'Me importa un comino lo que diga el hacker'

Al dejar su cargo, Sandra Morelli dice que no cometió irregularidades y que se siente tranquila respecto a los líos que tendrá que seguir enfrentando con la Fiscalía.

A Sandra Morelli la investiga la Fiscalía por haber asumido el arriendo de un edificio que cuesta más de $2.500 millones al mes. / Andrés Torres - El Espectador

Con 222 votos en el Congreso, Sandra Morelli fue elegida para ser contralora general en agosto de 2010. Y a semanas de terminar su mandato, ese mismo Congreso la despidió con una orden en el grado Gran Cruz, exaltando así su gestión, su transparencia y su responsabilidad. “Esa iniciativa la respaldaron todos los partidos, incluido el Polo, lo que fue impactante porque ellos no votaron por mí y terminaron reconociendo un trabajo serio”, señaló la contralora. Durante sus cuatro años como cabeza de esta entidad, sin embargo, no todo fue color de rosa.

Por nombrar algunos episodios, Cecilia Orozco, colaboradora de este diario y directora de Noticias Uno, la acusó de ejercer presión judicial. Ramiro Bejarano, también columnista de El Espectador, aseguró que desde la Contraloría interceptaban sus comunicaciones y que el patrimonio de Morelli se había incrementado considerable e inexplicablemente desde su posesión. La Fiscalía, mientras tanto, la investiga por haber asumido el arrendamiento de la nueva sede del organismo, el más caro entre las entidades oficiales: unos $30.000 millones al año, casi lo mismo —según Portafolio— que pagan 19 instituciones del Estado juntas.

En entrevista con este diario, Sandra Morelli calificó a Bejarano de “demente” y de hablar sin pruebas, reiteró las denuncias que ha hecho contra el fiscal Eduardo Montealegre por su supuesto conflicto de intereses en el caso Saludcoop —Montealegre fue abogado de la EPS hasta que lo eligieron fiscal—, expresó que lo que dijera el hacker Andrés Sepúlveda le importaba “un comino” y aseveró que se iba con la satisfacción del deber cumplido.

Esta semana usted hizo algo que nunca se hace en este país: divulgar sus declaraciones de renta. ¿Debería ser esa la regla y no la excepción?

Sí, pero además es una salvaguarda para uno mismo: cuando aparece un demente que dice que uno recibió plata durante su tiempo en el cargo, pues sencillamente uno le muestra que desde que se posesionó tenía esas cuentas, que las había declarado, y más allá de que hay gente a quienes el odio los enceguece tanto que el negativo les da positivo y las deudas les suman, más allá de esa ignorancia matemática elemental de ciertos sujetos, es una garantía para evitar ese tipo de elucubraciones malintencionadas.

¿Ese es su último mensaje para Ramiro Bejarano? ¿Que es un “demente” e “ignorante”?

Yo a Ramiro no tengo que mandarle absolutamente ningún mensaje.

¿Y al fiscal Eduardo Montealegre?

Tampoco.

¿Alguna vez ha pensado qué impacto tiene el tono de sus desencuentros con el fiscal en un país con urgencia de hallar la paz?

Colombia es un país en el que nos quedamos más en la forma que en el contenido. De cierta forma somos light. Aquí no es un problema del tono del mensaje: seguramente no es conveniente, el reproche lo acepto y lo hago propio. Pero si yo me paro sobre su pie y le piso un callo con un tacón bien puntudo, pues usted va a pegar un grito. Entonces cuando hay ciertos comportamientos que afectan la institución que usted lidera, y que no se compadecen con la actitud que deben tener los funcionarios públicos, eso se debe informar y denunciar.

Entonces, ¿cuál es el problema de fondo?

Un problema de conflicto de intereses, como lo denuncié, de situaciones que hacen incompatible el ejercicio de una función tan importante (como fiscal general) con la manera atípica como se rompieron ciertos nexos contractuales (con Saludcoop). Lo denuncio además porque se determina un modo de ser de la Fiscalía frente a la Contraloría, de visitas permanentes, informes, diligencias, intimidación de funcionarios, y eso es muy grave. Pero el país no ve eso y lo grave es que yo lo diga y lo diga en español. Y no. Esas cosas hay que denunciarlas. Colombia no necesita un silencio cómplice para pacificarse.

¿Qué piensa al mirar hacia adelante y saber que esta pelea con la Fiscalía la va a tener que seguir dando fuera del poder?

No hay problema. Jueces es lo que hay en Colombia.

Hace poco Francisco Santos le sugirió pedir asilo en la Embajada de Italia. ¿Reitera que no se va?

No, no me voy a ir del país.

¿Usted le ve futuro al proceso de Saludcoop en la Fiscalía?

No me interesa. En escasas horas ya me tiene sin cuidado lo que pase con ese caso. Me voy, me llevo mi cartera y no vuelvo.

¿Y en qué va el nuevo proceso que se abrió en la Contraloría sobre Saludcoop?

