Mapiripán, un mar de confusiones

Gobierno pedirá que el tema se discuta en la OEA. La sentencia, como lo aseguró la fiscal Morales, es definitiva e inapelable.

El escándalo surgido por las posibles falsas víctimas de la masacre de Mapiripán ha involucrado, literalmente, a todo el mundo. La Fiscalía indaga si hubo fraude; la Cancillería pondrá el debate sobre la mesa en el próximo encuentro de la OEA; la Comisión Interamericana de DD.HH. pidió tiempo para evaluar la información disponible; el presidente Juan Manuel Santos rechazó que “avivatos” se quisieran aprovechar del sistema interamericano; el vicepresidente Angelino Garzón le pedirá al presidente de la Corte Interamericana que venga a Colombia a tratar el delicado asunto; mientras que el Consejo de la Judicatura revisará si hubo engaños por parte de funcionarios judiciales y abogados.

Mariela Contreras, la mujer que confesó haber cobrado una indemnización por familiares que no habían muerto realmente en el macabro episodio de Mapiripán, aseguró ante distintos medios que ella le había notificado al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo que uno de sus hijos, supuestamente desaparecido luego de la masacre, estaba vivo. “Dejemos así”, le habrían respondido los litigantes. La fiscal general Viviane Morales afirmó que no sólo los abogados, sino las falsas víctimas, como la propia Mariela, serán investigados a fondo. De acuerdo con la alta funcionaria, por lo menos nueve personas reportadas como víctimas de esta masacre murieron en realidad en otras circunstancias.

Según cifras de la Fiscalía, los crímenes documentados de la masacre de Mapiripán son seis homicidios, cuatro desapariciones, tres secuestros y 68 desplazamientos forzados. Las cifras manejadas tanto por la justicia colombiana como por el sistema interamericano, sin embargo, nunca dieron luces de un número exacto. Desde julio de 1997, un fiscal especializado de San José del Guaviare dispuso que se realizaran “todas las pruebas inherentes a la identificación de víctimas”, y así se lo expuso el Estado colombiano al tribunal interamericano. No obstante, en su fallo, emitido el 15 de septiembre de 2005, la Corte advirtió que aunque habían pasado ocho años desde la masacre, aún faltaba por identificar e incluso localizar restos de otras personas.

Los pagos se determinaron de manera individual. A Mariela Contreras le correspondieron US$410.000 (unos $800 millones). Sus otros dos hijos y su hijastra recibieron US$450.000 (unos $900 millones). La versión que Mariela entregó a la unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía fue que su esposo, Gustavo Caicedo, murió antes de la masacre, que su hijo Hugo no desapareció en la matanza sino que estaba en la guerrilla y que su hijo Diego Fernando estaba vivo y había sacado su cédula de ciudadanía en 2001. Dijo, además, que vivía a siete horas de Mapiripán y que fue otra de las registradas como víctima, María Bustos, quien le dijo que se integrara al proceso de reparación a través del Colectivo de Abogados.

Seis años atrás, sin embargo, Mariela testificó personalmente ante la Corte Interamericana otra versión. En los registros quedó que Mariela dijo que vivía a hora y media de Mapiripán, que estaba “traumatizada por lo que había pasado”, que sus hijos lloraban de hambre luego de abandonar a la fuerza su casa, que quedó “moralmente destrozada por la falta de sus hijos y esposo”. Reclamó justicia para que no se siguiera “masacrando gente” y expuso, una y otra vez, el temor que sentía. Sus declaraciones también las certificó ante la Notaría 21 de Bogotá, en diciembre de 2003. Cuando el caso llegó a la Corte, el Estado alegó que Mariela y su esposo desempeñaban “una actividad ilícita” y por esa razón no se le debía otorgar indemnización por lucro cesante.

Que el Estado haya podido establecer las actividades económicas de Mariela y su esposo, pero no haya detectado el registro de defunción de Caicedo antes de la masacre, deja entrever que también ha habido serias omisiones en el proceso de identificación de víctimas por parte de las entidades oficiales. Carlos Vicente de Roux, juez de la Corte Interamericana entre 1998 y 2003, le dijo a este diario: “El Estado está obligado a contribuir con el esclarecimiento de los hechos, porque no es un particular amparado por la presunción de inocencia, y no puede salir a decir ahora que engañaron a la Corte. ¿Cómo es que después de 14 años nos dicen que no fueron tantas víctimas? La Corte trabaja con los elementos que las partes aportan y el Estado no es una parte débil. Al contrario, tiene toda la responsabilidad de aportar elementos para esclarecer lo ocurrido”.

Son todavía muchos los interrogantes que giran alrededor de este asunto. Gustavo Zafra, quien fue juez ad-hoc para el caso Mapiripán, había advertido que la ejecución de la sentencia iba a presentar un “problema muy complejo”, dada la dificultad de identificar un número de víctimas distinto al establecido entonces por la Fiscalía, que era 23. El Colectivo de Abogados, por su parte, ha manifestado su disposición de colaborar con las indagaciones, mientras que abogados de la Defensoría Militar aseguran que otros engaños podrían aparecer en los procesos que la Corte está por fallar, entre ellos el polémico caso de Santo Domingo.

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