‘La mayoría de funcionarios está contra el paro’

El jefe de la cartera de justicia dijo, además, que hay planes para acabar con el hacinamiento carcelario en 2018.

El ministro de Justicia, Yesid Reyes, dijo que no se descarta judicializar a quienes impidan el acceso a los despachos judiciales. / Cristian Garavito

El ministro de Justicia, Yesid Reyes, ya dio un ultimátum: el 13 de enero, con paro o sin paro judicial, los despachos judiciales van a amanecer abiertos al público. El jefe de la cartera dijo que, si es necesario, van a recurrir a la Fuerza Pública y a la posibilidad de judicializar a los funcionarios que impidan el acceso a los edificios. En entrevista con este diario, Reyes se refirió al cese de actividades, a las reformas que se van a presentar este año, entre ellas el examen que presentan los abogados para ejercer su profesión, y al hacinamiento carcelario, del que dijo que, si todo sale de acuerdo a lo planeado, será cercano a cero al finalizar el cuatrienio del presidente Juan Manuel Santos.

¿Qué ideas tienen para conjurar el paro judicial que ya lleva casi cuatro meses?

Está pensado que para el martes 13 de enero, que es cuando terminan las vacaciones judiciales, se tomen todas las medidas que hagan falta para que la mayoría de los funcionarios judiciales, que están en contra del paro, puedan reintegrarse normalmente a sus actividades. Eso supone garantizarles el acceso a los edificios que utilizan normalmente para el ejercicio de sus labores, eso implica la posibilidad de tener a disposición sedes alternas que les permitan ejercer sus funciones allá e, incluso, pensar en la eventualidad de judicializar a las personas que impidan la entrada de las personas a los despachos judiciales porque esa sola es una conducta delictiva.

¿A qué le atribuye que este paro haya llegado hasta estas instancias?

La particularidad de este paro es que es liderado por un grupo muy reducido de personas frente a la totalidad de los funcionarios judiciales y eso los ha llevado a tomar medidas como la de cerrar el ingreso a los edificios, prohibir la entrada de los funcionarios y los usuarios a los edificios. Eso ha generado la sensación de que el paro tiene más apoyo del que realmente tiene. Ellos se han cuidado mucho de no permitir el acceso a los edificios porque si lo hacen va a quedar en evidencia lo que ya ha quedado de manifiesto en las votaciones que se hicieron en diciembre y es que la mayoría de los funcionarios judiciales quiere trabajar.

¿Y el pago de los salarios a los funcionarios en paro? Ya la Fiscalía citó a interrogatorio a unos funcionarios de la Judicatura para indagar por el pago a funcionarios en paro.

En eso hay una directiva del contralor general que ya había advertido que eso no se podía hacer. Las personas que desconocieron esa directiva probablemente incurrieron en un delito por haber girado unos dineros a favor de unas personas que no han prestado el servicio. Y eso es lo que ha llevado a la Fiscalía a iniciar esas investigaciones. La idea es que si alguien vuelve a pagar esos salarios en el futuro, seguramente va a ser investigado también por la Fiscalía. Es decir, de aquí en adelante personas que no trabajen en la Rama Judicial no van a cobrar su salario.

¿Y el Inpec?

Ha sido una discusión muy compleja porque en el Inpec son 64 sindicatos. Entonces cuando se avanza con algunos no se puede avanzar con los otros. Con el Inpec hay un punto en el que no se puede avanzar y que tiene que ver con aumentos salariales y la razón es exactamente la misma que frente a Asonal: el Estado no dispone en este momento de recursos adicionales para aumentar salarios. A ellos se les han hecho otra clase de ofertas que hasta el momento han rechazado.

¿Se ha pensado reformar el Inpec?

Con el Inpec también es importante tener en cuenta que no todos los establecimientos penitenciarios están en operación reglamento. Eso nos ha permitido a nosotros también hacer redistribuciones de internos, que se están haciendo y se seguirán haciendo de manera permanente para descongestinar URIs y algunas de las cárceles. Lo complicado es, justamente, hacer traslados porque solo se pueden hacer entre centros penitenciarios que no estén en operación reglamento. Pero lo venimos haciendo continuamente y se va a seguir haciendo.

¿Y los juzgados de descongestión?

