Militares involucrados en venta de armas traicionaron a la patria: Mindefensa

El jefe de la cartera de Defensa, Juan Carlos Pinzón, lamentó que haya miembros de las Fuerzas Armadas involucrados en venta de armamento a las Farc y bandas criminales.

El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón. / Archivo

Tras la captura de siete militares y seis civiles por supuestamente vender armas a las Farc, a bandas narcotraficantes y a delincuentes comunes, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón sostuvo que los uniformados involucrados deben ser juzgados por traición a la patria.

“En mi sentir, si alguien le está vendiendo armas al terrorismo o a los enemigos del pueblo colombiano sí merecen ese apelativo”, sostuvo el ministro en diálogo con Blu Radio, reprochando el actuar delictivito de los militares.

“Estaban precisamente en una red de tráfico de armas vendiéndole a terroristas de las Farc y a bandas criminales, estas son las cosas que uno no puede creer: que haya miembros de nuestras instituciones haciendo esto”, agregó el ministro de Defensa.

No obstante, Pinzón resaltó que "cuando se detecta corrupción, alguna situación anómala (...) por parte de miembros de la institución, se está tomando acción".

Agentes de la Fiscalía detuvieron a siete suboficiales del Ejército (seis sargentos y un soldado profesional) y a seis particulares, "que al parecer conformaban una organización dedicada al tráfico de armas, municiones y explosivos tanto para las Farc (frentes VI y X) como para la delincuencia común y las Bacrim (bandas criminales)", señaló un comunicado.

Los integrantes de las Fuerzas Armadas y los civiles fueron detenidos en las ciudades de Bogotá y Popayán, en el municipio de Puerto Berrío y en la base militar de Tolemaida, una de las más grandes del país.

"El material con el cual traficaban era sustraído de diferentes guarniciones militares" y vendido posteriormente a las Farc, así como a bandas criminales desde 2012, agregó el texto.

Por su parte, el Ejército aseguró en un comunicado que coordinó con la Fiscalía el inicio de la investigación ‘Marfil’ en 2014 para identificar a los miembros de la fuerza pública que, "utilizando sus cargos administrativos (...) emitían conceptos técnicos falsos de pérdida de material de armas, municiones y optrónicos (visores nocturnos), con el fin de darlos de baja definitiva en la Institución".

"Una vez fuera de las unidades militares, el material hurtado era almacenado en viviendas particulares donde habitaban miembros de las Farc, quienes eran los responsables de extraer el material en pequeñas cantidades y enviarlo a través de empresas de transporte público o encomienda a las áreas bases" de esa guerrilla, agregó el texto.