Más de diez años después del escándalo, dos funcionarios de Metrotránsito irán a juicio

La extinta entidad tenía la responsabilidad del manejo del tránsito en Barranquilla, pero la corrupción de sus directivas obligó a la administración distrital a cerrarla. Casi doce años después de las primeras denuncias de contratos irregulares, dos exsubgerentes fueron acusados por la Fiscalía.

Archivo El Espectador

Metrotránsito era la entidad encargada de la gestión del transporte en Barranquilla, hasta que un escándalo de corrupción la desangró en la década pasada. Por estos hechos, ya fue condenado a 13 años de prisión el exgerente de la entidad, Carlos Arturo Altamar, y en una decisión conocida por este diario, la Fiscalía llamó a juicio a quien fuera el subgerente administrativo, Humberto Enrique Martínez y Jairo Alberto Calderón, subgerente operativo de la entidad.

El caso del saqueo a Metrotránsito se remonta a finales de la década pasada, cuando el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) alertó de posibles actuaciones irregulares al interior de la entidad en 2007. Las pesquisas daban cuenta de cómo varios propietarios de vehículos hurtados seguían figurando en el papel como dueños de los cupos, pero cuando intentaban hacer algún trámite relativo al cupo, se daban cuenta que éste había sido asignado a otra persona sin su conocimiento o autorización.

La Fiscalía quedó a cargo de la investigación y poco a poco fueron saliendo a flote las actuaciones de Altamar para hacerse a los recursos públicos. Por ejemplo, que le otorgaba a dedo contratos a la Cooperativa Coomuna, que creó la empresa Cubisa con sus socios para legalizarla como una empresa de taxis y otorgarse a sí mismo contratos, y que cientos de actas de chatarrización habían sido tramitadas de manera irregular.

A Altamar lo condenó el Tribunal de Barranquilla en 2011, mientras en paralelo andaban las investigaciones en contra de otras personas de la entidad que dirigía. Finalmente, en 2017, la Fiscalía decidió llamar a juicio a los exsubgerentes Martínez y Calderón. Al parecer, ambos funcionarios concertaron con los dueños de la empresa Cubisa para darles un millonario contrato por el alquiler de cinco camionetas que necesitaba la entidad.

Lo irregular, señala la Fiscalía, es que la empresa había sido creada apenas uno o dos meses con un patrimonio que no pasaba de los $20 millones y, no tenía experiencia alguna en el campo para cuando le adjudicaron el contrato, que ascendía a un valor de $1.800 millones. Martínez, por un lado, diseñó las condiciones de la licitación y Calderón, por otro, convocó al supuesto comité evaluador que terminó escogiendo al único oferente: Cubisa.

Para la Fiscalía, Martinez y Calderón incurrieron en los delitos de interés indebido en la celebración de contratos. En la decisión de llamar a juicio a los exfuncionarios, también se aclara que cesarán las investigaciones en contra de Victoria Abello Matos, Wilfrido Romero Borja, Wilfrido Antonio Cossío Palma, Marco Tulio Márquez Pretelt, Armando Rafael González Alvarado, Martha Patricia Lozada Barrios, Edgardo José Martínez Consuegra, Leonys Barraza Llinás y Anthony Rafael Rodríguez Villa.

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Redacción Judicial

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