Maza Márquez y los paramilitares

Fiscalía conceptuó que el general (r) ha querido obstruir a la justicia y puede influir en testimonios de quienes trabajaron en el DAS o la Policía.

Exdirector del DAS, general (R) Miguel Maza Márquez.

Con una providencia que contextualiza la forma como agentes del Estado contribuyeron a fortalecer el modelo criminal de las autodefensas del Magdalena Medio y sus enlaces del narcotráfico en los años 80, la Fiscalía ordenó ayer la captura del exdirector del DAS, general (r) Miguel Maza Márquez, a quien sindicó como presunto autor de los delitos de homicidio con fines terroristas y concierto para delinquir, en desarrollo de la investigación por el asesinato de Luis Carlos Galán, en agosto de 1989.

La decisión judicial, firmada por el fiscal 10 delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Martín Antonio Moreno, inicialmente plantea que en el crimen de lesa humanidad del dirigente liberal participaron distintos sectores del país y no hubiera sido posible sin el “Estado cómplice”. En concreto, el funcionario aludió a algunos congresistas e integrantes del Ejército y la Policía que se dejaron seducir por el dinero de los traficantes de drogas y el poder intimidatorio del paramilitarismo, unidos en una causa común: combatir a la guerrilla.

Según el fiscal Moreno, el grupo paramilitar que ejecutó el crimen de Galán actuó en connivencia con las autoridades administrativas locales y el Ejército. “Compartían los mismos escenarios de entrenamiento con los mercenarios israelíes, eran amigos de los batallones militares que les brindaban apoyo operativo logístico, de comunicaciones e inteligencia”, agrega la providencia de 167 páginas conocida por El Espectador. Una descripción que agrega el papel de algunos sectores de la clase política permeados por la corrupción.

En ese contexto, la decisión judicial expresa que también la Policía, a través de sus comandantes de Cundinamarca y Soacha, la Dijín y el DAS, entonces dirigido por el sindicado Maza Márquez, se relacionó con distintas actividades ilegales que facilitaron el magnicidio. La idea de la organización criminal era doblegar al gobierno de la época para que reversara la extradición, y para hacerlo se valieron de dos brazos armados: uno liderado por Gonzalo Rodríguez Gacha en el Magdalena Medio y otro por Pablo Escobar y sus sicarios.

En medio de esta ofensiva estaba el dirigente liberal Luis Carlos Galán, quien siempre estuvo amenazado. A principios de 1989, por ejemplo, en una ocasión llamó a su casa desde Washington y le contestaron desde un inmueble que era propiedad de Gonzalo Rodríguez Gacha. Es decir, su teléfono estaba interceptado. Además, el dirigente político Rommel Hurtado, quien oficiaba como informante del DAS y la Policía, reportó que, según se lo dijo Miguel Rodríguez Orejuela, había planes para atentar contra Galán.

A pesar de estos antecedentes, el dirigente liberal fue asesinado el 18 de agosto de 1989. Desde esa época se dijo que su esquema de seguridad había sido debilitado. Ahora, 24 años después, la Fiscalía constató que esa fue una de las razones que permitieron que se perpetrara el homicidio. El ente investigador examinó en detalle cómo evolucionó el sistema de protección de Galán desde 1982 hasta su muerte y determinó que cuando sucedieron los hechos, sólo dos miembros de su escolta eran antiguos. Los demás no tenían más de cinco meses con Galán.

Entre ellos, el ya referenciado jefe de seguridad Jacobo Torregrosa Melo, ficha clave para ejecutar el magnicidio. La Fiscalía, además de aportar testimonios que aseguran que Torregrosa era conocido de los autores materiales del crimen, hizo un seguimiento a su gestión oficial. En esta pesquisa probó que, a pesar de que había sido retirado de la Policía por mal comportamiento y en su hoja de vida había una sindicación de homicidio y 76 faltas contra el servicio, el entonces general Maza lo integró al DAS en marzo de 1989.

Luego, de la noche a la mañana, fue nombrado jefe de seguridad del dirigente político más amenazado de Colombia. Según la Fiscalía, esto sucedió porque Maza Márquez “acordó con los paramilitares desproteger al candidato con el debilitamiento de su esquema de seguridad, designando dolosa y premeditadamente a Jacobo Torregrosa”. Además, añade la providencia, “Maza suministró a los grupos paramilitares la información con la logística designada para la protección de Galán”, y por esta razón, los asesinos no tuvieron tropiezos.

Pero las sindicaciones contra Maza van más allá. Según el fiscal Moreno, el DAS favoreció claramente a las autodefensas del Magdalena Medio. En particular, constató que un escolta llamado Orlando Monroy, apodado Trapero, que entre otros aspectos protegió a la madre del exdirector del DAS en Santa Marta, hizo parte de los alumnos del mercenario israelí Yair Klein. De igual modo, recalca el documento, Maza tuvo varios emisarios del organismo de seguridad que viajaban a Puerto Boyacá a entrevistarse con los jefes paramilitares.

La parte final de la providencia evalúa cómo después del magnicidio vino el plan perverso para desviar la investigación judicial. Sobre este tema detalla que, en conjunto con la Dijín, entonces orientada por el coronel Óscar Peláez Carmona, el DAS trató de involucrar a inocentes. Inicialmente a un grupo de ocho personas humildes. Y después, señalando a un grupo de ciudadanos encabezado por Alberto Jubiz Hazbum, fallecido en abril de 1998, quien se cansó de enviar cartas reclamando su inocencia, sin que el DAS o la Dijín desistieran de sus cargos.

La providencia destaca lo sucedido con el exministro y excongresista Carlos Enrique Obando Velasco, quien se negó a cambiar su testimonio de que había estado la noche del crimen de Galán en compañía de Hubiz Hazbum, y fue blanco de un atentado en febrero de 1990. Logró sobrevivir, pero perdió un ojo. Una prueba más para evitar que la justicia diera con los verdaderos asesinos de Galán. Es más, agregó la Fiscalía, en su momento el DAS ayudó al asesino material, Jaime Rueda Rocha, para que se fugara de la cárcel de La Picota.

En conclusión, la Fiscalía determinó que Maza Márquez entregó información a los paramilitares que mataron a Galán y contribuyó al debilitamiento de su escolta. El ente investigador concluyó que Maza se ha mostrado como una víctima del cartel de Medellín, cuando lo cierto es que “no lo persiguió por su postura contra la extradición, sino por sus lazos con el cartel de Cali”. Los nexos del DAS con el paramilitarismo permitieron además el exterminio de la Unión Patriótica y el asesinato de otros candidatos presidenciales

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