Son $330.000 millones de desvíos de recursos de la salud de los colombianos que eran para jeringas, sueros, prótesis, trasplantes, y no se fueron a eso sino a pagar inversiones en el exterior, honorarios cuantiosos de los abogados para que los fallos de la Contraloría fueran anulados y para analizar qué le va a pasar a Saludcoop cuando se acabe la intervención... Nosotros seguimos pensando que la plata de la salud no es para pagar asesorías de abogados o para tumbar una decisión con la que el Estado recuperó $1,4 billones. Eso es completamente ilegal y además raya con la ética.

¿Qué significó para la investigación del carrusel de pensiones que la Corte Suprema fallara que la Contraloría no podía seguir indagando?

Íbamos muy adelantados y al final no hubo ningún tipo de responsabilidad, se quedó en los anaqueles de la Comisión de Acusación. La Corte terminó ayudándose y a los magistrados que estaban siendo investigados. Fue por una tutela de la Fiscalía y la Corte dijo que nosotros no podíamos decidir en ningún caso de funcionarios con fuero. Esa es una manera de reformar la Constitución por vía tutela. Muy grave, creo yo.

Andrés Sepúlveda señaló que la Contraloría ha hecho varias convocatorias para contratar ‘hackers’; Ramiro Bejarano denunció que la Contraloría interceptó sus comunicaciones; en la investigación de Saludcoop se reportaron copias espejo e indagaciones supuestamente irregulares... son muchos señalamientos en un mismo sentido, ¿no cree?

En la Contraloría se hacen copias binarias o copias espejo de los sujetos vigilados. Se seguirán haciendo. No hay ninguna razón para que llegue un auditor y tenga que escribir a mano lo que ve en una pantalla de un computador. Sobre el señor Sepúlveda: me importa un comino lo que diga. Nunca lo conocí, no sé qué come, nunca he tenido contacto con él... Y el señor Ramiro Bejarano, bueno, dice que denunció con base en unas fuentes muy creíbles, llevamos tres años en esta odisea y no ha sacado una sola prueba. Con la Fiscalía todos los días escarbando y no ha pasado nada. Calumniar es como quitarle las plumas a una gallina: vaya y póngaselas otra vez a ver si puede.

El fiscal acaba de enviar una carta al Ministerio de Hacienda informándole que adelanta una investigación de extinción de dominio sobre el edificio que arrendó la Contraloría. ¿Qué tiene por decir?

Nosotros le alquilamos a tres entidades del sistema financiero: Fiduciaria Central, Leasing de Occidente y Banco de Occidente. Se verificó y no había, ni en la Fiscalía ni en la Embajada de Estados Unidos, algo contra Alberto Aroch (hoy investigado). De manera que si llegara a tener algún problema, era obligación del sistema financiero hacer esa verificación. Creemos que es muy importante que se hagan esas aclaraciones. Sobre Alberto Aroch teníamos una certificación que pidió su abogado, en la que se habla de un proceso, pero se dice que no hay medida cautelar sobre sus bienes. Yo estoy totalmente tranquila.

Esta Contraloría le metió el diente al tema ambiental. ¿Cuál fue su mayor logro en esa materia?

Encontramos que muchas de las viejas concesiones no tenían licencia, y la licencia es muy distinta a un plan unilateral que surge formulado por el propio licenciado, donde sencillamente informa qué es lo que considera, según su criterio, que debe hacer para atender esa obligación frente al medio ambiente. Eso definitivamente no puede ser. Aquí se tiene que presentar una propuesta y es la autoridad técnica, eficiente y comprometida con el medio ambiente la que dice si está bien o si algo falta. Toca tener una visión integral.

¿Está de acuerdo con la minería?

La explotación irreflexiva, con fines meramente extractivos y sin medir el impacto, trae consecuencias gravísimas; pero decirle “no” sin tener en cuenta la situación real tampoco es prudente. Está, por ejemplo, el tema de la Drummond: ya la Corte dijo que el carbón contamina y hace daño a la salud y se viene planteando que quien causa un daño lo repara. En el Cesar se hizo todo un estudio de cómo la minería a cielo abierto estaba contaminando las aguas sin tener previsto un tratamiento a posteriori. En Cerro Matoso hicimos observaciones tanto sobre el tema de regalías como en el tema de manejo ambiental. No tienen licencia. Sobre eso ya se pronunciará la Corte Constitucional, pero la jurisprudencia dice que sí deben sacar la licencia.

¿Usted cree que Edgardo Maya va a ser independiente?

Sí, Maya no es una persona de sorpresas, el país lo conoció ocho años en la Procuraduría, y creo que funcionó en esa entidad correctamente, respetando los cánones constitucionales y adoptando las decisiones que tocaba adoptar. Yo creo que Maya es una persona ya probada en estas lides, muy madura, respetada por todos, y eso le sienta bien a la Contraloría.

En general, ¿qué balance hace de su gestión?

¿Qué les dejamos nosotros? Auditorías en tiempo real, así como un uso prolijo y pertinente de las advertencias con las que se evitó, entre otras cosas, que los ministros incurrieran en errores y fueran investigados. Se deja el trabajo de evaluación de la política pública. Queda el seguimiento en tiempo real a la ejecución presupuestal. Logramos que efectivamente se recuperaran más de $1,5 billones de recursos y las viejas regalías, $179.000 millones, todos procesos culminados. Y una cosa que la Rama Judicial no pudo hacer: el expediente electrónico.

 

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