:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/ygFLcyqkOLAWLUoOPrwF3DT07B0=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/L5T6QRAMVVBU3CVNTCQ2TAXJB4.jpg)
Tras la resaca de fin de año, el país convulso vuelve siempre a los temas espinosos que terminaron inconclusos en 2018. El caso Odebrecht ha dado para todo: álgidos debates en el Congreso, el fiscal general bajo la lupa, un fiscal ad hoc que debe tomar las riendas de parte del expediente más complejo en décadas en Colombia; la renuncia del director de Medicina Legal, Carlos Eduardo Valdés, y, de colofón, la súbita muerte de uno de los testigos hace pocos días: el exsecretario de Transparencia Rafael Merchán. En diálogo con El Espectador, Jesús Albeiro Yepes, abogado del exdirector de la ANI Luis Fernando Andrade, sostiene que a este país le ha quedado grande conocer la verdad del expediente Odebrecht.
(Puede leer: "Yo estuve preso por Odebrecht")
Hace una semana trascendió la noticia de la muerte del exsecretario de Transparencia Rafael Merchán, testigo del caso Odebrecht. ¿Esa citación la pidió la defensa de Luis Fernando Andrade?
Rafael Merchán fue solicitado como testigo de la defensa, el juez ordenó su testimonio, y lo que se pretendía con su declaración era demostrar que el doctor Luis Fernando Andrade nunca tuvo intereses en favorecer a Odebrecht, tanto que cuando conoció de posibles irregularidades de esta empresa intentando cartelizarse para obtener varias concesiones, de inmediato puso en conocimiento de la Secretaría de Transparencia esos hechos. El doctor Merchán se comunicó en ese momento con el representante de Odebrecht Eleuberto Martorelli para decirle que tenía información sobre posibles actos de esa naturaleza y eso evitó que se adjudicaran nuevos negocios a la firma brasileña. Eso creó un ambiente muy tenso entre Andrade y Odebrecht.
¿Dice usted entonces que Andrade no favoreció a Odebrecht, como lo asegura la Fiscalía, sino que fue una piedra en el zapato para los brasileños?
Andrade tuvo esa información, alertó a la Secretaría de Transparencia y de manera directa confrontó a la gente de Odebrecht y eso originó, finalmente, que no se dieran las condiciones para que esa empresa, a pesar del poder económico y empresarial que tenía, ganara nuevos negocios.
¿Era tan estelar Rafael Merchán como testigo?
Todo testigo es importante, pero no deseo ni quisiera que ahora se diga que era nuestro gran testigo. No era el testigo que nos iba a sacar del infierno en el que nos ha puesto la Fiscalía, con esa cantidad de delitos que le terminaron imputando a Andrade, persona que ni ha recibido dinero ni ha causado un detrimento económico al Estado, no obstante que detrás de los actos de la Ruta del Sol y Odebrecht se sabe que se movieron millones de dólares en sobornos. Hoy se habla de más de US$50 o US$60 millones, y Andrade no ha sido acusado de recibir un solo peso. Y, sin embargo, está acusado por nueve delitos. La verdad, mi cliente terminó envuelto en una telaraña de especulaciones, todo por una cena en la casa del senador Bernardo Elías.
Ustedes, además, documentaron en desarrollo del proceso que a la casa del senador Elías también iba mucha gente del alto Gobierno.
A la casa del senador Bernardo Elías, según sus propias palabras ante la Corte Suprema de Justicia, asistían distintos funcionarios del Gobierno, entre ellos el hoy fiscal general de la Nación, otros ministros y altos funcionarios, pero la presencia circunstancial del doctor Andrade en una cena en la que estuvo el señor Martorelli se ha convertido en su propio cadalso. Esa es la verdad.
¿Qué opinión le merece lo ocurrido con el testigo Merchán?
Es un elemento adicional que dificulta el ejercicio de nuestra defensa, pero nosotros no queremos hacer ningún tipo de especulación sobre las circunstancias y las causas de la muerte. Lamentamos mucho su muerte y tenemos que decir que todos los días esto se hace más difícil para nosotros.
Jesús Albeiro Yepes, abogado de Luis Fernando Andrade. / Archivo
Sin embargo, entiendo que ustedes sí tienen muchas reservas sobre las investigaciones de las muertes del testigo Jorge Pizano y su hijo Alejandro.
Una de las razonas por las que se debe evitar cualquier especulación en el caso del doctor Merchán es para evitar que eso se homologue a las circunstancias de la muerte del doctor Jorge Enrique Pizano y su querido hijo, porque pensamos que allí los hechos sí son muy graves y ameritan una investigación independiente. La renuncia del doctor Carlos Valdés ha dejado en evidencia una vez más que fue un error que Medicina Legal dependiera de la Fiscalía. Medicina Legal es una entidad técnica y científica, donde el rigor y la ciencia se tienen que imponer, y pensamos que no está bien que su director esté sentado en la mesa de los fiscales delegados y del fiscal general, y menos en casos donde se pretende investigar la muerte del doctor Jorge Pizano, donde existen muchas preguntas sin respuesta. Si Colombia quiere que se conozca a fondo el tema de la Ruta del Sol y de Odebrecht, la justicia debe garantizar investigaciones independientes.
En ese contexto, ¿quedó satisfecho con el proceso y la elección del fiscal “ad hoc” para el caso Odebrecht?
La Corte Suprema no terminó de aclarar cómo es que ese fiscal ad hoc va a ejercer sus funciones. Porque un fiscal ad hoc que tiene que trabajar con fiscales e investigadores que él no nombra y que solo va a tener una parte de los casos, crea una entidad amorfa. No es claro cómo va a operar y, en consecuencia, la garantía de una verdad en este tema sigue en entredicho. No es este fiscal ad hoc el que pueda ofrecer una verdad sobre los hechos que tanto reclama Colombia.
