La masacre de El Aro, un rompecabezas por armar

La masacre de El Aro, matanza que vivió un corregimiento del municipio de Ituango (Antioquia) en octubre de 1997, cuando las autodefensas, bajo la mirada omisiva de la Fuerza Pública, asesinaron a 15 personas, es el nuevo rompecabezas investigativo de la Fiscalía. El expediente que ya lleva 17 años en los anaqueles del ente investigador y que ha perseguido al expresidente Álvaro Uribe –en ese entonces gobernador de Antioquia– por declaraciones de distintos protagonistas de la incursión paramilitar, recobró vida tras el más reciente testimonio que entregó desde una cárcel en EE. UU. Diego Murillo Bejarano, alias Don Berna.

El excomandante paramilitar dio detalles precisos de cómo se creó una estrategia durante la presidencia de Álvaro Uribe para frenar las declaraciones de distintos desmovilizados que lo implicaban en la masacre de El Aro. Este testimonio se convirtió en la base de la solicitud que envió la semana pasada la Fiscalía a la Corte Suprema de Justicia para que se investigue al expresidente por su supuesta omisión como máxima autoridad del departamento. Es decir, que en su rol de gobernador Uribe no protegió a la población de El Aro pese a las denuncias que existían.

En su defensa, el expresidente manifestó que se trata de una persecución de la Fiscalía y de “acusaciones electorales del eje del fiscal (Eduardo Montealegre), Don Berna, el presidente Santos y Timochenko”. Y agregó: “¿Desviación de la justicia? Yo siempre he salido a enfrentar las condenas injustas contra mis compañeros, no conozco aquello de manipular la justicia, yo la confronto”.

Las declaraciones de Don Berna no sólo se centraron en la masacre de El Aro. También dio detalles de la muerte de Jesús María Valle, el defensor de derechos humanos que tras la masacre empezó a denunciar las alianzas criminales entre la Fuerza Pública y los paramilitares que la ejecutaron. Valle, quien sostuvo fuertes discusiones con el entonces gobernador Uribe, murió el 27 de febrero de 1998. Según el exjefe de la Oficina de Envigado, el líder fue asesinado a petición de Pedro Juan Moreno, para esa época secretario general de la Gobernación de Antioquia.

Don Berna también relató que en 2008, en el marco del proceso de Justicia y Paz, se creó una estrategia desde el Gobierno para detener las declaraciones contra miembros de las Fuerzas Militares y el expresidente Uribe por la masacre de El Aro que estaban entregando tres desmovilizados: Alberto Henao, alias Pilatos; Alberto Guerrero, alias Pipintá, y Francisco Villalba. Según Murillo Bejarano, fueron el abogado Sergio González y un fiscal del grupo de exhumaciones, Juan Carlos Goyeneche, quienes le pidieron el favor de controlar a los tres paramilitares y, si era el posible, que se retractaran porque el “jefe” –haciendo referencia al entonces presidente Uribe– estaba muy preocupado.

Según reveló Don Berna, nada pudo hacer en el caso de Francisco Villalba, quien era el principal testigo contra Uribe. Explicó que su antiguo colega le decía que era una forma de hacer catarsis y superar sus errores, por lo que su propuesta lo molesto de tal forma que jamás lo volvió a ver. Agregó que el nuevo objetivo era desacreditar las declaraciones de Villalba, por lo que acudieron a Pilatos, quien también había participado de la masacre y, a cambio de un dinero y mejores condiciones de reclusión, aceptó la propuesta. Al año siguiente, el 22 de abril de 2009, Villalba fue asesinado en su casa.

Entre los nuevos frentes de investigación de la Fiscalía está determinar la participación del abogado Sergio González, un factor común en los complot que, al parecer, se organizaron desde la Casa de Nariño para desprestigiar a la Corte Suprema de Justicia en sus investigaciones contra la parapolítica. Ya tiene condena de cinco años por idear, junto a su defendido José Orlando Moncada Zapata, alias Tasmania, una campaña de desprestigio contra el exmagistrado Iván Velásquez. Además, está siendo procesado por el caso Job. Frente al fiscal Goyeneche, se estudia la posibilidad de declararlo insubsistente ante las denuncias hechas por Don Berna.

La Fiscalía decidió conformar un grupo especializado que investigue en contexto las denuncias realizadas por Don Berna. Se encargarán de establecer los vínculos que existen entre la masacre de El Aro, el asesinato de Jesús María Valle y el homicidio de Francisco Villalba. Además, se le agregará otro ingrediente: establecer si la muerte de Pedro Juan Moreno –quien luego de ser un escudero de Uribe se convirtió en un fuerte contradictor– se trató de un accidente o de un sabotaje al helicóptero en el que se movilizaba el día en que murió.