Para 2015 la idea es que desaparezcan ya los funcionarios de descongestión y que de acuerdo con las necesidades de la Rama Judicial, lo que antes eran funcionarios de descongestión se vayan incorporando de manera gradual y paulatina a la planta permanente de la administración de justicia. La idea es que desaparezcan definitivamente a partir de este año. Estos eran cargos temporales que en la práctica resultaron no ser temporales.

Ese fue el problema. Terminaron prorrogándose permanentemente y eso lo que muestra es que esta no era una necesidad de corto tiempo sino una necesidad permanente de la Rama Judicial y por eso el Ministerio ha insistido desde el año pasado en la necesidad de convertirlos gradualmente en permanentes, que fue un acuerdo al que se llegó en reuniones con el Consejo Superior de la Judicatura y Asonal. Mejor dicho: se acaba la descongestión y lo que comienza es a crecer en forma permanente la Rama Judicial. Desde el presupuesto que se aprobó en el 2014 quedaron inicialmente previstos $500 mil millones para estos cargos.

¿Qué se ha pensado para la Contraloría porque usted mismo ha dicho que el traslado inicial a las sedes que tiene el Ministerio en el centro es una medida provisional?

La solución definitiva le corresponde al contralor general. Nosotros lo que hemos hecho es colaborarle en esta emergencia que tiene acelerando un trasteo que teníamos previstos para enero y febrero. Nosotros teníamos diseñado un plan de trasteo al edificio de la 53 (la antigua sede de la DNE) que duraba ocho semanas, desde finales de diciembre hasta mediados de febrero. Pero ante las dificultades de la Contraloría hemos acelerado el trasteo de tal manera que hoy este edificio tiene ya la mitad de los pisos desocupados para que el contralor pueda disponer de él.

Usted ha dicho que no es partidario de una reforma judicial sino de medidas puntuales para atajar la crisis de la Rama. ¿Qué medidas van a tomar este año?

Una de las que habíamos anticipado era conseguir recursos de financiación alternativos para la Rama Judicial. Eso se alcanzó a ser a finales del 2014. Eso es un tema muy importante porque el Código General del Proceso, ese es un código que e expidió hace dos años y medio e implementa un sistema no solo oral sino mucho más abreviado en todos los procesos civiles. Eso va a permitir descongestionar la jurisdicción civil, agilizar los procedimientos, pero llevamos dos años sin ponerlo en funcionamiento porque no hay dinero. El Consejo Superior de la Judicatura calcula que hace falta $1 billón para ponerlo en funcionamiento. Nosotros hemos conseguido presentar un proyecto de ley en los últimos meses del 2014, el presidente de la República lo hizo tramitar con mensaje de urgencia y el Congreso le dedicó mucho tiempo para poderlo sacar antes de que terminara el año legislativo y de esa manera hemos conseguido que para este año 2015 ingresen adicionalmente a la Rama Judicial $650 mil millones con los cuales finalmente se va a poner en funcionamiento el Código General del Proceso. Eso, por ejemplo, motivó una declaración del sindicato que apoya el paro exigiendo que nosotros usáramos esos dineros no en poner en funcionamiento el Código, como dice la ley, sino que se los diéramos a ellos para aumentar sus salarios. Lo cual no solamente muestra el poco interés que tienen en el beneficio común de la administración de justicia sino que además evidencia un desconocimiento jurídico de parte de ellos porque la ley que se aprobó tiene destinación específica. Si nosotros le hicieramos casos en lo que dice el sindicato, estaríamos incurriendo en un peculado.

¿Qué otras medidas?

Se está tramitando en el Congreso una ley de racionalización de la detención preventiva. Ya se aprobó en Comisión Primera del Senado, esperamos que a partir de marzo se puedan surtir las otras etapas y quede ya modificado el tema de detención preventiva. Igualmente estamos terminando de ajustar, estará ajustado de aquí a marzo, un proyecto que se está trabajando con la Fiscalía de reforma al Código de Procedimiento Penal. La idea es hacerlo más ágil. También para marzo está prevista la presentación de unos proyuectos de ley que tienen que ver con el examen para ejercer la profesión de abogado y para mejorar un poco el tema de formación profesional de los abogados. Y adicionalmente estamos trabajando en el rediseño de las casas de justicia. Estamos ya muy avanzados con dos casas de justicia piloto, una en Chaparral (Tolima) y otra en El Bagre (Antioquia). Estamos trabajando en el tema de conciliadores, en las comisarías de familia.