Si lo interpreto bien, ¿la elección del fiscal “ad hoc”, más que brindar una figura con garantías, terminó fue atornillando al fiscal general?
Lo que tenemos es una sucesión de hechos en el tiempo que, en vez de solucionar a tiempo las cosas, las siguen agravando. Si oportunamente las juntas directivas de las empresas de la Ruta del Sol, entre ellas Corficolombiana, hubiesen cumplido con sus deberes, se habría evitado todo este desangre institucional y costo económico. Si en el tiempo se hubiese denunciado lo que ocurría, en vez de hacer acuerdos de confidencialidad, también se habría evitado. Si oportunamente se hubiesen conocido los impedimentos del fiscal y su pasado como abogado de Odebrecht y del grupo Aval, pues también nos habríamos evitado este drama. Pero, como vemos, históricamente las cosas no solo no se han venido aclarando, sino que, al contrario, se enturbian cada día. Es como si este país no fuese capaz de poner punto final a un problema. Esto es un cáncer que se está tratando con aspirina.
(Vea: "Mi intención es continuar compareciendo ante la justicia": Andrade")
¿Qué opinión le merece que el fiscal “ad hoc” Leonardo Espinosa no sea penalista?
El fiscal ad hoc es un profesional que no puede sino recibir nuestro respeto. Pero, por supuesto, tratándose de un cargo que es para investigar un tema específico, lo ideal y deseable es un penalista, porque además en Colombia estamos todavía implementando un sistema acusatorio cuyas prácticas y protocolos exigen un conocimiento muy específico. En esa medida es desafortunado que el fiscal ad hoc no sea penalista. Luego, esto no es más que un problema más.
¿Y qué opina de que Leonardo Espinosa, tal como lo reveló la periodista María Jimena Duzán, le hubiera dado un contrato en el pasado al hoy fiscal, Néstor Humberto Martínez?
El doctor Espinosa debió poner en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia ese hecho antes de su elección. No haberlo informado es una manera de faltar al deber que tenía como aspirante. En Colombia los abogados nos hemos dedicado a buscar las causales de los impedimentos o conflictos de interés en los incisos, y esos impedimentos están es en el alma humana. Todo funcionario o particular que sepa o esté advertido de algún conflicto de interés no debería estar buscando si hay un inciso en una norma que dé cuenta de eso, simplemente debe ponerlo de presente y apartarse. El valor de la justicia es ante todo un valor de confianza, de certeza, de seguridad de que esa persona que va a administrar justicia no está contaminada por ningún interés. Aquí en Colombia, en cambio, se ha generado una práctica leguleya de buscar en los incisos las causales. No, los administradores de justicia deben buscar es en su alma si están o no en condiciones de garantizar la justicia que la comunidad está esperando.
El señor Luis Fernando Andrade salió hace varias semanas para Estados Unidos. Un juez determinó su libertad y, por tanto, no tiene hoy ninguna restricción. Pero muchos se preguntan si regresará a Colombia a encarar las audiencias de su juicio. ¿Lo hará?
Luis Fernando Andrade tiene claro su deseo y voluntad de comparecer a cada una de las audiencias, además de que la defensa técnica y material necesita de su presencia. Pero el asunto es si están dadas las condiciones para que él comparezca en términos de seguridad física y en términos de que pueda ejercer sin interferencias su derecho a la defensa. Él no está obligado a ser mártir de su causa y por eso hemos solicitado que se nos ofrezcan las condiciones para comparecer al juicio porque, además de que hemos denunciado que este caso es una persecución desmedida, el doctor Andrade ha sido señalado por el fiscal general como un conspirador en su contra. Ha sido rotulado como un enemigo, lo que ya no lo hace un procesado o acusado sino un rehén de una causa. Y si además el juez del caso asegura que está siendo materia de hostigamiento, entonces se ha erosionado toda posibilidad de un juicio justo o un juego limpio.
El juicio de Luis Fernando Andrade comenzará a finales de enero. / Archivo
Pero no me respondió si el señor Andrade iba a regresar o no.
Él quiere estar en su juicio y la defensa lo necesita, pero en mi opinión no creo que estén dadas las condiciones, aunque todo dependerá del doctor Andrade.
¿Pero cómo cree que la gente interpretará que no regrese al país?
A Andrade la Fiscalía pidió detenerlo, entre otras razones, porque acudió a la prensa a dar sus explicaciones. El organismo consideró eso como una posible obstrucción a la justicia. Y en otra audiencia le pidió al juez del caso que le prohibiera dar cualquier versión a los medios. Y como si eso fuera poco, después llegaron funcionarios del INPEC a su casa para impedirle dar una entrevista a la prensa extranjera. Además, en el gran debate en el Congreso, a la prensa que ha denunciado y que ha puesto en evidencia todos estos hechos también se la señaló de conspiradora. Entonces tenemos un sistema de justicia realmente obstruido y un sistema público de información también amenazado. Yo les pregunto a los ciudadanos: ¿puede alguien vivir en una comunidad y decir que tiene condiciones para defenderse cuando ni el juez que juzga ni el periodista que investiga pueden ejercer libremente sus trabajos? Andrade quiere defender su inocencia, de cara a su comunidad, y está pidiendo condiciones. Es un asunto de seguridad. A raíz del debate la esposa del doctor Andrade se tuvo que ir del país, y sus hijos y su madre también.