A María del Pilar Hurtado se le deben conceder todas las garantías: Procurador General

El jefe del Ministerio Público aseguró que a vigilará que se le otorguen todas las garantías procesales, al igual que la de todos los colombianos”.

María del Pilar Hurtado.Luis Ángel

El procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado aseguró tanto la Fiscalía General y la Corte Suprema de Justicia le deben otorgar todas las garantías procesales a la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado Afanador, quien enfrenta proceso por su participación y responsabilidad en las denominadas ‘chuzadas’.

“La Procuraduría será garante de las garantías constitucionales, al igual que la de todos los colombianos que sean sometidos a los procesos judiciales”, precisó el jefe del Ministerio Público al ser preguntado sobre la entrega de la exjefe del organismo de seguridad en la madrugada del pasado sábado.

Ordóñez Maldonado aseguró que es importante que se le concedan todas las garantías, “es indudable que todos los colombianos tenemos garantías que deben ser respetadas en los procesos”, señaló el jefe del organismo de control disciplinario. Se espera que en las próximas semanas se conozca un fallo de la Corte Suprema de Justicia en este proceso.

Desde noviembre de 2010 la exdirectora del DAS se encontraba en Panamá gozando de un asilo territorial otorgado por el Gobierno del presidente Ricardo Martinelli al aceptar la petición de Hurtado quien aseguró que era víctima de una persecución política por parte de las autoridades colombianas.

Sin embargo, a mediados del 2014 se presentaron una serie de decisiones judiciales que finalizaron con la cancelación de su pasaporte y la expedición de la circular roja por parte de la Interpol. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá avaló la legalización de la captura de Hurtado en la tarde del pasado sábado, teniendo en cuenta que existía vigencia de la medida de aseguramiento emitida en marzo de 2011.

En la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia la exfuncionaria fue procesada por su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir, violación ilícita de comunicaciones, abuso de función pública, prevaricato por acción y falsedad ideológica en documento público relacionados con los seguimientos ilegales realizados contra magistrados de la Corte Suprema, periodistas y congresistas de oposición del Gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
 

 

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