Militares condenados responden a la justicia transicional

El polémico mayor (R) César Maldonado condenado a 27 años por el atentado contra el excongresista Wilson Borja, precisó que los uniformados detenidos sí apoyan la propuesta del expresidente César Gaviria.

El tema de la justicia transicional para los miembros de las Fuerzas Armadas se ha convertido en uno de los principales ejes del debate sobre las negociaciones de paz con las Farc.  Uno de los hombres que se ha convertido en el gran promotor de que los uniformados condenados por hechos cometidos en el marco del conflicto puedan acceder a los beneficios que traería el posconflicto es el mayor (r) César Maldonado, sentenciado a 27 años de prisión por el atentado contra el excongresista Wilson Borja. Su propuesta ya llegó a la mesa de La Habana (Cuba).
 
Hace dos meses El Espectador publicó una entrevista con el oficial (r) en la que explicó cómo apoyaba la propuesta del expresidente César Gaviria de otorgarle justicia transicional a militares y civiles involucrados en el conflicto. Maldonado, quien es el director del Comité de Reconciliación, señaló que la justicia transicional era el paso de la guerra a la paz y que los soldados y policías no podían estar excluidos ni ser tratados como “manzanas podridas”, porque si bien “es cierto que delinquieron portando el uniforme, también se excedieron cumpliendo misiones militares”.
 
En una carta enviada a este diario, Maldonado rechazó los últimos pronunciamientos del senador del Centro Democrático, Alfredo Rangel, quien dijo que los militares detenidos rechazaban la justicia transnacional. Al contrario, puntualizó en que era necesario que se revisaran sus procesos. Asimismo, arremetió contra el proyecto de ley del Ministerio de Defensa que busca vincular el proceso a los uniformados condenados por hechos cometidos en el marco del conflicto, al decir que  no compartía que, mientas a los guerrilleros les prometían no pagar cárcel, a los miembros de la Fuerza Pública les dicen que les volverán a tasar una pena privativa de la libertad dependiendo de la naturaleza del delito. El Espectador reproduce el escrito del mayor (r) Maldonado sobre los últimos acontecimientos sucedidos respecto a este tema. 
 
La culpable fue la vaca
 
Por Mayor (r) Cesar Maldonado Vidales*
 
No haré referencia a posibles amistades de personas, gremios o sectores que por afecto, negocio o presiones resultaron relacionadas en las actividades ilícitas de las Farc. Esa es una verdad que tiene que conocerse para cerrar definitivamente este conflicto. Ya vendrán las oportunidades judiciales o extrajudiciales para que expliquen detalladamente al país los motivos o causas que los llevaron a integrar la solapada “combinación de todas las formas de lucha”. Intentar pasar de agache será despreciar la oportunidad única que les brindará la justicia transicional que resulte de los acuerdos de paz. 
 
Dejando de lado a las Farc, voy a centrarme  rigurosamente en la responsabilidad de los detenidos o investigados que integran el Comité de Reconciliación (militares, policías, otros agentes estatales y algunos políticos, ganaderos y empresarios), que son procesados por delitos cometidos en el marco del conflicto armado interno. En cuanto al cacareado señalamiento  de algunos qusantiae convenientemente manifiestan que se trató de una “política de Estado”, lamento desinflarlos afirmando que esto no es cierto. Pero tampoco resulta justo señalar que los militares y policías que incurrieron en conductas punibles, sean las “manzanas podridas” de las instituciones. Si bien es cierto, las violaciones a los DD.HH fueron decisiones personales, también lo es que estas ocurrieron en el cumplimiento de operaciones militares legítimas. Cosa distinta es que los miembros de la Fuerza Pública se hayan excedido, al punto, que se configuraron delitos y que precisamente por ello estén enfrentando procesos penales, pero mal hacen las instituciones al tratar de equipararlos a la delincuencia común. 
 
Lo más sano y razonable al corte de este conflicto, será revisar minuciosamente las motivaciones políticas –porque las hay- que tuvo el militar o policía para cometer el delito. Sí el guerrillero argumenta su lucha en una causa, el soldado sí que las tiene de sobra, pues basado en su juramento y convencimiento, lucha por mantener la paz y la tranquilidad de los colombianos, aún a costa de su propia vida. Siendo sensatos y objetivos, el Estado se quedó corto en la implementación de herramientas eficaces para contrarrestar la poderosa y oscura “combinación de todas las formas de lucha”. Subtenientes y Cabos recién desempacados de las escuelas de formación, encontraron que en realidad la guerra a enfrentar, era muy distinta para la que fueron preparados. El Estado con su potestad, debió enfrentar integralmente con todo su poderío la guerra de guerrillas planteada por los actores armados ilegales. Pero irresponsablemente le fue mucho más fácil delegarla en soldados respetables en el combate, pero analfabetos en las demás formas de lucha que planteaba la guerra de guerrillas. 
 
La lucha política, jurídica, económica y mediática, fueron herramientas fundamentales usadas por las guerrillas para obtener ventaja ostensible ante un Estado dedicado de lleno a la más costosa pero menos eficaz de todas las formas de lucha: la disputa armada. Desde la sexta conferencia nacional guerrillera, suceso en que las Farc le dieron vida a sus tentáculos político y jurídico, también se planteó como principal objetivo minar la voluntad de lucha del “enemigo”. Hoy,  50 años después de iniciada esta guerra contra los colombianos, muchos no logran entender aún que cuando las Farc hablan del “enemigo”, se están refiriendo al Estado. Este es el porqué de la patria boba contemporánea; enfrentamientos, persecuciones y venganzas entre las instituciones que componen el conglomerado social, en vez de aunar esfuerzos para combatir al verdadero enemigo. Una indiscutible perturbación de valores. 
 
Mandamos a militares obedientes, valientes y abnegados a enfrentar ese tentáculo combinado de formas de lucha, sin más herramientas que su iniciativa y su intuición.  Hoy,   quienes se equivocaron, los tildamos de “manzanas podridas”. Como dijo Serpa, ¡Mamola!
 
Situación similar se presentó con los civiles que tomaron bando durante el conflicto. Cierto, incurrieron en la comisión de delitos al aliarse con ilegales, pero éticamente ¿puede el Estado que los abandonó a su suerte en territorios apartados, sin más “ley” que la del monte, tratarlos peor que a sus verdugos? De  ahí la necesidad de someter a la justicia transicional a todos los actores del conflicto, incluyendo a los civiles que por razones varias los financiaron o hicieron política de su mano. 
 
Se equivoca el Senador Alfredo Rangel al decir que los militares detenidos rechazamos la justicia transicional y que peticionamos la revisión de nuestros procesos. Sería ideal, pero no en un país apolillado por la combinación de todas las formas de lucha. Los militares y policías no tuvimos garantías ni siquiera cuando el presidente  Álvaro Uribe nos aseguraba “dejen que brille la justicia, muchachos”. Venir a pedir revisión procesal en estas condiciones, además de improcedente, es una utopía. 
 
El Brigadier General encargado del tema de la Justicia Integral en el Ejército inició una gira por las cárceles militares, manifestando que el ministerio de defensa presentará un proyecto de ley de justicia transicional que contempla que los uniformados que incurrieron en delitos dentro del conflicto, purgaran una pena privativa de la libertad y que será tasada según la naturaleza del delito. Y que los guerrilleros no pagarán un día de cárcel. El argumento es más papista que el papa: “Ustedes son las manzanas podridas del Ejército”. ¡A culpar a otra vaca, mi General! 
 
*Director del Comité de Reconciliación. 
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