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La Fiscalía General le solicitó a la jueza 10 de conocimiento que avale el preacuerdo firmado con el máximo accionista de Fidupetrol S.A., Hélbert Otero Pacheco dentro del proceso que se le adelanta por el delito de tráfico de influencias de particular por su participación y conocimiento en el sonado escándalo de la Corte Constitucional.
En la diligencia judicial el fiscal del caso manifestó que en la negociación el procesado se comprometió a aceptar el cargo imputado y a colaborar con la justicia en los otros procesos penales que se adelantan por la presunta petición de 500 millones de pesos al magistrado Jorge Enrique Pretelt Chaljub.
Según la investigación, Otero Pacheco se habría reunido en diferentes oportunidades con el abogado Víctor Pacheco –condenado a 2 años de prisión por estos hechos- para que utilizara sus contactos y se reuniera con los magistrados de la Corte Constitucional para hablar del tema de la tutela.
La acción judicial buscaba tumbar una multa de 22.500 millones de pesos interpuesta por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. La idea era que se seleccionará la acción de tutela y se llevara a la respectiva Sala con el fin que dicho fallo fuera revocado.
Para la Fiscalía General el máximo accionista de la empresa –hoy en liquidación- estuvo al tanto de todas estas acciones a todas luces antijurídica. Puesto que sabía que influenciar en una persona para que ejerciera indebidamente influencias ante funcionarios judiciales era un delito.
En el documento avalado se fijó una condena de 25 meses de prisión (dos años y un mes), así como el pago de 52 salarios mínimos legales vigentes –que serán pagos en cuatro etapas- para reparar a las víctimas acreditadas en este proceso, entre las que se encuentran Fidupetrol y la Rama Judicial.
Se advierte que Otero ya estuvo privado de su libertad 12 meses, además redimió tres meses más por buena conducta. La Fiscalía General sostiene que por su posición dentro de la empresa y la junta directiva tenía conocimiento directo de todas las actividades que allí se adelantaban.
Debido a esto se le señala de ser cómplice de este entramado jurídico. Los testimonios obtenidos indican que recibía reportes periódicos sobre la presentación y el trámite de la acción de tutela en la Corte Constitucional.
Sin embargo, el representante de la Procuraduría General solicitó que se revise el preacuerdo, princiaplemtne en lo que tiene que ver con la multa que deberá pagar para indemnizar a las víctimas.