La masacre de El Aro

Dos meses antes de la masacre del corregimiento de El Aro, zona rural de Ituango (Antioquia), la Junta de Acción Comunal de esa población le pidió protección a la Gobernación de Antioquia, en manos, en ese entonces, del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Sabían que los paramilitares habían decidido destruir El Aro y se lo hicieron saber a las autoridades. Pero nadie hizo nada. Si al caso, les dijeron que no había “tropa disponible”. Los “paras” ingresaron al pueblo el 25 de octubre de 1997. Reunieron a sus habitantes en el parque principal y a algunos los separaron y los mataron. Al final fueron 19 campesinos asesinados, tanto en El Aro como en el corregimiento vecino de La Granja. Omisiones por parte del Estado a la hora de proteger a los campesinos y en el momento de investigar lo sucedido, llevaron a que en 2006 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenara a Colombia por estos hechos. Por lo sucedido han sido condenados los exjefes paramilitares Carlos Castaño (ya muerto), Salvatore Mancuso, Ramiro Vanoy y Francisco Villalba. De la misma forma, dos uniformados, el teniente (r) Everardo Bolaños Galindo y el cabo (r) Germán Antonio Alzate Cardona, fueron sancionados por permitir la masacre.

Uribismo denuncia persecución

Tras el anuncio de la compulsa de copias contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, el uribismo en pleno salió a denunciar una supuesta persecución en su contra por parte del fiscal Eduardo Montealegre. “Montealegre es el perseguidor en jefe de la oposición legítima y democrática de Colombia. Bajo su mando, la Fiscalía General de la Nación se ha convertido en el brazo intimidatorio de la coalición política contraria al Centro Democrático”, dijo ese partido por medio de un comunicado. Y agregó que “se equivocan quienes creen que la ‘paz’ consiste en encarcelar injustamente a Álvaro Uribe Vélez y a la dirigencia del Centro Democrático, mientras se premia a los cabecillas de las Farc con curules parlamentarias”, en referencia a que, según el Centro Democrático, las Farc han pedido que se procese a Uribe como condición para firmar la paz.

Perdón por el asesinato de Jesús María Valle

Precisamente este año el Estado, representado por el consejero presidencial Guillermo Rivera, ofreció excusas públicas por el homicidio del defensor de derechos humanos e investigador Jesús María Valle, asesinado el 27 de febrero de 1998, en Medellín.

Desde antes de la masacre, Valle ya había denunciado las amenazas que se cernían sobre su natal Ituango. A mediados de 1996, en una entrevista con “El Colombiano”, Valle dijo que llevaba un año pidiéndole al entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe, y al Ejército “que protegiera la población civil de mi pueblo, porque de septiembre a hoy han muerto más de 150 personas”. Tras la matanza, Valle se puso a investigar los supuestos vínculos de la Fuerza Pública con los paramilitares que perpetraron la masacre de El Aro, en octubre de 1997.

El Ejército lo denunció por injuria y calumnia y tuvo varios enfrentamientos con Uribe. Pero no dejó de investigar lo sucedido en su natal Ituango. Hasta que en febrero de 1998, dos desconocidos ingresaron a su oficina, en el Centro de Medellín, y lo asesinaron ante su hermana y otro abogado.

El 15 de marzo de 2001, un juez de Medellín condenó, como autores materiales del homicidio, a Álvaro Goez Mesa y Jorge Eliécer Rodríguez Guzmán, a 40 años de prisión. Por su parte, el comandante paramilitar Carlos Castaño Gil fue condenado a 20 años de prisión. Pero nunca se investigó la posible participación de agentes del Estado en su muerte. Y por ello, por no investigar, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Colombia en 2008.

Pese a la condena, las investigaciones no avanzaron. Hasta que el excomandante paramilitar Diego Fernando Murillo, alias “Don Berna”, empezó a decir que tras el homicidio de Valle había estado el secretario de Gobierno de ese entonces, Pedro Juan Moreno. Y que su muerte había sido, precisamente, por las denuncias sobre lo sucedido en Ituango. La Fiscalía trata ahora de descubrir si esto fue verdad. Si Valle fue otra víctima de una masacre que se perpetuó en el tiempo.

