Este miércoles se inicia el traslado de la Contraloría

Ya se alistan las primeras cajas con expedientes, documentos y computadores para su mudanza a la antigua sede del Minjusticia.

Sin importar la decisión que tome la jueza primera de ejecución de penas de Bogotá frente a la tutela interpuesta por el sindicato de la Contraloría (Asocontrol) –quienes buscan que se les otorgue un plazo de 4 meses para conseguir una nueva sede para el organismo de control fiscal–, el contralor general Edgardo Maya ordenó que desde este miércoles comience la mudanza a la antigua sede del Ministerio de Justicia, ubicada en el centro de la capital. Además, se conoció que para el final de la semana ya se tendrán todos los contratos de arrendamiento temporales para que el funcionamiento de la Contraloría no se vea afectado.

A pesar de que en un principio la jueza negó decretar medidas cautelares para frenar la salida de la Contraloría de las oficinas del centro comercial Gran Estación, aún no se ha tomado una decisión de fondo. La funcionaria tendrá 10 días para evaluar las peticiones de Asocontrol, que advirtió que con la mudanza de sede se les estaban afectando los derechos a la salud, el mínimo vital y al trabajo a los funcionarios. Sin embargo, el contralor Maya no esperará a un fallo porque las medidas se habrían requerido para el 31 de diciembre, día en que terminaba el contrato pactado entre la firma arrendataria Proyectos y Desarrollo Uno S.A. y la excontralora Sandra Morelli.

Por tal motivo, Maya buscó todas las salidas posibles y, tras un análisis que realizó una comisión de arquitectos enviada por la Contraloría, decidió que temporalmente la cúpula del organismo de control se trasladaría al edificio donde funcionaba el Ministerio de Justicia. Por ahora, ahí quedarán reubicados los despachos del contralor general, del vicecontralor, de la delegada para asuntos de Economía y Finanzas, las oficinas de Talento Humano y Jurídica, la Gerencia Administrativa y la Oficina de Comunicaciones. Sin embargo, el principal problema del lugar es que sólo hay cupo para 310 empleados, por lo que 1.900 trabajadores están a la espera de ser trasladados.

La conclusión a la que llegaron los arquitectos es que únicamente los pisos 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 pueden ser habilitados. Fuentes de la Contraloría aseguraron que se espera que al finalizar esta semana los 1.900 funcionarios –algunos realizarán sus labores mediante el teletrabajo– ya tengan una oficina digna para continuar sus labores. Aún no se ha precisado cuáles serán los otros edificios en los que funcionará la entidad, pero se estableció que estarán ubicados en el centro y el norte de Bogotá.

Otro de los grandes temores de la Contraloría era el traumatismo que se generaría al trasladar el Centro de Datos, encargado de expedir los certificados de antecedentes fiscales –que sirven para firmar contratos con el Estado– y de almacenar 16.102 expedientes electrónicos de procesos de responsabilidad fiscal. Fuentes del organismo de control manifestaron que el problema ya está solucionado. El contralor Maya firmó un convenio con una de las empresas de telecomunicaciones más importantes del país para reubicar el Data Center. El objetivo es instalar el Centro de Datos en un lugar completamente diferente al que se establezca como sede de la entidad y así evitar en un futuro que lo problemas reaparezcan.

Esta operación tendrá un costo de $22 millones de dólares y la empresa de telecomunicaciones aseguró que realizarán en el menor tiempo posible la reinstalación del Data Center con el fin de evitar que durante dos meses –como se tenía previsto– la Contraloría deje de funcionar. El contralor Maya advirtió que el organismo de control no se detendrá, y que, a pesar de no tener sedes propias, el próximo 26 de enero 1.100 funcionarios darán inicio a las 259 auditorías que se realizarán en el primer semestre para vigilar $650 billones en activos del Estado y $176 billones del presupuesto nacional.