Los hechos se presentaron en 2007

Millonaria condena contra la Nación por crimen de concejal por parte de las Farc

Pese a las amenazas que recibió durante años las autoridades no tomaron cartas para brindarle seguridad y protección.

El primero de octubre de 2007 el Ministerio del Interior y de Justicia le envió un documento escrito al concejal de Génova (Quindio) Gustavo de Jesús Arcila Londoño en el que le pedía complementar una documentación para la solicitud de protección con el fin de ingresar al Programa de Protección de Testigos que creó el Gobierno para los alcaldes, concejales y personeros del país que se encontraran en situación de riesgo por razón de sus cargos.

Sin embargo, había un problema. El cabildante había sido asesinado una semana antes –más exactamente el 21 de septiembre- por hombres fuertemente armados cuando se encontraba en el centro del municipio de Caicedonia (Valle del Cauca). Durante tres años el concejal había denunciado ser víctima de amenazas por parte del frente 50 de las Farc e incluso dio el nombre de la persona que estaría detrás de las mismas: Robinson Ríos Marín.

En los diferentes estudios de riesgo adelantados por las autoridades consideraban que su nivel era “ordinario”, hecho por el cual le dieron recomendaciones de autoprotección. Igualmente ingresó al programa “plan padrino” de la Policía de Génova que consistía en el acompañamiento de un sargento, realización de diferentes revistas en su domicilio y sitio de trabajo, y “el continuo diálogo con el concejal sobre las medidas de seguridad que debía seguir”.

“No obstante, -como lo señala la demanda de reparación- la víctima permaneció durante dicho programa ‘sin esquema de seguridad’”. En todas sus denuncias, el concejal citaba que durante 12 años fue víctima de extorsiones por parte de las Farc, advirtiendo que la persona que cobraba el dinero era Ríos Marín, quien hacía parte de esa estructura guerrillera y luego apareció como informante del Ejército.

Después de una década Arcila Londoño tomó la decisión de no seguir pagando las extorsiones y denunciar esta actividad ilegal de la cual era víctima. Fue en ese momento que iniciaron las amenazas en contra de su integridad personal y la de sus familiares. El cabildante señalaba que detrás de estas amenazas estaba el Frente 50 de las Farc.

En el debate jurídico, el Consejo de Estado determinó que existen pruebas suficientes para verificar que entre diciembre de 2004 y enero de 2006 radicó una serie de denuncias ante la Fiscalía General para denunciar las amenazas en su contra. La Defensoría del Pueblo tomó cartas en el asunto y le pidió formalmente al Batallón de Alta Montaña No. 5 al DAS y al Ministerio de Justicia actuar para proteger la vida del cabildante.

“Durante todo el año 2006 el Ministerio del Interior y de Justicia guardó silencio frente a los pedidos de auxilio formulados por la Defensoría del Pueblo, mientras que, por su parte, el Departamento de Policía del Quindío adelantó el estudio de nivel de riesgo del concejal Ardila Londoño, evaluación que concluyó con una calificación de grado ordinario”, precisa uno de los apartes de la decisión.

El 11 de septiembre de 2007 la Defensoría del Pueblo le solicitó nuevamente al Departamento de Policía del Quindío la adopción de medidas de seguridad, sin embargo fueron pocas y tardías las respuestas de las autoridades a las que la Constitución Política les otorgó la función de proteger y brindar seguridad a todos los colombianos.

Para el Consejo de Estado las autoridades no le brindaron ningún tipo de protección al concejal pese a la magnitud del riesgo en el que se encontraba. Las denuncias que presentó fueron omitidas pese a presentar pruebas claras que demostraban que existía una amenaza en su contra no se tomaron la molestia en adelantar una investigación o un nuevo estudio sobre su seguridad.

Incluso en el proceso administrativo existe una denuncia por injuria y calumnia en contra de Robinson Ríos Marín por los señalamientos que hizo en su contra en un noticiero de televisión local. Las evidencias demuestran que existía una enemistad entre estas dos personas, la cual se recrudeció cuando Ríos acusó al concejal de tener nexos con las Farc y estar detrás del atentado a su domicilio.

“El reproche que aquí recae sobre dicho órgano gubernamental no obedece tanto a la falta de adopción de medidas cautelares –labor que, en todo caso, debió ser siquiera considerada por la autoridad estatal-, como si a la omisión absoluta y al inconmovible silencio que guardó la entidad frente a las peticiones de auxilio que le fueron presentadas desde el año 2006, las cuales no ameritaron siquiera una verificación previa de las conclusiones de seguridad o de vulnerabilidad que pudiera presentar el concejal Gustavo de Jesús Arcila Londoño”.

Considera la Sala que “a las instituciones demandadas no les habría resultado inesperado y sorpresivo el homicidio perpetrado contra el señor Gustavo de Jesús Arcila Londoño que, se insiste, era conocida para ellas y constituía un hecho notorio la situación de violencia que azotaba al norte del Valle, al Quindío y  aun en mayor medida, al municipio de Génova, además de estar plenamente informadas tales autoridades sobre las amenazas que pesaban sobre el concejal”.

Debido a esto se consideró que se presentó una falla en el servicio por parte de las autoridades puesto que para nadie era un secreto que el Frente 50 de las Farc delinquían en la zona, y mucho menos eran desconocidas las amenazas que existían contra los funcionarios públicos y representantes políticos de la región. “No se implementaron medidas de prevención y protección eficaces para proteger la vida del concejal lo que “facilitó la consumación del hecho, razón por la cual el faño resulta imputable a la Nación. Ministerio del interior y a la Policía Nacional”.

Por estos hechos la Sección Tercera del Consejo de Estado condenó a la Nación, representada por el Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Ministerio del Interior, por las omisiones que se presentaron en para brindarle protección y seguridad a Arcila Londoño. Debido a esto deberán indemnizar a la esposa por 438 millones de pesos y a su hijo de $261 millones.