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El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, le salió al pasó a las denuncias de un supuesto nuevo capitulo de “chuzadas” ilegales, al parecer realizadas por agentes de inteligencia y ordenadas por altos mandos militares. Trujillo le solicitó al fiscal general, Fabio Espitia, y al procurador general, Fernando Carrillo, que adelanten las investigaciones correspondientes y, de concluir que sí se dieron los hechos reportados por la revista Semana, se lleve a los responsables ante la justicia.
En una rueda de prensa, el ministro Trujillo dijo que el Gobierno rechaza cualquier forma de persecución a la libertad de prensa y a la oposición. Explicó, por ejemplo, que, tras su posesión, por orden del presidente Iván Duque, se ordenó una auditoría especial a todas las labores de inteligencia y contrainteligencia del Ejército de los últimos diez años, y enfatizó en que supo de los supuestos hechos ilegales por la publicación de la revista Semana.
(Conozca aquí las denucias de un supuesto nuevo capítulo de "chuzadas")
En el informe titulado “Chuzadas sin cuartel”, la revista revela testimonios de miembros de inteligencia militar involucrados en estos hechos, quienes detallan cómo se adelantaba una operación contra políticos de oposición, periodistas y hasta oficiales por órdenes directamente impartidas desde el Comando del Ejército, sin ningún tipo de soporte legal. Entre las supuestas víctimas están la magistrada de la Corte Suprema Cristina Lombana, el exgobernador de Nariño, Camilo Romero, el senador Roy Barreras y hasta los propios periodistas de la revista. Las actividades involucran a los batallones de ciberinteligencia (Bacib) que pertenecen a las brigadas de inteligencia militar y al Batallón de Contrainteligencia de Seguridad de la Información (Bacsi), los cuales dependen orgánicamente del Comando de Apoyo de Inteligencia Militar (Caimi) y del Comando de Apoyo de Contrainteligencia Militar (Cacim).
Este lunes el ministro insistió en que, contrario a lo que señala el informe de la revista, el general Nicacio Martínez salió de la comandancia del Ejército “por las razones personales que adujo” y no porque el escándalo que hoy se conoce. A su vez, pidió respetar la presunción de inocencia de las personas que, como el general, aparecen mencionadas en el informe, así como suponer la legalidad de las actividades de intligencia que desarrolla la Fuerza Pública.
El ministro señaló que el Gobierno está muy interesado en que se llegue hasta el fondo de las denuncias. “El país lo que necesita es conocer la verdad”, dijo. Añadió que entiende “la gran preocupación que se suscita en Colombia” con este nuevo escándalo y dijo que desde el Ejecutivo la comparten. Pero también hizo un llamado a la ciudadanía a que: “Hagamos un acto de fe en las instituciones colombianas para esclarecer los hechos de este caso”.
(Uribe asegura que lo quieren involucrar en el escándalo de las chuzadas)
Sobre los equipos supuestamente utilizados para interceptar, el comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro, se refirió en concreto al equipo conocido como “Hombre Invisible”. Este software, supuestamente, permite accede hasta a comunicaciones de WhatsApp. Navarro reconoció que sí es utilizado por el Ejército. No obstante, fue adquirido el pasado 12 de noviembre y llegó a Colombia semanas después para ser puesto en servicio desde el 14 de diciembre.
Por su parte, el nuevo comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro, negó que agencias de Estados Unidos, como se denuncia en el informe, hubieran advertido de supuestas conductas ilícitas en las agencias de inteligencia. “En ningún momento”, dijo, y añadió que las agencias del país norteamericano siempre han sido sus “partners” porque reconocen la importante labor de la Fuerza Publica en la lucha contra el narcotráfico.