Se cumplen 10 años de la entrada del sistema penal acusatorio y hay muchos que dicen que este no ha funcionado...

Ha habido varios problemas que ha tenido el sistema. Unos de mala interpretación de normas que han terminado haciendo mucho más complicadas algunas audiencias que deberían haber sido mucho más sencillas. Por ejemplos las audiencias de imputación o las preparatorias. Experiencias como esas son las que se han venido recogiendo con la Fiscalía para tratar de hacer modificaciones puntuales al procedimiento en temas como los que le menciono. Pero también ese sistema ha dejado en evidencia que nosotros modificamos la legislación y el procedimiento, lo cambiamos a uno que no es solo oral sino que tiene una concepción distinta, pero curiosamente no hemos modificado sustancialmente la enseñanza en las facultades de derecho. Entonces tenemos unos códigos con unos sistemas muy distintos a los escritos provenientes de Europa y seguimos trabajando en lo fundamental una educación para abogados con procedimients escritos. Y eso hay que cambiarlo también. Por eso el interés del Ministerio en hacer ajustes a la formación de los abogados para insistir mucho más en temas como el de la oralidad.

¿Un abogado nuevo?

Un abogado distinto. El sistema que está ahora es un sistema que gira alrededor de la oralidad, eso es cierto, pero gira también alrededor de una concepción mucho más minimalista del proceso. El procedimiento anterior era mucho más ampuloso, lo que se intentaba era grandes alegatos, discusiones complicadas sobre temas muy macro. Un procedimiento como el que está diseñado ahora en penal es un procedimiento mucho más puntual, mucho más rápido, que debería llevar a audiencias muy concisas, como las que existen en Inglaterra o en Estados Unidos. Pero un abogado como el que nosotros formamos no se siente cómodo hablando 10 minutos en una audiencia, está formado para hablar dos horas en la audiencia. Eso hay que cambiarlo. Es un problema de cambio de mentalidad. Un abogado formado en un sistema anglosajón no discute tanto los temas probatorios como se discuten en Colombia, eso viene muy filtrado el manejo de la prueba desde las facultades de Derecho. Aquí una audiencia preparatoria, que es la que tiene que ver con las pruebas, que debería ser una audiencia de medio día, un día, dura semanas y meses porque los abogados no están preparados para ese manejo de la prueba frente al nuevo sistema. Ese es un problema importante que creemos que se puede mejorar introduciendo pequeños modificaciones en la formación de los abogados.

Y por supuesto algo que ha generado un atraso considerable en el sistema penal acusatorio son reiterados ceses de actividades por parte de la Rama Judicial como el que tenemos hoy en día. Entonces, un sistema judicial que básicamente está colapsado, que su principal problema es una gran congestión judicial, lo que tiene ahora por parte de este sindicato es un apoyo para el incremento de la congestión. Tres meses sin trabajar generan una cantidad de trabajo muchísimo mayor a la que ya teníamos acumulada. Eso lo que muestra en el fondo es una falta de compromiso de este sindicato con la administración de justicia. Mientras todo el país está tratando de que la administración de justicia funcione mejor. Mientras el Gobierno se esfuerza por poner en funcionamiento nuevos mecanismos como el Código General del Proceso, este sindicato lo que está consiguiendo es aumentar el nivel de congestión, aumentar la desconfianza de la ciudadanía frente a la administración de justicia porque ve que sus funcionarios, en este caso los de Asonal que fomentan el paro, no acuden a prestar el servicio para el que fueron contratados.

¿Cómo lograr que la gente recupere la confianza en el sistema judicial?

