Medimás responde a la Procuraduría: "El manejo de recursos es transparente"

La EPS dice que a la fecha, la red prestadora de servicios a la fecha ha sido legalizada en un 90%.

Luego de que el  Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, denuncaira que Medimás habría utilizado recursos de la salud para otros fines y advirtiera que se seguian presentado irregularidades en la prestación del servicio, la EPS emitió un comunicado en el que desestima las quejas presentadas por el jefe del Ministerio Público.

Según Medimas, "el 80% de los recursos que recibe la EPS, son tomados directamente por el Ministerio de Salud para hacer pago directo a la red prestadora de servicios, medida impuesta por la Superintendencia Nacional de Salud, por lo que tanto usuarios como la red prestadora de servicios tienen que tener la seguridad de que el manejo de recursos es transparente".

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En su denuncia, el Procurador General, Fernando Carillo, señaló que para los meses de octubre y noviembre, la Superintendencia de Salud registró 14.252 y 11.969 quejas, peticiones y solicitudes de información, respectivamente; en este sentido, Medimas señaló que "está comprometida con dar respuesta oportuna a todos los casos de atención prioritaria (SIS) que en su momento han puesto en riesgo la vida de cientos de pacientes, pero con la tranquilidad de que los hoy los tenemos resueltos a 30 de noviembre el 89% representados en 14.565 casos cerrados.".

Sobre las tutelas heredades de Cafesalud y SaludCoop, Medimas explica que ha la fecha, ha resuelto el 70% de las mismas. 

Por otra parte, Medimas reseña que "la red prestadora de servicios a la fecha ha sido legalizada en un 90%, cuenta con más de 1.330 contratos legalizados y como prueba de ello, ha entregado las respectivas copias a los entes de vigilancia, regulación y control".

En su denuncia, la Procuraduría explicó que las sanciones recientes de la Superintendencia a Medimás confirman las denuncias que hizo la entidad el pasado 13 de septiembre. La primera multa, por 1.500 salarios mínimos, tiene que ver con la atención de 3.220 pacientes vulnerables, a quienes no les garantizó el acceso a los servicios. La segunda multa, de 2.300 salarios mínimos, es por infracciones administrativas, como la no conformación de la red de servicios de salud. “La Procuraduría no esperará otros dos años de mala atención y vulneración de derechos para actuar”.