Francisco Villalba

Francisco Enrique Villalba Hernández, alias “Cristian Barreto”, fue el primer condenado por la masacre de El Aro (Antioquia). Le impusieron una pena de 33 años de prisión por haber comandando a los paramilitares que llevaron a cabo la incursión. Ya preso, en 2007, Villalba dio el testimonio que cambiaría su vida. Dijo que había escuchado una conversación entre el excomandante paramilitar Salvatore Mancuso y Uribe en la que hablaron de “borrar” El Aro y que había estado en una reunión en La Caucana, corregimiento de Tarazá (Antioquia), en la que, según él, estuvieron los exjefes paramilitares Salvatore Mancuso y Carlos Castaño; otros comandantes de las autodefensas como alias “Cobra” y alias “Júnior”; coroneles, tenientes y soldados de la IV Brigada del Ejército y los hermanos Santiago y Álvaro Uribe.

Asimismo, manifestó que el helicóptero “amarillo de la Gobernación” estuvo sobrevolando la región después del ataque, algo que ha sido declarado por otros testigos, y que dos hombres de la Cruz Roja y el entonces gobernador andaban por la zona en el mismo momento en el que los paramilitares masacraban campesinos de El Aro. Su testimonio fue prontamente rechazado por el entonces presidente Uribe, quien dijo que nunca había estado en La Caucana y que Villalba era un mentiroso. Éste, por su parte, dijo que nunca se iba a retractar. Nunca lo hizo. En abril de 2009, en una cuestionada decisión, un juez le otorgó el beneficio de la casa por cárcel para que siguiera pagando su condena desde su domicilio.

El 23 de abril de ese año, sicarios acabaron con su vida. Recientemente, el exjefe paramilitar Diego Fernando Murillo, alias “Don Berna”, dio a conocer que, en su momento, intentó presionar a Villalba para que dejara de declarar en contra de Uribe. Que se reunió con Villalba y le preguntó “si había forma de cesar esas declaraciones contra el gobierno en lo que respecta a lo que sucedió en El Aro. Concretamente, las sindicaciones contra el presidente Álvaro Uribe. Me responde que no, que va a continuar porque es una manera de catarsis, de desahogarse con lo que pasó”, que le ofreció dinero, pero que éste le dijo que por ningún motivo iban a cesar las denuncias. Ahora la Fiscalía investiga los móviles tras su muerte.

Pedro Juan Moreno

El secretario de Gobierno de Antioquia durante la gobernación de Álvaro Uribe Vélez, Pedro Juan Moreno, falleció en extrañas circunstancias el 24 de febrero de 2006, cuando el helicóptero en el que se transportaba se accidentó en Urabá. El helicóptero pertenecía a la firma Helicargo, empresa del cuestionado empresario Luis Guillermo Ángel Restrepo, vinculado en su momento al cartel de Medellín. Algunos han afirmado que su muerte no fue accidental. Entre ellos el excomandante de la Brigada 17 del Ejército, el general (r) Rito Alejo del Río, condenado por sus nexos con los paramilitares. Fuentes consultadas por El Espectador recordaron que, en su momento, hubo una testigo que dijo haber participado en un encuentro en el que se habló sobre un posible saboteo a la aeronave y que, tiempo después, esa testigo apareció muerta en un hangar, con un cartel que decía que no se aceptaban “sapos”.

Moreno fue durante años el escudero de Uribe, hasta que se distanciaron durante los primeros cuatro años de éste como presidente. Tras su muerte, varios exjefes paramilitares salieron a acusarlo de supuestos nexos con el paramilitarismo.

En 2008 el excomandante paramilitar Salvatore Mancuso dijo que conocía a Moreno desde 1994 y se habían reunido por lo menos en 10 ocasiones. “Era un patriota, convencido de la lucha antisubversiva, y apoyó las Convivir desde el comienzo”, sostuvo Mancuso, y agregó que Moreno estaba informado de que los paramilitares iban a ingresar a El Aro.

Por su parte, Diego Fernando Murillo, alias “Don Berna”, sostuvo este año que Moreno estuvo detrás de la muerte de Jesús María Valle, que ese homicidio se debió a que Moreno le dijo a Castaño que Valle se “había convertido en una persona incómoda porque estaba denunciando unos hechos relacionados con la masacre de El Aro (...) que el doctor Jesús María Valle estaba haciendo unas denuncias contra él y el presidente Uribe cuando era gobernador de Antioquia”. Ahora la Fiscalía investiga si la muerte de Moreno fue un accidente o no y si él tuvo relación con los asesinatos de Valle y Villalba.