:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/GR_F7lszvSdf4173316cqPrdfVE=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/CGAS7J3KTFDGNANY35KFKWTZ3A.jpg)
Una elección crucial estará a cargo de las altas cortes. Antes del 5 de diciembre de 2019 deberá estar lista la selección de la persona que reemplazará en el cargo a Juan Carlos Galindo como Registrador Nacional del Estado Civil. La competencia por uno de los cargos más codiciados del país iniciará el próximo 30 de junio y tendrá un elemento diferente esta vez: los candidatos que sean admitidos deberán pasar una prueba de conocimientos específicos, cuyas preguntas las realizarán los presidentes del Consejo de Estado, la Corte Suprema y la Corte Constitucional.
El cambio de las reglas de juego se explica porque, en 2015, se hizo una modificación a la Constitución diciendo que todos los concursos para la elección de servidores públicos tienen que hacerse por convocatoria pública, con equidad de género y criterios de mérito, entre otros. Ese punto esencial, el mérito, no estaba previsto en un acuerdo de 2007 que era el que usaban las altas Cortes para hacer la elección del Registrador. Y es clave porque, como se sabe, el registrador es el encargado, entre otros, de organizar y dirigir los procesos de elecciones de alcaldes, gobernadores, congresistas y el mismo presidente de la República.
(Le puede interesar: Examen de conocimientos, entre los nuevos requisitos para el próximo registrador)
Esas labores implican toda la parte logística y de contratación. Pero también se encarga de los asuntos sobre la identificación de todos los colombianos y la expedición de las tarjetas de identidad y cédulas. En palabras de la presidenta del Consejo de Estado, Lucy Jeanette Bermúdez, es “un funcionario de gran importancia para el sostenimiento de la democracia”. El concurso que se aplicará de acá en adelante tiene un puntaje de mil puntos y tendrá tres etapas: admisión, selección y clasificación. En primer lugar, se podrán inscribirse abogados que sean colombianos de nacimiento, que no tengan condenas penales, salvo por delitos políticos o culposos; que no hayan ejercido cargos directivos en partidos políticos al menos un año antes.
Un cambio importante, es que se exige ahora una experiencia de 15 años en la Rama Judicial, el Ministerio Público o en su profesión, sin falta alguna y sin que haya llegado a la edad de retiro. Este punto es clave, pues, según la Constitución, quien quiera ser registrador tiene que tener la misma experiencia que un magistrado de alta corte que, hasta 2015, era de diez años, pero eso cambió con una reforma constitucional. Una vez haya un listado de personas admitidas, se buscará averiguar si cuentan con la idoneidad para ocupar el cargo con una prueba de conocimiento que elaborarán los presidentes de las Cortes, con auxilio de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Y otra de competencias, con apoyo al Departamento Administrativo de la Función Pública.
::El choque entre Registraduría y CNE por el regreso de requisito de firma y huella para votar::
Cada prueba valdrá el 25 % sobre el puntaje total, es decir que el 50 % del proceso está basado en un examen. Luego, se hará una revisión exhaustiva de la hoja de vida que vale 20 % (200 puntos), en donde tendrá más peso la formación profesional, la autoría de obras y la docencia. Todo finaliza con una entrevista, que vale 300 puntos, 30 %, a la que pasaran solo las personas que hayan conseguido como mínimo 500 puntos. Preguntada sobre si este procedimiento estaría privilegiando a exmagistrados de las altas cortes o ciertas personas, la magistrada Bermúdez, negó esa posibilidad.
“No, absolutamente no. La idea es que el resultado que se obtenga del trámite sea el que corresponde a una evaluación objetiva. Los requisitos los define la Constitución, los puntajes adicionales están determinados. Experiencia y formación tiene un máximo de 90 puntos. Todas las pruebas tienen peso, pero el de mayor es la prueba de conocimiento y competencias”, señaló. Sobre todo este asunto, El Espectador consultó a las presidentas del Consejo de Estado, magistrada Lucy Jeanette Bermúdez; y de la Corte Constitucional, Gloria Ortiz. Y al presidente de la Corte Suprema, magistrado Álvaro Fernando García.
¿De qué sirve modificar las reglas para elegir registrador?
Lucy Jeanette Bermúdez: Para evaluar de manera más técnica y objetiva al mejor ser humano y profesional para ocupar tan alta dignidad en el estado de derecho en el que resulta de tanta importancia el sostenimiento de nuestro sistema democrático, pero también el sistema de registro civil y el de identificación de las personas.
