Medicina Legal y organizaciones firman convenio para buscar a los desaparecidos del conflicto

El pacto entre las instituciones hace parte de lo que se acordó entre el Gobierno y las Farc en la Habana. Pretenden que el plan esté marchando en menos de cinco años.

En Colombia seis de cada diez personas desaparecidas lo fueron entre 1996 y 2005. EFE

El 17 de octubre de 2015 los miembros de los equipos negociadores del Gobierno y las Farc emitieron un comunicado conjunto en el que se contempló que "(...) la mesa, en coordinación con el Instituto de Medicina Legal y CICR, podrá solicitar otros apoyos de organizaciones o instituciones especializadas para adelantar el proceso de búsqueda, ubicación, identificación, y entrega digna de los restos de personas dadas por desaparecidas".

A raíz de ese pronunciamiento hecho desde La Habana, desde agosto de 2016 Medicina Legal ha encabezado la conformación de una alianza con otras cuatro instituciones para saber qué pasó con los colombianos que la guerra se tragó. En este convenio, del cual solo hasta hoy se tuvo conocimiento, participarán la Asociación de Familiares de Detenidos o Desaparecidos (Asfaddes), la Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario del Oriente y Centro de Colombia (Fundación DHOC), el Equipo Colombiano de Investigación en Conflicto y Paz (Ecicp) y el Programa de Estudios Sociales de las Transiciones Políticas de la universidad de los Andes (Pest)

Dentro de las crudas dinámicas que vivió el país en más de 50 años de conflicto, la desaparición fue una de las que más se usaron por parte de los actores del conflicto. Incluso el Estado. Según el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) “Hasta encontrarlos: el drama de la desaparición forzada en Colombia”, son más de 60.000 colombianos los que fueron desaparecidos en el marco del conflicto. La macabra cifra supera las personas desaparecidas de manera forzada que las dictaduras militares de Augusto Pinochet y Jorge Videla produjeron en Chile (40.000) y Argentina (30.000).

Las instituciones decidieron que antes de empezar con cualquier procedimiento, las partes firmarán un documento en el cual esté detallado cómo se elaborará las acciones de búsqueda, ubicación, identificación, investigación y entrega digna de restos. También en el texto quedará consignado el presupuesto que aportará cada institución y cuál será el papel de cada institución dentro de la alianza.

Asfaddes, por ejemplo, se encargará de aportar datos, estudios, informes, y demás información que aporte en conocer quiénes se encuentran o consideran desaparecidos. También aportarán su conocimiento histórico que como organización de sobrevivientes han construido a través de los años. Asfaddes contribuirá en el acompañamiento social y jurídico de las víctimas de las personas dadas por desaparecidas y en el trabajo conjunto con organizaciones y comunidades afectadas en el territorio nacional.

Medicina Legal tendrá que suministrar los datos, estudios, informes y demás información solicitada por las partes, según documento técnico aprobado y conforme con las normas y restricciones constitucionales de ese instituto. Por su parte, el DHOC se encargará de ser el puente entre las organizaciones de la sociedad civil en las regiones acordadas y las diversas entidades parte. A su vez, aportaría en la construcción de herramientas comunitarias de identificación de la problemática.

En la propuesta, la cual tendrá que estar en marcha en menos de cinco años, se estipuló que el Ecicp contribuirá en el ejercicio pedagógico e investigativo de la desaparición en Colombia y aportar en el relacionamiento comunitario. Por último, el Pest de la universidad de los Andes se le designó la construcción de una ruta metodológica y los preceptos teóricos en clara consonancia con el espíritu del convenio para el desarrollo de las investigaciones relacionadas.