Más de 200.000 gramos de oro de las Farc van a subasta internacional

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El metal precioso que entregó la antigua guerrilla para reparar a las víctimas, más el que la Fiscalía le incautó, será subastado este martes en Medellín. Por disposición de la SAE, solo podrán participar empresas internacionales con el ánimo de evitar operaciones de lavado de activos.

Este martes 15 de diciembre, a las 10 de la mañana, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) realizará en Medellín una subasta sin precedentes para esta entidad: la de 208.191,22 gramos de oro que las antiguas Farc entregaron en el inventario de bienes que hicieron llegar a la Misión Especial de las Naciones Unidas entre julio y agosto de 2017, o que la Fiscalía les quitó para iniciar procesos de extinción de dominio. La custodia sobre el metal precioso se levantó solo un día antes, y los lingotes se transportaron desde el Banco de la República, donde estuvieron fuertemente custodiados, hasta el lugar indicado por el contratista que ayudó a la SAE en este tema para verificar su peso y pureza del oro. (“Se entregó todo el inventario de bienes que teníamos”: FARC)

El inventario de las Farc fue una agria polémica en su momento. En él los exguerrilleros incluyeron no solo oro o dólares, cuya monetización es evidente, sino también ollas pitadoras, molinos para hacer chocolate, sal de frutas, traperos, escobas, hasta limones, u obras como “mejoramiento de acueducto” o “cancha de microfútbol”. Incluso aportaron carreteras rurales. En su momento, las Farc explicaron que entregaban todos esos elementos porque ellos habían hecho en muchos lugares lo que el Estado no había querido. En contraste, el fiscal general de entonces, Néstor Humberto Martínez, le dijo al Gobierno que si el inventario no era más específico, la Fiscalía no podría hacer su trabajo.

Luego, en 2018, la Fiscalía y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) resultaron enfrascados en un disputa mayúscula, precisamente, por los bienes de las Farc. En junio de ese año, la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP solicitó medidas cautelares para los bienes que hacían parte del inventario de la extinta guerrilla, el cual ellos entregaron a la ONU bajo el nombre de “Economía de guerra”. La Unidad, básicamente, quería que las propiedades que entregaron las Farc –e incluso las que la Fiscalía le había quitado por cuenta de sus propias investigaciones- quedaran congeladas y que se garantizara que su monetización iba para las víctimas. (Farc entregaron primer listado de bienes)

El problema de esa postura, y así lo reclamó la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez, era que el organismo investigativo quería someter a proceso de extinción de dominio todo lo que le había logrado arrebatar a las Farc, tal cual lo indican las leyes vigentes. De esa manera, los bienes terminarían en manos de las SAE, la cual los vuelve dinero (vendiéndolos o arrendándolos, cuando es posible) y los da al Frisco (Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado), el cual a su vez pasa los recursos, entre otros, a la Rama Judicial y a la misma Fiscalía para la lucha contra el crimen organizado.

El listado de bienes no incluía solo cosas tan etéreas como carreteras. Había también más de 240.000 hectáreas, ganado, caballos y más de $16.0000 millones que se guardaron en caletas. Allí figuraban también US$450.000, los cuales la SAE vendió en diciembre de 2018 al Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos (US$1.500 resultaron falsos). La pelea de la Fiscalía de Martínez era por los bienes incautados por esa entidad, según Martínez, avaluados en unos $2 billones. La Corte Constitucional fue la encargada de zanjar la discusión y, en marzo de 2019, decidió que la Fiscalía era la entidad idónea para dictar medidas cautelares sobre bienes en proceso de extinción de dominio.

Dado que esta es la primera vez que la SAE asume una tarea de esta envergadura, se vio en la necesidad de abrir un concurso público para dar con un aliado, una empresa que tuviera experiencia en la comercialización internacional del oro y que pudiera ayudarle a conseguir firmas extranjeras que estuvieran interesadas en la compra de este metal precioso que entregó la antigua guerrilla como parte de sus bienes para reparar a las víctimas. La empresa que se ganó el concurso fue la Comercializadora Internacional Meprecol, una organización colombiana fundada en 2006 por productores mineros del Chocó y que trabaja, además, con platino. (Traperos, sal de frutas y ‘platicos’, entre los bienes de las Farc para resarcir a víctimas)

El oro que alguna vez perteneció a las Farc podría terminar en manos de compañías de Inglaterra, Estados Unidos, Italia, India y Emiratos Árabes Unidos, que son las que, hasta ahora, han mostrado interés en la compra de este metal. Así las cosas, el dinero que se reciba por 197.286,96 gramos de oro fino irá directamente a la reparación de las víctimas, pues es el que las propias Farc entregaron en 2017. El resto, 10.904,26, irá al Frisco, el cual deberá por ley destinar esos recursos así: un 25 % para la Rama Judicial, un 25 % para el propio ente investigativo –como peleó la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez– y el 50 % restante para el Gobierno.

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