“Marquitos” Figueroa, a punto de enfrentar nuevo juicio por homicidio

“Marquitos” Figueroa llegó extraditado de Brasil en abril de 2016. / Gustavo Torrijos- El Espectador

Marcos de Jesús Figueroa, más conocido como Marquitos Figueroa, llegó a Colombia en abril 28 de 2016, extraditado desde Brasil. A pesar de su alto perfil, sus procesos, desde entonces, han estado marcados por las demoras y las dilaciones. Tanto así, que en dos de sus casos —el de Yandra Brito y el del asesinato de un venezolano y un oficial de la Sijín— se vencieron los términos. En el único que lo tiene en la cárcel, el asesinato de Óscar Rodríguez Pomar, ya se ha corrido en dos ocasiones la fecha para leer el escrito de acusación. El pasado martes 15 de octubre se iba realizar la diligencia en contra del presunto narco, pero el defensor de Marquitos no llegó porque tenía otros asuntos.

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Para el abogado de la familia Rodríguez Pomar, Miguel Ángel del Río, el hecho fue un intento más por dilatar el proceso y así llegar al vencimiento de términos, como en los otros casos. Ya han sido varias las denuncias de este litigante sobre los intentos de la defensa de Marquitos por retrasar el proceso: el último llamado de atención lo hizo públicamente el viernes 11 de octubre. Según Del Río, los abogados de Marquitos planeaban pedir la preclusión del caso de Rodríguez Pomar, pues en su proceso de extradición desde Brasil, el cual demoró casi dos años desde su captura en la ciudad de Boavista, se acordó que Figueroa no podía ser juzgado en Colombia por crímenes cometidos antes de 2015.

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“Es un absurdo. De ser así, Marquitos no tendría ningún crimen por el cual ser juzgado en Colombia. No tendría ningún sentido jurídico que sea juzgado por crímenes posteriores a 2015”, reclamó el abogado de las víctimas. En contraste, el defensor de Marquitos en este expediente, Diego Alfonso Londoño, aseguró a este diario que el representante de la familia Rodríguez Pomar miente, que Marquitos no llegó a ningún acuerdo con la justicia brasileña, que no recurre a tácticas dilatorias y que, al final, no importa si Figueroa está en prisión o no en estos momentos, sino el resultado de los juicios. Londoño agregó que prefería no decir más para no afectar los expedientes que están en curso.

El Espectador revisó todos los documentos de la justicia brasileña relacionados con el proceso de Marcos de Jesús Figueroa y encontró dos cosas claves. La primera, que en ellos no se especifica ningún acuerdo entre ese sistema judicial y el presunto capo de La Guajira. La segunda, que sí quedó establecido (como en otras extradiciones desde Brasil) que Marquitos no puede ser procesado en Colombia por crímenes anteriores a los mencionados en la solicitud de extradición: los asesinatos de Dílker Becerra e Iván Martínez Aroca, cometidos el 8 de agosto de 2011 en La Guajira, un caso que, desde que Marquitos pisó suelo colombiano, no se ha movido un ápice.

No es un dato de poca monta, pues, por ejemplo, Henry Ustáriz (esposo de la exalcaldesa Yandra Brito) y su escolta fueron asesinados en abril de 2008. De hecho, el abogado Diego Londoño le confirmó a este diario que piensa “hacer valer el tratado de extradición entre ambos países” este lunes 21 de octubre, día en que quedó reprogramada por tercera vez la audiencia de acusación de Marquitos por el crimen de Óscar Rodríguez Pomar. Pero ese homicidio se perpetró en Barranquilla, a plena luz del día, el 18 de agosto de 2011. Es decir, 10 días después de las muertes violentas de Becerra y de Martínez Aroca, por las cuales Marquitos fue pedido en extradición a Brasil.

A principios de este año, la defensa de Figueroa buscó que se anulara el llamado a juicio por los asesinatos del venezolano Dani Deluque y del funcionario de la Sijín Juan Bautista Pérez Ruiz, ejecutados en 2012, alegando que no fueron incluidos en el pedido de extradición al gobierno brasileño. En ese momento, sin embargo, el juez negó la petición porque “la solicitud y orden de extradición de Marcos Figueroa (…) implica no solo los hechos que de manera específica detallada quedaron comprendidos en esos documentos, sino que (…) también quedó comprendida la presunta vinculación de Marcos Figueroa a un colectivo criminal que operaba en La Guajira desde 1995”, recogió el diario El Pilón.

