Mapiripán y sus culpas

Documento desclasificado del Departamento de Estado asegura que el coronel (r) Hernán Orozco resultó incriminado porque mandos militares querían cubrir la responsabilidad de otros.

Hoy hace 15 años, a las 4:30 de la mañana, un comando de las Auc integrado por cuando menos 120 hombres llegó al aeropuerto de San José del Guaviare desde un aeropuerto del Urabá, ambos fuertemente custodiados por las Fuerzas Militares. Ese fue el comienzo de una cadena de complicidades y omisiones que derivó en lo que, a partir de entonces, se conoce como la masacre de Mapiripán, cometida entre el 15 y el 20 de julio de 1997. Quince años, sin embargo, no ha sido tiempo suficiente para determinar con certeza qué sucedió en ese remoto municipio del Meta.

Para empezar, hasta el día de hoy, no se puede afirmar cuántas víctimas fueron cubiertas con el manto de la violencia paramilitar. Los testimonios iniciales hablaban de 49, entre muertos y desaparecidos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado, con información entregada por este mismo, por la muerte o desaparición de 20 personas, exigiéndole al Estado terminar con su obligación de identificar a quien faltara. En octubre pasado, la fiscal de Justicia y Paz Yolanda Prado aseguró que el número probado no pasaba de 13. El informe de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía reseñó hasta 77 afectados.

El despelote de las cifras es injusto frente al horror que durante esos cinco días los habitantes de Mapiripán soportaron. La masacre fue la introducción al azote de la barbarie paramilitar, pero no a la violencia en sí. Ya la guerrilla llevaba años en las mismas, dominando además el cultivo de coca —Mapiripán ha encabezado por años la lista de pueblos colombianos con más plantaciones ilegales, dice la ONU— y, precisamente por esa razón, Carlos Castaño Gil lo declaró objetivo militar. Tal como lo han testificado exparamilitares, Castaño lo consideraba un frente de la subversión. De ahí la importancia de someterlo y arrasarlo, tal como sucedió.

“Va a haber muchos más Mapiripanes”, advirtió Castaño Gil en esa época. Con esta macabra advertencia, masacres como la de Barrancabermeja en 1998 o La Gabarra en 1999 se convirtieron en el triste lugar común de ser la crónica de una muerte anunciada. Mapiripán resultó siendo la presentación de las Auc bajo el mando de Carlos Castaño (tras la muerte de su hermano Fidel), quien para 1997 ya había ideado junto con Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez, confederar todos los grupos de autodefensa del país para poder, como ocurrió posteriormente, negociar con el Gobierno Nacional y dejar las armas.

El papel de los militares en la masacre de Mapiripán es uno de los episodios más vergonzosos en la historia de la institución castrense. Fue esta masacre, además, la primera por la que el Estado colombiano resultó sancionado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Estado se defendió, alegando que los militares no tenían control sobre las tropas paramilitares. A pesar de esos argumentos, en el sistema interamericano la responsabilidad estatal en los violentos hechos ocurridos entre el 15 y el 20 de julio de 1997 quedaron comprobados a todas luces.

Algunos militares fueron condenados, entre ellos los coroneles (r) Lino Sánchez y Hernán Orozco —hoy favorecido con asilo político en Miami— y el general (r) Jaime Humberto Uscátegui. En el caso de este último, sin embargo, él y su familia defienden su inocencia a contracorriente. Insisten en que Uscátegui no tenía jurisdicción ni margen de maniobra en Mapiripán y, al contrario, reclaman los baches que la justicia no ha pavimentado: ¿cuál fue el rol del general (r) Rito Alejo del Río, entonces comandante de la Brigada 17 con sede en Carepa (Urabá antioqueño)? ¿Cómo pudieron despegar más de un centenar de paramilitares de esa zona sin que nadie los atajara?

En un documento desclasificado por el Archivo de Seguridad Nacional, divulgado ayer, se lee que el gobierno de Estado Unidos le concedió el asilo al coronel (r) Orozco y a su familia porque, tras revisar expedientes de Mapiripán, concluyeron que sus esfuerzos por prevenir la masacre fueron bloqueados en la cadena de mando y que, peor aún, posteriormente fue involucrado en los hechos como parte de un plan a conciencia de las autoridades militares “en un esfuerzo para crear confusión y ocultar la responsabilidad de otros”. La participación de miembros de la Fuerza Pública en este crimen colectivo, sin embargo, no significa de ninguna manera que no sean los paramilitares, de lejos, los principales causantes de tanto dolor.

Han pasado ocho meses y contando desde que Mariela Contreras Cruz confesó públicamente que ella no era una damnificada más de la masacre de Mapiripán. Ante la justicia, esta mujer de 61 años de edad y origen campesino, admitió que su esposo y dos de sus hijos, registrados oficialmente como muertos en la masacre, no habían fallecido realmente en esas fechas y esas circunstancias. Afirmaciones gravísimas que, no obstante, aún no le han valido una investigación formal. Doña Mariela, como pudo constatar este diario con la Fiscalía, sigue en calidad de indiciada (sospechosa).

El Espectador conoció todas las declaraciones que esta mujer nacida en San Martín (Meta) le ha entregado a la justicia. En la última, fechada el 14 de mayo de este año, ella contó que su familia está tan enojada con lo que ha pasado que no le habla. Insistió en que María Bustos fue quien la llevó al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo para que se acreditara como víctima. Bustos, testificó la propia doña Mariela en una notaría, perdió a dos hermanos en la masacre. Ahora, ella y su padre viven en Canadá en calidad de asilados. La Fiscalía, sin embargo, reúne pruebas para establecer si ella se convirtió en una especie de ‘reclutadora’ de falsas víctimas. De ser así, Bustos podría afrontar la posibilidad de un proceso penal en Colombia.

A pesar del fraude que protagonizó, doña Mariela a su vez encarna perfectamente cómo el conflicto golpea más duramente a la gente del campo. A su esposo, contó ella, lo asesinó la guerrilla por considerarlo “un sapo”. Uno de sus hijos se fue con los paramilitares y dos con las Farc. Ella y su familia sobrevivían raspando hojas de coca en zona rural de Mapiripán, hasta que tuvieron que desplazarse a Bogotá en donde, literalmente, morían de hambre. La indemnización por la masacre se convirtió en su bendición, pero de esos casi $1.800 millones no queda un centavo. Hoy, esa indemnización es su infierno.

Quienes llevan años trabajando de cerca el caso de Mapiripán saben que con el caso de doña Mariela se abrió el boquete de las ‘falsas víctimas’, lo que afectó la credibilidad de este y otros procesos, y le causó un daño enorme al proceso. La justicia también investiga el papel que jugó el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo —que ya devolvió los $746 millones que recibió por representar al núcleo familiar de doña Mariela—, pues ella insiste en que aquellos litigantes sabían que su hijo supuestamente desaparecido estaba vivo. Ellos insisten en que esa información nunca la recibieron.

En Twitter @dicaduran

 

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