Mindefensa y Ejército deberán ofrecer excusas públicas por masacre de San José de Apartadó

El Consejo de Estado dejó en firme la condena contra la Nación por los hechos registrados el 21 de febrero.

La Sección Tercera del Consejo de Estado le dio validez al acuerdo de conciliación firmado entre los familiares de las víctimas de la masacre de la comunidad de Paz de San José de Apartado y el Ministerio de Defensa para cumplir la condena emitida por el Tribunal Administrativo de Medellín.

El alto tribunal señaló que “el acuerdo logrado entre las partes no es violatorio de la ley”, hecho por el cual no se atenta contra el patrimonio público “ni atenta contra el patrimonio público, como quiera que se concilió por el 100% de la condena impuesta, respecto de los perjuicios morales, materiales lucro cesante- y el daño a la vida”.

En este sentido se señala que en este caso se presentó una grave violación a los derechos humanos. Por estos hechos se acordó que el Ministerio de Defensa y la Brigada XVII del Ejército Nacional estén presentes en una ceremonia de perdón y excusas públicas a los familiares de las víctimas y a la sociedad por la masacre. En la misma deberán reconocer su participación en la misma.

En el debate jurídico la Sala señaló que existen diferentes elementos para inferir una falta en el servicio por parte de las entidades demandadas en “cuanto miembros del Ejército Nacional, en un claro desconocimiento de sus deberes legales y constitucionales, omitieron tomar medidas necesarias para proteger la vida de los habitantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó”.

Según las pruebas recolectadas, un grupo de paramilitares y militares adscritos a la Brigada XVII llegaron en la noche del 21 de febrero de 2005 a las veredas Mulata y La Resbalosa. En la acción fueron asesinadas siete integrantes de la Comunidad de Paz, un campesino y tres menores de edad.

Las pruebas establecieron que fueron torturados, asesinados y descuartizados. Algunos de sus cuerpos fueron dejados a la intemperie mientras que otros arrojados a una fosa común. Posteriormente las otras personas que hacían parte de esta comunidad se vieron forzadas a abandonar sus tierras.

En un principio el entonces presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez aseguró que estas personas tenían relación con la guerrilla de las Farc. En el fallo emitido en octubre de 2012 el Tribunal Administrativo de Antioquia condenó a la Nación por los perjuicios morales y materiales causados.

Igualmente ordenó restablecer el buen nombre de las víctimas y sus familiares en un acto de disculpas públicas por parte de un representante del Ministerio del Interior. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) le solicitó a las autoridades colombianas investigar en su momento este hecho.