, un fiscal habla de las inconsistencias en la cantidad de víctimas. La Corte Interamericana, en su fallo, le había ordenado al Estado la necesidad de que “para efectos de las reparaciones, el Estado individualice e identifique las víctimas ejecutadas y desaparecidas, así como sus familiares”. Orden que parece no se cumplió de manera rigurosa en el caso de la señora de Mariela Contreras, que se hizo pasar por víctima.

A la par con el escándalo, justamente ayer se conoció que, en el caso de Mapiripán, la Corte modificó las penas del general (r) Jaime Humberto Uscátegui y del coronel (r) Hernán Orozco: de 40 años de cárcel, el primero tendrá que pagar 37 y el segundo, 38.

La Corte, además, pidió concepto a la Procuraduría por la falta de consistencia entre los cargos de los que fueron acusados y por los que fueron condenados, así como por la “falta de determinación en el número de víctimas”, argumento por el cual los oficiales piden se anule todo el proceso.

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