Millonaria sanción para Reficar

La sección tercera del Consejo de Estado acaba de ratificar una condena en contra de la refinería de petróleos Reficar que un tribunal de arbitramiento había emitido en 2014. Si bien la decisión no tiene nada que ver con el escándalo económico que protagonizó la empresa a comienzo de este año por los supuestos sobrecostos de más de US$ 5 millones por la construcción de un puerto, esta decisión sí es una de las primeras en contra de la refinería.   

La historia del pleito comenzó en 2011 cuando la refinería contrató a la empresa Transportes Montejo Ltda para que moviera unos reactores de lugar. La cotización del trabajó se tazó en US$170.400 y en marzo de ese año la transportadora llegó a la sede de la refinería en Cartagena.

Los problemas comenzaron el primer día de trabajo. De acuerdo al testimonio de Reficar, el contratista no entregó la información necesaria sobre lo que se comprometía a realizar e impuso varios cambios en los procedimientos, maniobras, equipos y personal que le había ofrecido a la empresa. En ese momento, aseguró Reficar, la tarea de transportar los reactores japoneses –cuyo valor es de US$14 millones– fue parada por las exigencias de Transportes Montejo.

Sin embargo, la versión de la transportadora, que fue acogida por el tribunal de arbitramiento y por el mismo Consejo de Estado, es muy diferente. En primer lugar, Tranportes Montejo explicó que nunca exigieron ningún cambio en el contrato pues ni siquiera pudieron comenzar a ejecutarlo. De acuerdo con la versión que recogió el alto tribunal, cuando Transporte Montejo llegó al lugar para comenzar con su labor, Reficar dio la orden de suspender las operaciones pues dijo que la firma no contaba con la experticia necesaria para movilizar los reactores y le encargó esa tarea a un tercero. Según la contratista, la decisión de la refinería ocasionó unos sobrecostos que no fueron reconocidos.

Por eso, la empresa de transporte acudió al tribunal de arbitramiento que en 2014 que condenó a Reficar a pagar el valor de los sobrecostos. Pero la refinería no estuvo de acuerdo y apeló la decisión que llegó hasta la sección tercera del Consejo de Estado que, con una ponencia de la magistrada Stella Conto, ratificó la condena de $370 millones.