:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/ANgHW0FLPUiIdbypRekmCs-tWss=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/TTW2DUO2MJBV3D7NOPM44X44IE.jpg)
La fallida experiencia de la Ley de Justicia y Paz, que exigía la investigación y juzgamiento de todos los crímenes confesados por los paramilitares —39.546—, fue una de las tesis esgrimidas por el magistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt para respaldar el Marco Jurídico para la Paz. En esencia, según la ponencia de Pretelt revelada por Semana, las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por organizaciones ilegales deben ser revisadas bajo un contexto de macrocriminalidad, con máximos responsables, con el fin de impedir la impunidad.
En otras palabras, la visión del fiscal Eduardo Montealegre y del propio Gobierno estaría abriéndose camino para recibir la bendición de la Corte Constitucional. La ponencia de Pretelt advierte que el acto legislativo que sienta las bases jurídicas de la negociación de paz adelantada con las Farc no sustituye la Carta Política, es decir, se ajusta a las normas constitucionales en aras de conseguir el fin del conflicto armado. El magistrado señala que de investigarse todos los delitos, tal como ocurrió con los paramilitares, serían necesarios cien años para evacuar dichos expedientes. Lo cual se traduce en una impunidad generalizada.
La ponencia solicita que para la aplicación del Marco para la Paz debe haber una terminación del conflicto como condición, así como procesos transparentes de priorización de los casos que serán indagados, y fijar salvaguardas para las mujeres víctimas y menores de edad. Una vez repartida la ponencia a sus ocho colegas, empieza a correr la cuenta regresiva para que la Corte fije una posición en este candente debate, cuyo plazo vence el 28 de agosto. Fuentes consultadas por El Espectador aseguran que parece haber consenso entre los magistrados para avalar el acto legislativo, pero con fuertes condicionamientos.
“No creo que nadie pida la inexequibilidad de la norma. La tesis de que la negociación con la guerrilla traduce sometimiento a la justicia tampoco parece muy viable. Eso sí, tampoco veo que se vaya a aprobar tal cual como quedó el Marco para la Paz. Muy seguramente se establecerán unas reglas sobre la ley estatutaria que regulará la ejecución del Marco Legal para la Paz y se fijarán condicionamientos para que no se burlen los derechos de las víctimas en aras de la paz”, le dijo a este diario una fuente del alto tribunal. Otra fuente consultada recordó que ante el colapso de Justicia y Paz y ante el hecho de que no se tomaron decisiones a tiempo para corregir el cinismo de las autodefensas con los bienes para reparar a las víctimas, este acto legislativo con las correcciones necesarias será más provechoso que perjudicial.
De la audiencia pública del pasado jueves en la Corte, dos posiciones en orillas opuestas quedaron en evidencia. De un lado, la que abanderó el procurador Alejandro Ordóñez, en el sentido de darle una prelación mayor al valor de la justicia sobre el valor de la paz, en cuyo caso la salida esbozada fue aplicarles a las guerrillas el marco de Justicia y Paz. En la otra orilla intervino el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, José Leonidas Bustos, quien ponderó el valor de la paz por encima del de la justicia, al punto incluso de hablar de amnistías. En ese rango se dieron las demás intervenciones, es decir, entre la negociación y el sometimiento. Por ahora la tesis más extendida en la Corte es la de la negociación.
La Corte deberá resolver qué entender por “máximos responsables” de los delitos, aclarar el concepto de sistematicidad y las penas alternativas. Dicho de otro modo, la Corte fijará unas pautas precisas y un rasero mínimo sobre las condenas simbólicas que podrían recibir los jefes de las Farc. Algo como que el hecho de que pidan perdón por televisión, por poner algún ejemplo, no es suficiente para sanear su pasado con las víctimas. Hay antecedentes sobre las posiciones de los magistrados en estos temas, el de sacrificar justicia para que una negociación no se frustre. Los magistrados Pretelt, Mauricio González, Nilson Pinilla, entre otros, han defendido esta postura.
Parece haber ambiente para aprobar este acto legislativo. El próximo miércoles los nueve magistrados discutirán por primera vez la ponencia de Pretelt.