"Me provocaba acabar con mi vida"

Mariela Contreras Cruz es una falsa víctima de Mapiripán, como ella misma lo confesó. Pero es una víctima verdadera de la violencia.

Colombia conmemora los 15 años de la brutal masacre de Mapiripán, en la que un comando paramilitar, con lista en mano, torturó, asesinó y echó al río a campesinos que señalaban de guerrilleros. Mariela Contreras Cruz no es, como ella misma se lo admitió a la justicia, una de las víctimas de ese cruento episodio.

Pero doña Mariela, 61 años, sí es una víctima del conflicto colombiano. De la primera vez que quedó viuda no habla; de la segunda relata que las Farc le pasaron cuenta de cobro a su esposo por haber sido sargento del Ejército, lo tildaron de “sapo” y, excusados en esa etiqueta, lo mataron. Salió un día de su finca a matricular a uno de sus seis hijos al colegio, y al regresar no lo encontró. Nunca más lo vio. Corría el año 1996 Gustavo Caicedo, su esposo, era raspachín. Lo sabía también el Gobierno -que ante la Corte Interamericana alegó que ella no tenía derecho a recibir dineros por concepto de lucro cesante teniendo en cuenta la ilegalidad de la actividad que él hacía-. Le extrañó encontrar la finca revuelta, como si la hubieran esculcado. Se le hizo más raro aún encontrar las botas nuevas y el sombrero bueno en la entrada de la casa. Pero doña Mariela pensó que su marido se había ido a alguna finca a raspar hoja de coca.
Cuando su marido se desapareció cogió tres de sus 14 cerdos, montó un colchón y lo que le cupo sobre el lomo de una mula y se fue con su familia de El Rincón del Indio para El Anzuelo, ambas poblaciones localizadas en zona rural de Mapiripán. En El Anzuelo la recibió un requerimiento de la guerrilla para asistir a una reunión. Ella dijo que no, pero nadie le preguntó si acaso quería presentarse. No era una invitación sino una orden.

Obligada como llegó, fue esa reunión el momento en que se enteró de la suerte que había corrido su esposo Gustavo. “Aquí al basuquero, al violador y al sapo no se le perdona la vida”, le dijo un insurgente vestido de civil. Lo creían auxiliador del Ejército porque había sido cabo. Su hijo menor, también de nombre Gustavo, escuchó cada una de esas palabras, las masticó y se desmayó.

Además, su hijo Hugo –uno de los que figura en la sentencia de la Corte Interamericana como víctima de la masacre– no aparecía. Su hijo Diego –también en la lista de la Corte, que había sido avalada por la Fiscalía colombiana– quiso irse a Villavicencio, pero en el camino lo bajaron los paramilitares del bus y se lo llevaron. “Y ahí fue donde empezó mi calvario a buscarlos y nadie me daba razón de ellos”, recuerda doña Mariela.

Ella nació en San Martín, un municipio del Meta que ha visto por sus calles el tránsito de los guerrilleros tanto como el de los paramilitares. Aprendió “a leer y a firmar”, pero en el colegio no pasó de primero primaria. No era la formación sino el instinto o la necesidad la que la guiaba en esos tiempos aciagos, donde veía cómo su familia se fragmentaba cada vez más.

“Como desaparecieron en unas veredas de Mapiripán yo pensé que era igual y por eso mentí al indicar que desaparecieron en la masacre. Si yo le hice mal a alguien que me disculpen y que me perdonen por el error”, le dijo a la Fiscalía el 11 de enero de este año. De su hijo Diego nunca volvió a saber. Hugo, ya la habían enterado, se había ido a hacer parte de las filas guerrilleras.

Salió de El Anzuelo huyendo de la violencia paramilitar, cuando los paramilitares llegaron al caserío y “le metieron candela”. Llegó a Bogotá a vivir en “una casita de lata”, alimentándose de la comida que alcanzaba a rescatar en Corabastos o de limosnas. “Me provocaba acabar con mi vida”. Un día salió de casa y, al regresar, se encontró con que otro de sus hijos, Asdrúbal, se había ido a la guerrilla determinado a encontrar a su hermano Hugo.

Asdrúbal, para ese entonces, figuraba ya como uno de los que sería indemnizado por la masacre de Mapiripán. De acuerdo con el relato de doña Mariela, una abogada del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo le dijo que trajera a su hijo del monte para que reclamara la plata, $220 millones. Así lo hizo doña Mariela. “Con eso fue que compró la casa en Bogotá”, contó ella, y Asdrúbal volvió a la guerrilla.

Hacia septiembre de 2008 alguien le avisó que Hugo estaba en una finca con la intención de dejar las armas. Doña Mariela, que había comprado una camioneta con la plata de la indemnización, pisó el acelerador y se fue el lugar donde, según le habían dicho, estaba su hijo.

De acuerdo con su versión, de regreso en Bogotá ella se dirigió con Hugo a la oficina del Colectivo de Abogados, donde se reunió con un abogado que se enojó con ella cuando ella le dijo que Hugo había hablado con el Ejército. Ese abogado, además, le dijo que no fuera a poner nada a nombre de Hugo. Los miembros del Colectivo, sin embargo, sostienen enfáticamente que tal reunión nunca ocurrió y que ella, tal como había testificado antes en la Fiscalía y en la Corte Interamericana, siempre se declaró víctima de la masacre de Mapiripán.

“Les pedí perdón al Colectivo y al Gobierno”, aseveró doña Mariela en la última declaración que le dio a la Fiscalía, el 14 de mayo pasado. Ella cuenta que fue María Bustos, una habitante de Mapiripán, la que la indujo a decir tantas mentiras. María Bustos –que no figura en la lista de indemnizados de la Corte Interamericana– vive hoy en Canadá con su padre, asilados ambos. La Fiscalía indaga si Bustos se convirtió en una especie de ‘reclutadora’ de falsas víctimas.

“Mi único error fue haberle creído a esa señora, a María Bustos”, repite. Hoy se encuentra en el Programa de Protección de Víctimas, mientras la Fiscalía investiga además cómo fue que uno de sus yernos, Manuel Arévalo, resultó también en la lista de muertos o desaparecidos de la masacre. Se siente segura pero con el corazón roto: aparte del proceso penal que puede enfrentar por haber defraudado al Estado, su familia dejó de hablarle por cuenta de esta cadena de desaciertos.