Más delaciones del carrusel

Ambos señalaron que las irregularidades a nivel de contratación venían, por lo menos, desde la administración de Lucho Garzón. Tanto Tapia como Gómez siguen entregándole información clave a la Fiscalía.

Julio Gómez  y Emilio Tapia. / Archivo
Julio Gómez y Emilio Tapia. / Archivo

Los ventiladores de Emilio Tapia y Julio Gómez tienen sudando frío a congresistas, concejales, contratistas y exfuncionarios de las dos últimas alcaldías de Bogotá del Polo Democrático. Aunque en múltiples entrevistas Gómez negó con vehemencia cualquier participación en el cartel de la contratación, tres años después de que estallara el escándalo y con todas las evidencias en su contra, ya aceptó que financió la elección de 15 concejales y cinco congresistas, y que repartió dinero —comisiones, suele decirse en el lenguaje de la contratación— para conseguir negocios.

Noticias RCN habló ayer con Gómez y, entre otras perlas, soltó que a cada uno de esos concejales que apoyó le podía haber aportado entre $100 y $150 millones a su campaña electoral; que conoció a muchos de los cabildantes que ya mencionó Tapia, entre los que nombró a Hipólito Moreno, José Juan Rodríguez, Jorge Durán Silva, Jorge Ernesto Salamanca, Antonio Sanguino, Andrés Camacho, Orlando Parada y Edward Arias. También dijo que hizo aportes a las campañas al Congreso de Germán Olano, Efraín Torrado o Samuel Arrieta.

El cuestionado contratista reconoció que dicho respaldo financiero a los políticos se traducía en la gestión de los mismos para que los contratistas pudieran “conseguir trabajo”. Además, sostuvo que con el hoy detenido exsecretario de Salud Héctor Zambrano tuvo una relación institucional, pues Gómez estaba construyendo tres hospitales en Bogotá; y sugirió que tenía información sobre Néstor Eugenio Ramírez, exdirector del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y que también le dio dineros al expersonero Francisco Rojas Birry.

Por último, en las revelaciones que anticipó, sostuvo que el 75% de los contratistas del país pagan comisiones para obtener negocios con el Estado y que es una práctica conocida y, de manera general, aceptada. Además, expresó que conoció a la exalcaldesa Clara López, con quien habló “unos temas de ciudad”. Ayer López desmintió cualquier nexo con el cartel de la contratación y antes bien dijo que a Gómez le quitó dos contratos. Julio Gómez, por último, mencionó que tuvo contratos desde antes de la administración de Lucho Garzón y que sabía desde hacía mucho tiempo cómo se iba a adjudicar el contrato para desarrollar el metro en Bogotá.

Por su parte, en diálogo con Blu Radio, el otro ventilador del carrusel, el criticado Emilio Tapia, resaltó que la génesis del desfalco a Bogotá se dio mucho antes de lo ocurrido con la administración de Samuel Moreno Rojas y resaltó que durante el gobierno de Lucho Garzón “también había corrupción”. Por ejemplo, al referirse al polémico contrato que Garzón firmó tres días antes de dejar su cargo —en diciembre de 2007— para desarrollar el tramo de Transmilenio en la avenida Eldorado, Tapia señaló que “hizo parte de una cadena de corrupción y hubo manejo de comisiones”.

Tapia agregó que Julio Gómez tuvo mucho que ver en las irregularidades en la ejecución de los contratos referentes a la calle 26 y que en el año 2003 manejó contratos de alcaldías locales de Bogotá que llegaban a los $52.000 millones. Emilio Tapia ha venido confesándole a la Fiscalía la participación de múltiples protagonistas de este descalabro que terminaron estructurando contratos amañados o funcionarios distritales que los entregaron a dedo con el fin de repartir entidades y burocracia para ganar respaldos en el cabildo distrital o en otras entidades que terminaron devoradas por el carrusel.

En diligencias formales de interrogatorio, ya Tapia había salpicado a los concejales Antonio Sanguino, Orlando Parada, Javier Palacio y Jorge Ernesto Salamanca, además de mencionar a Federico Gaviria y Andrés Cardona. El primero fue el que manejó el contrato de las ambulancias por $67 mil millones, y del que se sabe que tuvo una comisión del 9% para el cartel. El segundo está relacionado como uno de los protagonistas del saqueo a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Y faltan muchos aún por ser nombrados. La Fiscalía, por lo pronto, ya tiene a los testigos para develar los verdaderos alcances del carrusel. Sólo falta que sigan hablando.