Militares condenados por ejecuciones extrajudiciales quieren acuerdo con las Farc

Sus esposas piden que se respete el punto de justicia pactado en el Acuerdo Final, pues podría representar beneficios penales para ellos. Quieren convocar a otra manifestación en días próximos.

Esposas de militares presos se reunieron ayer en la Plaza de Bolívar de Bogotá para exigir un acuerdo con las Farc. / Mauricio Alvarado
Esposas de militares presos se reunieron ayer en la Plaza de Bolívar de Bogotá para exigir un acuerdo con las Farc. / Mauricio Alvarado

El pasado miércoles, en medio de los indígenas, los estudiantes y tantos otros que salieron a marchar exigiendo “¡Acuerdo ya!” con las Farc, había un particular grupo de 30 mujeres: eran las esposas de militares presos en guarniciones castrenses. En la Plaza de Bolívar, que se copó totalmente por segunda vez en menos de dos semanas, se unió este grupo de mujeres para pedir que se respeten los puntos que negociaron Gobierno y Farc y, sobre todo, que la Justicia Especial para la Paz se aplique a los militares, tal como estaba consignado en el Acuerdo Final.

Ellas, uniformadas con camisetas blancas y jeans, llegaron cerca de las 5:30 de la tarde a la Plaza de Bolívar y se apostaron en la esquina suroriental. Desplegaron sus pancartas, en las que se leían mensajes en favor de la libertad de sus parejas, y acapararon la atención de cadenas de televisión nacionales e internacionales que cubrían la masiva protesta. Las acompañaban hijos, madres y hermanos de los militares presos. Prendieron velas y gritaron ante las cámaras “¡Acuerdo ya!”.

Nataly Rozo, vocera de las esposas de los militares, es la cónyuge del capitán Antonio Rozo Valbuena. Él fue condenado por ejecuciones extrajudiciales, llamadas comúnmente falsos positivos. Ella, como sus compañeras, contaban con que sus maridos estarían en casa para Navidad si el Acuerdo Final con las Farc se implementaba. El acuerdo no decía que las personas que pidan la revisión de su caso pueden recobrar la libertad de inmediato, por lo cual pensar en que esos militares habrían podido volver a casa en diciembre era poco probable.

Sin embargo, el Acuerdo Final sí señalaba que los casos ya cerrados que llegaran al Tribunal Especial de Paz para su revisión podían reajustarse a su listado de sanciones. En un escenario como las ejecuciones extrajudiciales, amnistías o indultos no venían a lugar por tratarse de crímenes de lesa humanidad. El castigo, si se aceptaba la revisión del proceso en caso de que ya hubiera fallo, era privación de la libertad por hasta 8 años si se admitían responsabilidades y se contaba la verdad, un tiempo mucho menor que el impuesto por la justicia ordinaria: hasta 60 años de prisión.

El caso del capitán Rozo Valbuena es uno de los que más levanta ampolla en el Ejército. En 2011, el uniformado le contó en detalle a la Fiscalía cómo entre 2006 y 2007 el grupo antisecuestro y antiextorsión Gaula realizó decenas de falsos positivos en Córdoba y Antioquia. El uniformado le entregó al ente investigador una extensa lista de altos mandos del Ejército, como el del entonces coronel Javier Fernández Leal, de quien aseguró que en su época como comandante de la XI Brigada se cometieron varios de estos crímenes. Leal, quien fue director de la Escuela Superior de Guerra, pasó al retiro el año pasado como general y no tiene investigaciones abiertas en su contra.

Nataly Rozo asegura que con la justicia transicional se conocerá la verdad. Además de recalcar que ningún partido político -incluido el Centro Democrático- ni la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro (Acore) los representan, también le dijo a este diario que el “alivio judicial” propuesto por el senador Álvaro Uribe no los beneficia. “Están condenando a los más idiotas. No busquen aquí, busquen arriba”, le dijo en su momento el capitán Rozo a la Fiscalía. Lo mismo señalaron otras esposas de militares presos, como Sandra y Adriana, parejas del teniente (r) Gonzalo Vélez Alzate y del soldado Deimer Martínez, respectivamente, condenados a 26 y 33 años de prisión por falsos positivos.

Después de que el No ganara en el plebiscito del pasado 2 de octubre por un estrecho margen, 0,5 %, la implementación del Acuerdo Final -y claramente el punto de justicia- quedó en veremos. Hasta ahora voceros del No, como el expresidente Uribe y su colectividad, el Centro Democrático, han pedido trato diferencial para los agentes del Estado, pero en resumidas cuentas solicitaron echar al traste todo el acuerdo de justicia que se pactó en La Habana. Hace unos días, una treintena de militares presos enviaron una carta abierta al presidente Juan Manuel Santos rogándole que por ningún motivo se alterara ese aspecto.

En la misiva, firmada por 170 militares y 80 de sus familiares, los uniformados y sus esposas aseguran que la única persona que reconocen como vocero y a quien dan su apoyo incondicional es al general (r) Jorge Enrique Mora, representante de las Fuerzas Militares en la mesa de negociaciones de La Habana. Según los remitentes, fue la única persona que se acercó a los sitios de reclusión a escuchar sus inquietudes y propuestas con respecto a lo que se estaba pactando con las Farc en el tema de justicia.

Los familiares de los uniformados planean reunirse con otras personas en su misma situación para convocar a una movilización en la Plaza de Bolívar, tentativamente, el próximo martes. Los objetivos son claros: poder hablar con el presidente Santos y visibilizarse ante el país. “El futuro de nuestros familiares no puede quedar en manos ajenas”, puntualizó Rozo.