Gloria Ortiz: Las modificaciones sirven para ajustar los nuevos requisitos para el concurso del registrador, que corresponden a los cambios constitucionales y legales que sucedieron con posterioridad al acuerdo de 2007 (el procedimiento anterior). Las normas buscan priorizar el mérito como principal forma de ingreso a los cargos públicos y busca prioriza la experiencia. Sirven para que más personas puedan tener más oportunidades de acceder al cargo. Cuando el factor determinante es el conocimiento y las capacidades de las personas, ponemos en igualdad de condiciones a todos los aspirantes.
Álvaro Fernando García: Ante todo para fortalecer la garantía de elegir a la persona más estructurada, competente, idónea y capaz de organizar y dirigir profesional e imparcialmente las elecciones, uno de los pilares fundamentales de nuestra democracia. Pero también para ajustar el procedimiento a disposiciones incorporadas al ordenamiento jurídico después de la elección del actual registrador.
¿Por qué decidieron modificar las reglas?
G.O.: Porque es nuestro deber constitucional. Si el acuerdo de 2007 no tenía en cuenta las nuevas reglas fijadas por la Constitución, reformada en el 2015, pues el concurso se caería. Lo hicimos porque para nosotros, en las cortes, es importante generar transparencia y confianza en el proceso de selección de servidores públicos. No es que fueran normas “malas”, es que eran distintas. Antes se pedía un concurso de convocatoria solamente, ahora la Constitución exige que sea de méritos.
L.J.B.: Resultaba obligatorio hacerlo, pues el acto legislativo 02 de 2015 modificó el requisito de experiencia profesional de 10 a 15 años y determinó los criterios a tener en cuenta para la convocatoria, por lo que se hacía necesario armonizar el reglamento con esta norma. Y porque consideramos muy importante para valorar el mérito, la aplicación de pruebas de conocimientos y aptitudes que evalúen las capacidades intelectuales y personales de los candidatos. Las anteriores estaban hechas bajo un marco normativo diferente y, por ende, tenía que actualizarse.
A.G.: Con la actualización de las reglas, dimos el paso definitivo hacia un auténtico concurso de méritos para escoger Registrador. Por primera vez, los aspirantes a este alto cargo se someterán a pruebas objetivas de conocimiento y competencias. Si no superan el examen de conocimiento, no podrán presentar el de competencias; y sin el cumplimiento de esta fase, pierden la posibilidad de continuar en el proceso. A partir de las experiencias anteriores, que han sido acertadas en su momento, con la incorporación de nuevos y más rigurosos criterios objetivos de mérito, blindamos el procedimiento de elección.
¿Qué hace que esta elección sea tan sensible?
L.J.B:. Las responsabilidades del Registrador Nacional como el manejo de tan alto presupuesto y la posibilidad de generar tanta contratación de bienes y servicios conducen a que todos los interesados en el tema electoral y en las otras dos funciones misionales asignadas, estén siempre atentos. Eso está muy bien, porque se trata de funciones y misiones esenciales y de total impacto en todos los seres que habitamos este territorio y de los nacionales que están fuera del mismo, pero también al orbe entero por cuanto de la calidad y fortaleza de una democracia depende su relación con todos los demás estados.
G.O.: Como todas las elecciones de cargos tan importantes para la democracia, el Registrador es un garante de la democracia, de la transparencia, de la igualdad y de la moralidad en la democracia. La persona que llegue al cargo tiene que ser, no solo con conocimientos, sino con una integridad a toda prueba.
A.G.: Aunque su papel sea de los más discretos, el registrador es uno de los protagonistas centrales del desempeño institucional democrático. Debe ser un profesional con una clara visión de Estado, cuya figura íntegra, en calidades humanas y capacidad de ejecución, sea prenda de garantía para la sociedad en general y, en particular, para todos actores y sectores políticos del país.
¿Han pensado modificar las reglas para elecciones de otros funcionarios?
L.J.B:. A los presidentes de estas corporaciones dentro del sistema electoral solamente nos compete ocuparnos de las reglas que rigen el concurso de registrador nacional del estado civil y por ello nos limitamos a esta función.
G.O.: En la Corte Constitucional elegimos además solo un cargo del Consejo Superior de la Judicatura y también hacemos procesos de selección parecidos. Las otras elecciones están regidas por otras normas y no podemos cambiar lo que está regulado de manera distinta.
A.G.: Los cambios sociales demandan en todo tiempo modificar la dinámica de las instituciones. La elección de funcionarios es una de las primeras llamadas a evolucionar. Entonces, la respuesta inequívoca es sí, en la medida en que nuestras facultades legales y constitucionales lo permitan. Como lo contempla la Carta Política, viene la transformación de la elección de funcionarios en publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad de género y, como el caso de registrador, en criterios de méritos.