La meca de los 'narcobienes'

A la mayoría de los 5.167 inmuebles que el Estado les incautó a los narcos en el Valle les aparecieron nuevos dueños. Se trata de avivatos que se las arreglan para venderlas a incautos. Panorama de un inventario caliente.

La hacienda El Imperio, ubicada en el corregimiento de Potrerito, Jamundí. / Fotos: Fabio Posada

Una inusual medida de seguridad tuvo que tomar la Sociedad de Activos Especiales (SAE) hace un par de semanas en Cali: publicó un aviso en la prensa con el fin de advertir que “personas inescrupulosas se encuentran haciendo uso del nombre de la entidad y sus funcionarios para ofrecer en venta o arrendamiento inmuebles que se encuentran bajo nuestra administración, sin que medie autorización”.

La SAE es la entidad que desde el 30 de septiembre reemplazó a la liquidada Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) y que desde ese día se encarga del manejo administrativo de los 40.379 bienes que, según el último reporte publicado en julio de 2014, el Estado les ha quitado a los carteles de narcotraficantes por toda Colombia durante los últimos 20 años.

Aunque el aviso no lo dice, lo que está pasando es un secreto a voces en la capital del Valle. “Aquí hay organizaciones criminales que ven una casa desocupada o un lote vacío y se lo venden con engaños a personas incautas, incluso a través de inmobiliarias fantasma”, asegura Élmer Montaña, exfiscal y abogado penalista que a través de la fundación Defensa de Inocentes ha recogido algunas denuncias.

Según Montaña, estas bandas no sólo estafan a la gente vendiendo o alquilando propiedades. “Tengo clientes que de un día para otro aparecen con líos judiciales. Los acusan de haber comprado y vendido un inmueble, pero cuando investigamos son estas bandas las que han falsificado su cédula y su firma para acreditar una tradición a los bienes con que después realizan sus tumbadas”, explica.

Para el penalista, incluso las notarías tienen algún grado de responsabilidad “por la falta de control al legalizar las escrituras de compraventa y los contratos de arrendamiento, entre otros trámites”.

- ¿Nueva administración, mismos problemas?

Carlos Iván Villegas, presidente de la Central de Inversiones del Estado (Cisa) y quien está encargado de la SAE a nivel nacional, dijo en su momento a medios locales que la misión de esa entidad en un principio sería “estudiar y depurar las bases de datos que entregó la DNE, luego de lo cual podremos saber las cantidades recibidas y el estado de cada bien para calcular los avalúos según cada caso”.

Y ante la probabilidad de que antiguos narcos o sus familiares y testaferros intentaran recuperar algunas propiedades con amenazas o sobornos, Villegas aclaró que “la respuesta es responsabilidad de la Fuerza Pública, ya sea la Policía o eventualmente el Ejército Nacional”.

Pese al empeño del funcionario, apenas un mes después de que la SAE recibiera los inventarios de la malograda DNE han comenzado las dificultades para la nueva entidad, adscrita al Ministerio de Hacienda. De ahí al aviso publicado.

Y es que la situación en Cali es más compleja que en otras partes del país, pues en su área urbana se ubica el 22% de los inmuebles incautados a los narcotraficantes, 5.167 propiedades cuya extensión se compara a la de tres de los barrios más tradicionales del norte de esa ciudad, Santa Mónica, San Vicente y La Flora, donde viven unas 20.000 personas, según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Más allá del impacto social que significa tener un inventario de tal magnitud concentrado en un sola urbe, donde al 76,5% de los bienes no se les ha definido su situación pues aún se encuentran en proceso de extinción de dominio y por lo tanto sus antiguos dueños, sus familiares o sus testaferros pueden intentar conservarlos por vías legales o de hecho, la presión sobre quien administra dichos bienes tiene relación con el valor comercial de las propiedades: una fortuna cercana a los $2 billones, según cálculos de la Contraloría General divulgados en mayo de 2014.

Por apoderarse de este “tesoro” es que en Cali bandas del crimen organizado, así como estructuras rezagadas de los antiguos carteles de las drogas, usan toda clase de engaños, como denuncia el abogado Montaña, o se enfrentan a sangre y fuego, como muestran algunos de los asesinatos registrados este año.

Pero los líos con estas propiedades no son nuevos. Al menos así lo afirma Gustavo Jaramillo, gerente de la Lonja de Propiedad Raíz de Cali, entidad que lleva más de doce años administrando 1.200 bienes incautados al narcotráfico y que es modelo a nivel nacional por su alta eficacia.

“Estos no son bienes de la Iglesia católica. Son muy difíciles de manejar debido a los problemas jurídicos y de orden público que tienen por cuanto las personas que se hacen llamar propietarios o que habitan dichos predios amenazan de muerte a nuestros funcionarios”, dice Jaramillo.

El gerente de la Lonja está convencido de que las dificultades arrastradas por la mayor parte de estos inmuebles afectan el mercado inmobiliario de la capital del Valle. “Existen cientos de propiedades que tienen un alto grado de improductividad, que se encuentran abandonadas, que son muy costosas y no se pueden alquilar al valor del mercado o que están completamente destruidas, y arreglarlas cuesta mucho; otras se quedaron en obra gris. Ese tipo de bienes dejan de pagar impuestos y servicios públicos al Estado, entre otros gastos básicos que no pueden ser cubiertos porque el predio no produce nada”, señala.

Jaramillo explica que esta es la razón de los problemas de muchos edificios y unidades residenciales en Cali: “Son copropiedades que tienen varios inmuebles en extinción de dominio y nadie se hace cargo de pagar sus cuotas de administración, generando una recarga para los demás propietarios que deben asumir el hueco que dejan”.

Buena parte de este inventario “caliente” está amenazado por la ruina, ya que no existen recursos para su mantenimiento ni para contratar abogados que saquen a los ocupantes que los invaden.

Y aunque Jaramillo considera que no es prudente hacer un balance de la SAE como nuevo administrador de esos inmuebles, porque no ha pasado el tiempo suficiente, “por lo cual no podría decir si es mejor o peor que la liquidada DNE”, se aventura a dar una proyección: “Si al menos logra acabar con los escándalos que durante muchos años afectaron la antigua entidad, ya será una ganancia”.