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La Procuraduría le pidió a la Superintendencia de Salud que intervenga "de manera inmediata" la EPS Coomeva. Billonarias deudas, cientos de quejas diarias y otras supuestas irregularidades llevaron al Ministerio Público a encender las alarmas porque los más de 2 millones de afiliados a esta entidad estarían en riesgo de quedarse sin acceso a servicios de salud.
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El Ministerio Público advirtió que la entidad promotora de salud (EPS) reporta deudas por $2.2 billones, por lo que algunas instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS), como hospitales, laboratorios, entre otros, optan por no prestarle servicios a los afiliados. Esto, según el ente de control, ha llevado a Coomeva a realizar "pagos anticipados, con tarifas plenas superiores a las pactadas en los acuerdos contractuales (con las IPS), para poder cumplirle a los usuarios".
Aunque la Procuraduría reconoce este esfuerzo de Coomeva por cumplirle a sus usuarios, a pesar de las deudas, también advierte que los incumplimientos inundan la entidad. Según el Ministerio Público, a julio de 2019 se habían registrado 42.702 peticiones, quejas o reclamos (PQRD) en la empresa. Es decir, en promedio se presentaron 203 quejas diarias o 6.100 mensuales relativas a posibles irregularidades en el acceso a servicios de salud de sus afiliados.
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Esta cifra fue considerablemente menor el año pasado. En todo 2018 se presentaron 60.824 peticiones, quejas o reclamos, lo que se traduce en un promedio de 5.068 mensuales. Según informó la Procuraduría, estos recursos tienen que ver, en su gran mayoría "con barreras de acceso para la atención de enfermedades de alto costo, falta de oportunidad y continuidad en procesos de atención en salud, realización de exámenes de apoyo diagnóstico, citas médicas de control con especialista y entrega de insumos y medicamentos". En pocas palabras: obstáculos para que los afiliados a Coomeva EPS accedan a los servicios.
El ente de control también le advirtió a la Supersalud que, a la luz de tantas denuncias, decidieron ponerle la lupa a la EPS. Las evidencias que encontró la Procuraduría darían cuenta que la EPS Coomeva estaría "incumpliendo con las condiciones financieras establecidas, no cuenta con una red de servicios médicos asistenciales en uno o varios niveles de complejidad, presenta un alto número de tutelas y embargos y tiene fallas en los programas preventivos".
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Sobre las tutelas y otras acciones judiciales que ya se han emprendido en contra de la entidad, el Ministerio Público agregó que solo en los primeros siete meses de este año "la cuantía de los procesos jurídicos contra la EPS asciende a $6.007.783.896". Más de 6.000 millones de pesos que darían cuenta de las 17.435 acciones de tutelas y 287 procesos de desacatos judiciales en los que está envuelta la identidad.
La Procuraduría había advertido a finales del año pasado que les podría el ojo a varias EPS, incluida Coomeva. En ese momento, la empresa indicó a través de un comunicado que viene trabajando de la mano de la Supersalud y otras entidades del Gobierno, en un Plan de Recuperación para encauzarse nuevamente. Además, que a septiembre del 2018 contaba con 2,3 millones de afiliados a los cuales se les han prestado alrededor de 16 millones de actividades asistenciales. De esta cifra, aseguró la EPS, solo el 2.2% han manifestado algún tipo inconformidad.
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