Todos tenemos que poner de nuestra parte. El Gobierno tiene, por ejemplo, que facilitar la puesta en funcionamiento de Códigos que están diseñados para un funcionamiento más eficiente de la administración de justicia. Para eso se hizo esta ley que acaba de aprobarse. Pero también es muy importante, por ejemplo, racionalización de temas como la detención preventiva que es un factor de congestión innecesaria del sistema. Lo que se busca no es que no haya nunca más detenciones preventivas sino que se reduzca al número que realmente sea absolutamente necesario. Es muy importante desde el punto de vista legislativo racionalizar la producción de leyes. Aquí hay en materia judicial un sobredimensionamiento de las leyes. A veces hay respuestas puramente coyunturales del Congreso que suponen creación de nuevas leyes, nuevos delitos y aumento de penas, que terminan por congestionar más el sistema. Por supuesto necesitamos apoyo de los funcionarios judiciales en el sentido de que se comprometan con la administración de justicia, como está comprometida la gran mayoría de funcionarios y jueces. Realmente el problema lo tenemos ahora con una minoría que no muestra ese compromiso con la administración de justicia, que no solamente no trabaja, como el sindicato que promueve el paro, sino que impide a la gente que quiere trabajar que desarrolle sus labores. Si todos nos comprometemos con la administración de justicia podemos mejorar los bajos niveles de percepción positivo frente a la opinión pública.

¿No deja un mal sabor de boca que una minoría puede causar tal caos?

Sí. Por eso es muy importante que todos respaldemos la administración de justicia, no solamente nosotros desde el punto de vista del Gobierno que vamos a hacer todo lo que este a nuestro alcance para que el 13 de enero todo el mundo tenga la posibilidad de entrar a trabajar a los despachos judiciales, sino también es muy importante que esa gran mayoría de funcionarios que quiere trabajar hagan también sentir su voz de apoyo a la administración de justicia para evitar que un número tan reducido pueda paralizar la administración de justicia recurriendo a actos tan simples como cerrar los puertas de los despachos judiciales.

¿Han pensado recurrir a la Fuerza Pública?

Sí. De hecho la última semana de actividades de diciembre con el Consejo Superior de la Judicatura se consiguió la intervención de la Fuerza Pública para garantizar el acceso a los despachos judiciales y eso se va a volver a hacer.

¿Y el hacinamiento carcelario?

Nosotros continuamente estamos descongestionando URIs, lo que pasa es que se descongestionan y vuelven y se congestionan. Pero también está previsto construcción permanente de nuevos cupos carcelarios. Del 2014 al 2018 está prevista la construcción de 18 mil nuevos cupos carcelarios, bien sea construcciones nuevas, rehabilitación de cupos carcelarios o amplicaciones de centros penitenciarios. Y estamos trabajando en la consecución de 12 mil cupos carcelarios adicionales. Eso debería darnos al final de este cuatrenio unos 30 mil cupos nuevos frente a un hacinamiento que ronda los 35 mil cupos. Es decir, si nosotros logramos construir esos 30 mil cupos carcelarios en estos cuatro años, logramos racionalizar la detención preventiva y logramos frenar la sobreproducción de leyes que impactan el Código Penal muy probablemente tendremos o un hacinamiento muy reducido a finales de 2018 o incluso un hacinamiento inexistente.

¿Y la reforma a la Fiscalía?

Hay que mencionar que hemos propuesto abrir un poco más los temas de negociación para incorporar negociaciones colectivas, pero cuando hablamos de negociaciones hablamos de sometimiento a la justicia. Medidas de ese tipo. Y una muy importante que tiene que ver con el restablecimiento de las pequeñas causas. Ese es un tema muy importante porque la Ley de Pequeñas Causas funcionó durante un tiempo en Colombia. Dio muy buenos resultados pero se cayó por vicios de constitucionalidad.

Esa negociación colectiva no significa acuerdo con las bandas criminales ¿o sí?

No es un acuerdo, reitero, es un sometimiento. Y consiste, por ejemplo, en la aceptación de cargos por parte de estas personas o, por ejemplo, que a la hora de imputar cargos se puede variar la acusación de la Fiscalía a condición de que la persona acepte responsabilidad. Esas posibilidades están hoy para delincuencia individual. Es muy importante ampliar eso, por ejemplo, a bandas criminales pero siempre dejando claro que no supone ninguna negociación como la que se está adelantando con la guerrilla. Eso supone simplemente la posibilidad de que una banda criminal reconozca anticipadamente su responsabilidad penal y por eso pueda tener un beneficio que se traduce normalmente en reducción punitiva como el que hoy tienen las personas individualmente. 

 

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