'Me entristece que la comunidad LGBTI siga siendo discriminada'

Según Navi Pillay, los miembros de esta comunidad “son tratados como criminales sólo por el hecho de enamorarse”.

Navanethem Pillay, alta comisionada de la ONU para los DD.HH. / Presidencia
Navanethem Pillay, alta comisionada de la ONU para los DD.HH. / Presidencia

Navanethem Pillay, más conocida como Navi Pillay, es la alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos. En entrevista con medios de comunicación desde su oficina en Ginebra, señala que el acuerdo final con las Farc de ninguna manera puede incluir amnistías para crímenes graves, que la siguen preocupando las investigaciones por falsos positivos y que la reforma al fuero militar debería caerse. Además cuestiona que los estados regulen las relaciones interpersonales al punto de prohibir el matrimonio de parejas del mismo sexo.

En el contexto del proceso de paz, ¿la ONU admitiría amnistías o indultos a autores de crímenes de lesa humanidad?

De acuerdo con el derecho internacional, no se pueden otorgar amnistías para crímenes graves, no puede haber impunidad para crímenes graves. Las víctimas no olvidan. Esta mañana oía, por ejemplo, que las Madres de la Plaza de Mayo, en Argentina, tenían audiencia con el papa para hablar sobre los niños que fueron robados durante la dictadura.

¿Cuáles crímenes podrían recibir amnistías?

La gente quiere ambas cosas: justicia y paz. No se pueden separar, no es que venga una primero y la otra después. Es claro que en estos diálogos de paz, el presidente tendrá que inventarse alguna solución para acomodar las peticiones de las Farc. Seguro se promoverán soluciones políticas expeditas que incluyan amnistías para ciertos delitos, pero no se pueden incluir crímenes graves.

¿Su oficina en Colombia va a cambiar algo de su trabajo en los próximos tres años?

Queremos asegurarnos de que las víctimas participen en el proceso de paz. Por experiencia sabemos que las víctimas no están buscando sólo responsabilidades penales por parte de los perpetradores; también quieren reparación, verdad, saber dónde están los restos de los suyos, garantías de no repetición y el reconocimiento de responsabilidades por parte del Gobierno u otros actores. Las víctimas dirán que quieren que se abarque también el problema de la desigualdad en la distribución de la tierra. No nos podemos dar el lujo de no oírlas.

Su oficina ha expresado desacuerdo con la reforma al fuero penal militar. Ahora que fue aprobado, ¿todavía la preocupa este tema?

Tengo que decir que quedé muy decepcionada, siento que se está retrocediendo al habilitar a estos tribunales militares. Como le dije en una carta al presidente (Santos), en noviembre del año pasado, me preocupa que esta reforma afecte seriamente esfuerzos previos que el mismo Gobierno ha emprendido para asegurarse de que las violaciones de derechos humanos cometidas por las Fuerzas Militares sean investigadas, y que los responsables sean identificados.

¿Cuál es el problema con la justicia penal militar?

Los tribunales militares, a diferencia de los tribunales civiles, no tienen el conocimiento o las habilidades para realizar investigaciones apropiadas e imparciales. Pero cortes militares hay en muchos países del mundo.

El problema no son las cortes militares sino hasta qué punto estas cortes cumplen con estándares internacionales. Habrá situaciones en las que los sospechosos serán investigados y juzgados por sus pares: eso afecta el principio de justicia. Veo un conflicto de intereses en que sean los militares quienes se juzguen a sí mismos. Tampoco soy la única que ha expresado su preocupación. La comparten once relatores especiales de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la delegada de la Unión Europea para asuntos exteriores y políticas de seguridad, la oficina del fiscal de la CPI, y el martes pasado, en el Examen Periódico Universal, nueve países señalaron sus inquietudes sobre esta reforma.

¿Debería derogarse, entonces?

Si el Gobierno realmente busca justicia para las víctimas y una paz duradera, la reforma debe caerse. Se tiene que asegurar una justicia apropiada. He visto, en países donde se construye una paz frágil con amnistías y con la posibilidad de que los sospechosos de crímenes lleguen al poder, que es una especie de receta para que se derrumbe la paz. Yo sé que la reforma al fuero militar tiene algunas excepciones, pero no cubren el problema de las ejecuciones extrajudiciales o de crímenes sexuales.

En el panorama actual de derechos humanos en el país, ¿qué es lo que más la preocupa?

Queremos mostrar un gran apoyo al proceso de paz. Lo otro que nos preocupa son las muertes de civiles por parte de militares. Cuando me reuní con el presidente Uribe, que antes estaba en negación, tomó acción de inmediato para remover a algunos generales. Aunque en el último reporte de nuestra oficina no se registraron nuevos casos de ejecuciones extrajudiciales, estamos monitoreando ese tema con mucho cuidado, así como las muertes de reclamantes de tierras.

El miércoles pasado el Congreso vetó la posibilidad de legalizar el matrimonio de parejas del mismo sexo. ¿Están siendo violados los derechos de la comunidad LGBTI?

Estoy muy decepcionada de que el Congreso colombiano haya votado en contra del matrimonio para parejas del mismo sexo. Me entristece mucho que la comunidad LGBTI sea discriminada y objeto de violencia. Son tratados como criminales sólo por el hecho de enamorarse. Hemos estudiado muy bien los países que han aprobado el matrimonio de parejas del mismo sexo, y lo que me impacta es cuán feliz es la gente al obtener este derecho. Se trata de estados interfiriendo y regulando las relaciones personales.

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