Detalles de la acusación

Este periódico conoció el escrito con el que la Fiscalía llamará a juicio al presunto narcotraficante nacido en Fonseca, La Guajira. Radicado el 3 de septiembre de este año, en el documento quedó consignado que Figueroa afrontará el juicio por el crimen de homicidio con el agravante que fue realizado “por precio, promesa remuneratoria, ánimo de lucro” y por estar la víctima “en situación de indefensión o inferioridad”. Figueroa podría afrontar una pena de hasta 50 años de prisión, aunque la justicia brasileña, al extraditarlo, advirtió que él no podría ser condenado a más de 30 años tras las rejas y que se debía descontar el tiempo que estuvo detenido en ese país, es decir, dos años.

Marquitos, quien figura como comerciante en los registros de la Fiscalía, es para el ente acusador uno de los principales determinadores del crimen de Óscar Rodríguez Pomar, hijo de un reconocido sastre de Barranquilla llamado Carlos Rodríguez Gómez. En el texto acusatorio queda claro que Diego Acuña Carvajalino, alias Dieguito, disparó en reiteradas ocasiones en contra de Rodríguez Pomar por órdenes de Figueroa, cuya organización había sido contratada para que matara a Carlos Rodríguez, padre de la víctima, por una deuda cercana a los $1.000 millones que tenían con él. Así se lo reveló a la justicia el propio Acuña Carvajalino.

Sobre este punto, como lo reveló El Espectador, gracias a testimonios de personas vinculadas al crimen, la Fiscalía concluyó que Marcos Figueroa recibió la oferta de $200 millones para acabar con la vida del empresario barranquillero. A él, el organismo investigativo lo describe como “el máximo jefe de una organización delincuencial, que hacía presencia en la región Atlántica de nuestro país, principalmente en los departamentos de La Guajira, Magdalena, Cesar y Atlántico, que se dedicaba entre otras actividades marginales al contrabando de hidrocarburos, homicidios selectivos, secuestros, extorsiones, tráfico de armas y de estupefacientes”.

Para el ente acusador es más que claro que quienes hicieron esa oferta a Figueroa fueron José Ñeñe Hernández, asesinado en Brasil en mayo de este año; Edmundo González, ciudadano venezolano con el alias de Peco, y el exalcalde de Tenerife (Magdalena) Ómar Vanegas, conocido como Roco, extraditado a Estados Unidos por crímenes relacionados con el narcotráfico. Según la Fiscalía, los tres tenían millonarias deudas con el sastre Rodríguez, por lo que prefirieron pagarle a Marquitos Figueroa para que los matara en vez de cubrir el préstamo que habían adquirido con el empresario barranquillero, quien, a su vez, habría amenazado con mandarles a los Rastrojos si no le pagaban. Ni González ni Vanegas están vinculados a la investigación formalmente.

El escrito acusatorio también demuestra que, para la Fiscalía, es evidente que el asesinato de Óscar Rodríguez Pomar fue un error, ya que “el señor Marcos de Jesús Figueroa impartió las correspondientes órdenes y coordinaciones para cumplir el encargo criminal (asesinar a Carlos Rodríguez)”. Como este diario contó hace unos meses, los sicarios confundieron a la víctima con su padre, pues la única identificación con que contaban era el carro en que se movilizaba, y en esa mañana de agosto, Carlos Rodríguez le prestó el carro a su hijo para que realizara algunas diligencias.

Entre los testigos llamados a declarar están varios hombres de la organización de Figueroa, incluyendo su sobrino y supuesto jefe de sicarios, Paúl Corrales. También fueron listados los testimonios de dos hombres cercanos a la organización, que serían claves para probar la responsabilidad de Marquitos. Entre los testigos figura, igualmente, el nombre de Arnulfo Sánchez González, alias Pablo Juan o el Señor del Desierto, exjefe del frente Resistencia Tayrona de las Auc condenado por la masacre de Bahía Portete. Sánchez ya ha declarado que Marquitos Figueroa era el brazo armado del exgobernador Francisco Kiko Gómez, sentenciado a 55 años de prisión por el homicidio de Yandra Brito.